La Casa Blanca, sede del gobierno de Estados Unidos. (foto: EPA)
El impeachment (proceso de destitución formal) y la Enmienda 25 son los dos procesos constitucionales posibles para destituir al presidente de Estados Unidos, y que por estas horas no dejan dormir al presidente Donald Trump a raíz del "Rusiagate".
- La Enmienda 25: Permite remover al presidente sin que sea necesario elevar acusaciones precisas. Es suficiente que el vicepresidente y la mayoría del gabinete transmitan una carta al Congreso que asegure que el presidente no está capacitado para ejercer los poderes y obligaciones de su cargo.
En este caso, se reemplaza al presidente por el vicepresidente. Si el presidente se opone, quien toma la decisión es la Cámara de Representantes, con el voto de dos tercios. En el caso de Donald Trump es poco probable que el vicepresidente y el Consejo de Ministros se una en contra de él, al haber ausencia de incapacidad mental clara, como había ocurrido en cambio en el caso del presidente Woodrow Wilson después del accidente cerebro-vascular.
- El impeachment: El proceso de destitución, que permite remover a los componentes del poder ejecutivo, desde el presidente al vicepresidente hasta los funcionarios de los gobiernos estatales, así como los jueces federales, es un camino más largo y un proceso más complejo. Debe ser promovido por la Cámara de Representantes, que debe votar a favor de la mayoría simple (218 sobre 435, actualmente los demócratas tienen 193 diputados). El papel de juez le corresponde al Senado, con el voto mayoritario de dos tercios.
Los extremos para el impeachment son la traición, corrupción u otros crímenes y violaciones: por ejemplo, obstrucción a la justicia (podría ser el caso de Trump).
Mientras que los primeros casos son más fácilmente definidos, los segundos son más vagos y genéricos, y alimentados por una amplia literatura jurídica, con interpretaciones más o menos restrictivas.
En Estados Unidos el impeachment fue utilizado principalmente para eliminar miembros del poder judicial. Solo dos presidentes fueron sometidos y ambos fueron absueltos: el republicano Andrew Johnson (1868), que se salvó por un solo voto de la acusación de abuso de poder (haber nombrado al secretario de Guerra sin consultar al Senado), y el demócrata Bill Clinton (1998), por haber mentido sobre su relación con la joven becaria de la Casa Blanca Monica Lewinsky y por haber obstaculizado la justicia.
Richard Nixon, en cambio, renunció en 1974, evitando así un juicio político seguro por obstruir a la justicia en el caso Watergate.
En el caso de George W. Bush fracasaron los intentos de acusación, sobretodo por la guerra en Irak.
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