Ayer dictaron medidas sustitutivas a la prisión contra seis estudiantes, tras ser capturados ayer por un contingente policial dentro de la Ciudad Universitaria, y deberán presentarse a Audiencia Inicial el “Día de la Hondureñidad” el viernes 14 julio 2017 a las nueve de la mañana.
Génesis Aracely Andino Vázquez, Karen Giselle Reyes Pineda, Tiffani Nicolle Zúniga Reyes, Gloria Sarahi Mejía Pacheco, Any Raquel Blanco Navarro y Tony Jossel Barahona Cruz, no deberán salir del país, firmar el libro de imputados en el juzgado cada 15 días y no participar en manifestaciones en la UNAH.
Con estas acciones represivas, la rectora Julieta Castellanos se muestra como enemiga de los y las estudiantes, afirmó Héctor Ulloa, vocero del Movimiento Estudiantil Universitario (MEU).
Y es que no hay muchas opciones para la comunidad estudiantil, pues “quienes se oponen o critican, reciben represión”, refiriéndose a las seis personas criminalizas desde ayer, y a los centenares de estudiantes que se solidarizaron durante su captura alrededor del edificio de la facultad de química y farmacia, que fue asaltado por elementos COBRAS, policía nacional y de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), que atacó con innumerables bombas lacrimógenas.
“Ella es incompetente para dialogar” dijo Ulloa en el programa radial “Voces Contra el Olvido”, del sábado por la noche.
La situación de persecución actualmente es complicada, pues somos reprimidos a la luz del día hasta a través de los medios de comunicación, así que no podremos comparar la década tan nefasta de los ochenta, dónde también hubo represión, asesinatos y desaparición de compañeros, pero ambas quedarán en la historia, puntualizó Héctor Ulloa, estudiante de las carreras de derecho y economía.
La coordinadora general del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), expresó en el programa radial institucional, junto al periodista Marvin Palacios, que las acciones de represión también alarma a las madres y padres de familia.
Pues desde el golpe de Estado del 2009, se abrió la puerta para que la Autonomía Universitaria fuera violentada por policías y militares.
Después vinieron ataques contra el sindicato de trabajadores, que lograron desestabilizarlo, pues era una organización beligerante en la exigencia del respeto a los derechos humanos.
Se ha ido ejecutando un plan de seguimiento, vigilancia, infiltración y asesinatos como la información de una lista dónde estaba el nombre de Berta Cáceres, Margarita Murillo y la misma Bertha Oliva.
Cabe mencionar la desaparición forzada del líder sindical Donatilo Jiménez, el 8 de abril del 2015, estando en su lugar de trabajo; su familia lo sigue buscando.
Podrán haber encontrado aparentemente a los ejecutares del hecho, pero el cuerpo ¿dónde está? Donatilo sigue desparecido, afirmó Oliva. Se ha ido por la línea investigativa que las autoridades universitarias han querido.
Además está el impacto en la familia, su hermana Jaqueline también empleada en el Centro Universitario Regional del Litoral Atlántico (CURLA), debió renunciar a su trabajo, como parte de las presiones por señalar a las autoridades de la UNAH cómo responsables.
La familia más bien ha sido querellada por supuesta difamación y calumnia, contra las autoridades que rectora Castellanos, quién hizo caso omiso a las peticiones de la esposa de Donatilo para dar con su paradero.
Otros caso está en la impunidad fue hace dos años, el asesinato de Héctor Martínez Motiño, docente del Centro Universitario Regional del Litoral Pacífico (CURLP), tuvo más de 120 audiencias de descargo y no lograron despedirlo, por lo que buscó ayuda con organizaciones de derechos humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le concedió medidas cautelares, un mes después fue asesinado el 17 de junio del 2015.
Después se ha venido una carga de criminalización contra los y las estudiantes desde el año 2014, y la respuesta ha sido en favor más bien de las autoridades.
Con éstas acciones, a los y las defensoras de la educación pública, gratuita y laica, les manchan su hoja de vida para su ejercicio laboral, aunque sean excelentes profesionales, denunció la coordinadora del COFADEH.
A quienes dirigen la UNAH, el poder político, económico y mediático que tienen las autoridades las hace impune, y se suma el poder religioso.
Los jóvenes no son encapuchados, no son vándalos, no son criminales, se cubren el rostro justo porque hay levantamiento de perfiles y al identificarlos los criminalizan.
Con el golpe de Estado, quien está asumiendo las consecuencias son los estudiantes. Dejen de ser tan intolerantes, déjense atender en visitas psiquiátricas de manera profesional y ver en que les podemos ayudar, finalizó la defensora de derechos humanos.
El próximo jueves, 20 estudiantes y el periodista Ronnie Huete, se deben presentar a audiencia inicial, supuestamente por los cargos de daños en el edificio administrativo y privación a la libertad de quienes estaban allí.
Así mismo, el sociólogo Moisés David Cáceres, el trabajador social Sergio Luís Ulloa y el periodista Cesario Alejandro Padilla, conocerán la individualización de la pena por declararlos culpables de una toma hace dos años, el 25 de julio del 2017.
Cabe mencionar, que organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, se han pronunciado por la criminalización a la protesta social como parte del derecho a la libertad de expresión, especialmente en el caso de la comunidad universitaria.
También han señalado la falta al compromiso en respetar un acuerdo firmado el 20 de julio del 2016 entre autoridades del MEU y la UNAH, al enjuiciar a Cáceres, Ulloa y Padilla, pero las autoridades universitarias las califican de “faltos a la verdad” porque no era parte del acuerdo, en ese momento había además 75 nuevos requerimientos judiciales.
Las reformas al Código Penal hondureño, sancionan hasta con 12 años de prisión a quienes participen en protestas sociales comparándolas cómo hechos terroristas, estigmatizando aun más la labor de defensoría.
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