Ojo de Agua. Casi siempre las minas explotadas se encuentran en comunidades con ese nombre. Ojo de Agua se llama la comunidad de Macuelizo donde antes existía un nacimiento de agua y hoy solo hay un enorme hueco de donde mana agua roja y apestosa. Donde aún, un grupo de mineros artesanales rasga la piedra para encontrar un poco de oro. Donde la pobreza sigue siendo evidente.
En 1998 el Estado de Honduras otorgó una concesión de 120 hectáreas para explotación minera a una empresa canadiense, en esta comunidad que oficialmente se llamaba Vueltas del río en Macuelizo, Santa Bárbara. Por 5 años esta empresa extrajo oro del cerro, pero de repente un día se retiró y la empresa fue comprada por Geomaque, de capital canadiense también.
La veta dejó de ser rentable, se agotó.
La empresa detuvo sus operaciones en Vueltas del Río debido a problemas con la primera pila de lixiviación. En fecha 31 de diciembre de 2000, fueron reducidas en un 55%, de 5.1 millones de toneladas de roca (aproximadamente 410,000 onzas de oro) a 2.1 millones de toneladas de roca (aprox. 170,000 onzas de oro).
Desde 2009 la gente de la comunidad comenzó a buscar oro en esa veta e hizo de la minería artesanal su modo de vida.
Selvin Marquez, líder de la comunidad nos espera en un piñal para llevarnos al lugar donde él un par de días a la semana intenta sacar oro. Selvin está buscando una alternativa a la minería artesanal, ese trabajo precario que pronto le podría quitar la vida. Es la primera cosecha de piñas que saca su familia y están contentos, da esperanza.
Sale del piñal con sus botas de hule, sombrero y manga larga para resistir el sol y nos lleva a la veta que la empresa minera abandonó hace años. En el camino se encuentra con dos mujeres. A veces las mujeres van a ver si ha quedado algo de broza suelta por encima para lavarla y ver si hay algo que pueda servirles. A veces también van para llevar comida a sus esposos o hijos que pican piedra todo el día.
En la entrada un par de jóvenes armados nos detienen. Son guardias de seguridad de la empresa que sigue teniendo control de la zona. Nos dejan pasar sin pedir mucha explicación.
A pesar que Geomaque no está explotando la mina, aún tienen presencia porque la concesión les pertenece, pero dejan pasar a los mineros artesanales de la comunidad para que se rebusquen la vida donde antes máquinas hacían lo que ahora se hace a punta de martillo, clavo y fuerza corporal.
Carlos Batres, el asesor de la empresa canadiense que está tratando de negociar esta concesión con las comunidades, asegura que la empresa tiene presencia porque están en proceso de cierre y que la rehabilitación ambiental está en un 98% terminada.
“Estamos trabajando con el PNUD que es Naciones Unidas que tienen un proyecto de reducción de utilización de mercurio, estamos trabajando con la SERNA (ahora la secretaría de medio ambiente Mi Ambiente), para que ellos vean las situaciones ambientales y de explotación. Lo que queremos es capacitar a los mineros artesanales para que mejoren sus prácticas mineras y ellos puedan explotar en debida forma, legalmente, organizados, utilizando las mejores prácticas que existen”, cuenta Batres.
Intentamos por varias vías hablar con alguien de PNUD para conocer el trabajo que realizan en la zona, su versión de lo que está pasando en esta negociación y porqué su nombre resuena, sin embargo, no nos atendieron.
Selvin desconfía. “Tenemos miedo de que nos estén entregando un desastre ambiental y ¿cómo podríamos saberlo? Es muy fácil engañarnos”, dice mientras resuena el eco de los martillazos contra la piedra.
Tres jóvenes mineros pican el cerro, trituran la piedra suelta y la mezclan con agua en una pala. “No hay nada. Tenemos 3 días de estar aquí y no sacamos nada”, cuentan. Dicen que hace un par de años unos mineros murieron soterrados por la mala práctica de escarbar el cerro a ciegas. El negocio no les da más que para sobrevivir. En esos 3 días los jóvenes apenas sacan broza para 7 gramos de oro, cada gramo lo venden a Lps. 700 ($35), pero de eso deben darle la mitad al molinero. “El mejor negocio es el del molino porque él solo viene a traer la broza en su carro, va y lo muele y se lleva la mitad, mientras que nosotros nos matamos trabajando 3 días”, dice uno de ellos.
Selvin cuenta que las personas encargadas de la empresa, entre ellas Carlos Batres, los han querido convencer que al aceptar la concesión ellos podrán ahora ser empresarios mineros. Pasarían de ser unos obreros precarios a ser empresarios y por eso los han instado a legalizarse como asociación de mineros y así hacer el traslado directo de la concesión.
Le preguntamos a Batres ¿por qué a la empresa ya no le interesa explotar ese cerro?
Y respondió que “la dueña actual nunca sacó un gramo de oro de allí, la compañía grande dueña de la concesión era otra compañía canadiense, esa compañía fue comprada por los actuales dueños, pero ya habían dejado de explotar allí. Más bien llevan 5 años rehabilitando, sembrando más de 80 mil árboles y hasta hicieron un canal para dirigir las aguas. La verdad de las cosas es que siempre llegan mineros artesanales, no se podía lograr un cierre definitivo. ¿por qué no aceptarían ellos ese regalo? No siempre hay cosas detrás, hay personas que solo quieren ver crecer el país”.
Y Batres asegura que las comunidades no recibirán un desastre ambiental.
La regidora municipal, Eunice Ramírez, miembro de la comisión de salud y medio ambiente de la municipalidad de Macuelizo ha acompañado a estas comunidades organizadas que piden información científica y legal de lo que realmente hay en la zona, del daño ambiental y de la situación legal de las tierras. Sin embargo, Ramírez dice que la municipalidad no tiene esa información y que lo que ya se hizo fue pedirla a las autoridades estatales a cargo de los monitoreos en la zona, Inhgeomin (Instituto Hondureño de Geología y Minas) y Mi Ambiente.
“Pedimos el informe de los últimos informes de la actividad minera, tienen que estar viniendo cada 3 meses, pedimos información de los meses en que llueve porque es allí donde se presentan más problemas. Como regidora los he acompañado y esa información llevarla a la corporación, pero el alcalde quiere que las comunidades firmen. La municipalidad no me da toda la facultad para decidir porque el alcalde también esta como representante. El papel de Inhgeomin es de veedor, pero ellos no deben ser veedores, porque son la autoridad competente para dar ese trámite”, explica Ramírez.
Por su lado, Batres asegura que Inhgeomin lo que quiere es que se explote la zona debidamente, legalmente. “El Estado no se opone, pero exige que las comunidades estén de acuerdo y que cumplan con la legalidad. No se podía transferir a ellos directamente sin el permiso de la autoridad minera”.
Consultamos a las autoridades de Inhgeomin, quienes confirmaron una entrevista para Radio Progreso, sin embargo, al día y la hora pactada no contestaron la petición.
“Usted debería averiguar en qué condiciones venden el oro, que el mercurio que ellos procesan lo aspiran las mujeres embarazadas, los niños. Averigüen quiénes les pagan, a quienes venden los mineros el oro y en qué condiciones. Esas son cosas importantes que hay que ver qué es lo que queremos eliminar el estado, el PNUD, Ingeominh. ¿Qué pasa si no aceptan? Continuaremos con el cierre, pero ya tendremos que prohibir que ellos entren y vender las tierras a otra gente que quiera explotar, no es un gran drama para la empresa. Como le digo, para hondureños como usted o como yo puede sentirse extraño que el país no mejore”, explica Batres.
El Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC) en su informe Impacto socioambiental de la minería en la región noroccidental de Honduras a la luz de tres estudios de casos: Montaña de Botaderos (Aguán), Nueva Esperanza (Atlántida) y Locomapa (Yoro) afirma que el modelo extractivista de explotación y apropiación de los bienes naturales comunes es, en la actualidad, el principal generador de conflictos territoriales. También es factor de persecución, amenazas, agresiones y asesinatos de personas defensoras de derechos humanos y ambientales, y de dirigentes de comunidades y organizaciones de base tanto en Honduras como en muchos otros países.
En los últimos años, sobre todo a partir del golpe de Estado del 28 de junio de 2009, los actores internacionales y nacionales promotores y ejecutores de este modelo han logrado que se aprueben paquetes legislativos que legalizan el extractivismo, aprovechando la enorme debilidad institucional y la presencia de funcionarios públicos proclives al soborno y al chantaje. La aprobación de una nueva ley de minería, la concesión de amplias zonas territoriales para la exploración y explotación minera, la construcción de represas, y la aprobación de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), durante la administración del señor Juan Orlando Hernández, primero como presidente del Congreso Nacional y luego como Presidente de la República, ha profundizado el modelo extractivista.
Después del golpe de Estado se aprobaron 364 proyectos de minería metálica. Actualmente se encuentran en proceso de aprobación al menos 563 nuevos proyectos mineros, y se está promoviendo la adjudicación de no menos de 950 títulos mineros adicionales derivados del catastro minero elaborado para profundizar el modelo extractivo. Nunca estas concesiones se han dado a comunidades ni a mineros artesanales, a pesar que la nueva ley de minería contempla esas figuras. Sin embargo, el caso de Ojo de Agua en Macuelizo refleja la desventaja y el abandono estatal de las comunidades más empobrecidas en cuanto a la decisión y la administración de su territorio.
Mientras tanto, Selvin regresa a su casa, entra y se cambia de ropa. Va para una reunión con otros líderes del resto de comunidades afectadas para conversar y prepararse para una decisión. Mientras tanto hay silencio en la comunidad, los niños corren en la calle y los caballos comen zacate. El calor sofoca y algunas mujeres se asoman a la ventana para sufrirlo menos. Los molinos están parados, no ha salido nada en las últimas dos semanas.
Un hombre joven se para al lado de su pequeño molino artesanal frente a la casa de Selvin. Estos molinos funcionan manualmente, meneando una manivela que mueve la piedra que muele la broza. Es un trabajo pesado. “Nosotros no tenemos más trabajo que ese cerro, aquí no tenemos otra vía y tampoco llegan las ayudas del gobierno”, dice apesarado. Dos semanas sin vender oro lo tiene en crisis. No hay más trabajo que ese cerro y se lo han acabado.
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