Por Sandra Rodríguez
En medio de la crisis universitaria, es necesario un diálogo. Para ello el Movimiento Estudiantil Universitario (MEU), exige la salida inmediata de Julieta Castellanos, Ayax Irías y Belinda Flores, según lo expresa una carta dirigida esta mañana a Maria Soledad Pazo, representante residente de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), a quien le solicitan acompañamiento.
La criminalización contra la protesta estudiantil ha resurgido, al menos 20 están con medidas sustitutivas a la prisión, acusados entre otros delitos de usurpación, por suponerlos partícipes en tomas de instalaciones, al exigir justamente no más persecución contra sus compañeros.
Y ese era uno de los puntos en el Acuerdo del 20 de julio del 2016, que dio fin a un paro de clases donde se canceló el periodo académico, criminalización de 75 estudiantes, cuando el MEU pedái ser escuchado e incluido en el Consejo Universitario. Con un acuerdo de homologación se dejó en libertad a los manifestantes, pero no asó a Sergio Ulloa, Cesario Padilla y Moisés Cáceres, que el pasado 07 de junio fueron condenados en la Corte Suprema de Justicia por usurpación.
Para que exista el diálogo también solicitan que se inicie una investigación expedita contra los fiscales y jueces que han librado requerimientos fiscales, o que han dictado medidas restrictivas de la libertad e incluso condenado a estudiantes universitarios por ejercer su Derecho a la protesta, para corroborar que sus conductas podrían configurarse dentro de los tipos penales de prevaricato y abuso de autoridad; y una vez concluida la investigación que se sigan los procedimientos de antejuicio requerimiento fiscal, según sea el caso.
El contenido de la carta es la siguiente:
Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU en Honduras
María Soledad Pazo
Representante Residente del ACDDHH
Tegucigalpa, MDC 16 de junio del 2017
Estimada Representante Residente Pazo:
Reciba por parte del Movimiento Estudiantil Universitario (MEU), un cordial saludo, deseándole éxitos en sus delicadas funciones, aprovechando la oportunidad para manifestarle y a la vez solicitarle lo siguiente:
Primero: La Oficina del Alto Comisionado ha sido una instancia imparcial y objetiva para la defensa y promoción de los derechos fundamentales, especialmente en Honduras, como ha quedado demostrado con su participación en el diálogo que se entabló el año pasado (2016) donde esta oficina del Alto Comisionado sirvió como instancia de testigo de honor la suscripción de un acuerdo que se dio en fecha de 20 de julio de 2016; donde, entre otras cosas, se acordó el cese a la criminalización de la protesta estudiantil, la conformación de un gobierno estudiantil electo de manera democrática, el balance presupuestario para ajustarlo a las necesidades de la población universitaria, una revisión del contrato de seguridad privada de la universidad, etc..
Segundo: La Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH); por medio de su representante legal Julieta Castellanos incumplió la gran mayoría de los puntos acordados entre ambas partes, especialmente aquellos que hablan del cese a la criminalización de la protesta estudiantil’ y de la democratización de los órganos de gobierno universitario, dejando demostrado que ella es una persona con la cual no se puede dialogar esperando que se materialicen las soluciones que propendan a mejorar las condiciones universitarias, tanto a nivel institucional, como a nivel estudiantil y académico.
Tercero: Es importante recordar que la libertad de expresión como exteriorización de la libertad de pensamiento que a su vez se manifiesta en forma de protesta en esta ocasión, está protegida por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, donde el Derecho Judicial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Doctrina de la Comisión Interamericana y de la Relatoría para la Libertad de Expresión han establecido que el derecho a la protesta pacífica es un derecho implícito que debe ser protegido por los estados, como forma legítima de reclamo, y especialmente en los estados donde los grupos vulnerables no encuentran respuestas institucionales convencionales y que por tanto deben de acudir a esas medidas de presión, como es el caso de Honduras y que ha quedado demostrado por el rompimiento del acuerdo por parte de la UNAH.
Cuarto: El Movimiento Estudiantil siempre ha sido abierto y receptivo a los procesos democráticos de diálogo que garanticen el respeto a los derechos fundamentales y que sean cumplidos por ambas partes; para el correcto desarrollo de la persona humana dentro de la sociedad y como función aún más amplia, con antes colectivos auxiliares del Estado de Derecho y a quienes se le han asignado derechos fundamentales, ora en la constitución formal, ora en la constitución mate. rial, que deben ser respetados por los entes encargados de crear, interpretar y aplicar las leyes o las normas.
Quinto: Sin embargo, en esta ocasión, el Movimiento Estudiantil Universitario (MEU) no va a participar en ningún proceso de diálogo donde no se den las siguientes garantías de cumplimiento de los acuerdos a los que se puedan llegar:
- La renuncia irrevocable de Julieta Castellanos Ruiz, Ayax Irías, Belinda Flores y de todos los decanos de las distintas unidades académicas.
- El cese a las acciones penales incoadas en contra de los universitarios que han sido acusado ilegalmente por la supuesta comisión de delitos en ocasión del ejercicio del derecho a la protesta, de manera inmediata, por parte del Ministerio Público y de la UNAH.
- El cese inmediato de todos los procesos administrativos sancionatorias que ha iniciado la UNAH.
- Una investigación expedita por parte del Ministerio Público a fin de corroborar que las conductas y acciones que ha ejercido Julieta Castellanos Ruiz podrían configurarse dentro de los tipos penales de Abuso de Autoridad por violación a los Derechos Humanos; y concluida esa investigación se libren los correspondientes requerimientos fiscales.
- De igual forma, que se inicie una investigación expedita contra los fiscales y jueces que han librado requerimientos fiscales, o que han dictado medidas restrictivas de la libertad e incluso condenado a estudiantes universitarios por ejercer su Derecho a la protesta, para corroborar que sus conductas podrían configurarse dentro de los tipos penales de prevaricato y abuso de autoridad; y una vez concluida la investigación que se sigan los procedimientos de antejuicio requerimiento fiscal, según sea el caso.
- La instalación democrática de un gobierno universitario (co y auto gobierno estudiantil) como consecuencia de los acuerdos suscritos el año pasado, en base a los mecanismos democráticos directos y semidirectos de participación en esta ocasión, estudiantil.
- El acompañamiento del Alto Comisionado de los Derechos Humanos y de la Relatora Especial de la ONU para el Derecho a la Educación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para que se solicite que se otorguen medidas cautelares a favor de todos los integrantes (medidas cautelares colectivas) del Movimiento Estudiantil Universitario (MEU), a fin de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, le solicite al Estado de Honduras la adopción de medidas urgentes, como son: el cese inmediato de los procesos penales que se han incoado y la prohibición de incoar nuevos procesos contra estos miembros por el hecho de pertenecer a esta organización y por ejercer su derecho legítimo de protesta, así también la prohibición de emitir sanciones administrativas por éstos mismos motivos y aquellas que coadyuven a asegurar el goce de la libertad; de acuerdo a los establecido por el art. 25 y 26 del Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
- El acompañamiento del Alto Comisionado de los Derechos Humanos y de la Relatora Especial de la ONU para el Derecho a la Educación para solicitar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), o en su defecto a la Relatoría para la Libertad de Expresión adscrita a la CIDH, una visita in loco a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) para que puedan verificar las violaciones a los derechos fundamentales de los y las estudiantes.
- La participación directa de los y las estudiantes en la elección del nuevo rector o rectora de la UNAH.
- La instalación o convocatoria de una Mesa Mediadora que esté integrada por actores extranjeros que han dedicado su vida a la promoción y protección de los Derechos Humanos, a fin de que se llegue a una pronta solución de este problema.
Los anteriores puntos y garantías, son no-negociables, por lo que el Movimiento Estudiantil no podrá sentarse a dialogar hasta que no se vean cumplidos los mismos, como garantía de que no se va a repetir el incumplimiento de los acuerdos suscritos el año pasado.
Sexto: Solicitamos a esta Oficina, como ente imparcial, objetivo y garante de los Derechos Humanos, su intervención de buena fe, para que se le dé inicio a las garantías mínimas exigidas en ocasión de la crisis universitaria provocada directamente por el incumplimiento de los acuerdos suscritos el año pasado.
Sin más que agregar, y deseándole éxitos en sus delicadas funciones, nos suscribimos.
Estudiantes MEU
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