Un juez del Juzgado de Letras de lo Penal en Tegucigalpa declaró auto de apertura a juicio oral y público a cuatro de los ocho acusados por el asesinato y tentativa de asesinato en perjuicio de la lideresa indígena Berta Cáceres y el ambientalista mexicano Gustavo Castro.
Los cuatro acusados que enfrentarán juicio oral y público son: Douglas Bustillo, Mariano Díaz, Sergio Rodríguez y Elvin Heriberto Rápalo.
El pasado 08 de junio, durante la audiencia preliminar, la acusación privada planteó una formalización por el delito de asociación ilícita para tres los cuatro imputados –Bustillo, Rodríguez y Díaz- vinculados directamente con la empresa Desarrollos Energéticos S.A (DESA).
“Dentro de las posibilidades que hemos tenido nosotros de ver la investigación y las diligencias que particularmente hemos hecho, sí podemos establecer una conexión de estos tres imputados al nivel de ser parte de una estructura que generó en el territorio lenca, donde pretende funcionar la hidroeléctrica “Agua Zarca”, una especie de grupos de terror para evitar la oposición al proyecto, y Elvin Rápalo resulta un ejecutor de las decisiones de esa estructura”, explica el abogado Víctor Fernández, representante legal de la familia Cáceres.
Bertha Zúniga, hija de Berta Cáceres, manifiesta que una de las principales demandas como familia es que se amplíe la imputación a asociación ilícita en la que se ven involucrados funcionarios públicos y las empresas que promueven el extractivismo: “una imputación en la que se da una perspectiva en la que este crimen y la tentativa de homicidio contra Gustavo Castro no son intereses particulares, sino que forman parte de un plan de ataque de una empresa para la que el trabajo de Berta Cáceres y COPINH era un obstáculo”.
Sin embargo, el juez con jurisdicción nacional estimó que no era procedente emitir resolución con de apertura a juicio por el delito de asociación ilícita contra el capitán retirado de las Fuerzas Armadas, Douglas Bustillo, Sergio Rodríguez, gerente técnico ambiental de la empresa DESA, y Mariano Díaz, quien ejercía labores de seguridad para dicha compañía extractivista.
“Ahora mismo, emitido el auto de apertura a juicio, a las partes notificadas nos mandan a apersonarnos en un plazo de cinco días al Tribunal de Sentencias, para que siga el curso en aquella instancia”, detalla Rodil Vásquez, integrante de la representación legal de la familia de Berta Cáceres.
En relación a la determinación del juez, Vásquez manifiesta que como defensa privada “nos vamos a mantener firmes y en el debate –Juicio- vamos a incorporar hechos y circunstancias nuevas en el caso que nos llevan a la conclusión que cabe la modificación de la imputación”.
“Ellos coordinado, planificaron, se pusieron de acuerdo, anduvieron juntos y ejecutaron juntos el asesinato de Berta, vamos a hacer valer esta pretensión en el juicio oral y público”, remarca Vásquez.
Gaspar Sánchez, integrante del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), declara que las comunidades lencas y la organización están demandando que el Ministerio Público dirija sus investigaciones a los autores intelectuales del asesinato contra Berta Cáceres: “sabemos que la familia Atala, David Castillo, el presidente Juan Orlando Hernández y el ministro de Seguridad, Julián Pacheco, tiene que ver en este asesinato”.
“El ministro porque él era responsable de cuidar y proteger la vida de ella, Juan Orlando Hernández por haber entregado el Río Gualcarque sin consultar a las comunidades, por eso vamos a seguir demandando justicia y que el gobierno acepte una comisión internacional independiente para garantizar mayor seguridad en la investigación”, manifiesta Gaspar.
Las autoridades de los Juzgados de lo Penal en Tegucigalpa informaron que siguen a la espera de la solicitud del Misterio Público para el desarrollo de la audiencia preliminar contra los hermanos Edilson y Emerson Duarte, Henry Javier Hernández y Óscar Aroldo Torres, que se suman a los ocho imputados por el asesinato de la lideresa indígena y defensora Berta Cáceres.
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