Por Giorgio Trucchi
La posición del Copinh (Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras) y de su coordinadora nacional Berta Cáceres, brutalmente asesinada hace casi 16 meses, ha sido siempre muy clara: hay que retirar cualquier tipo de financiamiento para el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, impulsado y cofinanciado por la empresa Desarrollos Energéticos SA (Desa), y donde están involucrados, entre otros, grupos económicos nacionales (Grupo Ficohsa), miembros de las Fuerzas Armadas y bancos internacionales como el holandés FMO, el finlandés Finnfund y el Banco Centroamericano de Integración Económica (Bcie).
De acuerdo con un reciente comunicado del Copinh, ninguno de estos bancos habría mostrado la voluntad real de tomar distancia de un proyecto que, directa o indirectamente, ha dejado un saldo de varios muertos y heridos, comunidades divididas, pueblos enfrentados y severos daños ambientales.
A ese propósito, la organización indígena ha venido denunciado la violencia y el terror que se ha generado en las comunidades que se han opuesto firmemente al proyecto hidroeléctrico, así como "la compra de conciencias, agresiones, atentados y asesinatos por parte de sicarios y miembros del ejército, la policía y la seguridad privada de la empresa, en complicidad con autoridades municipales y nacionales".
El silencio de lo bancos
Lamentablemente, insiste el Copinh en su comunicado, todas las denuncias fueron ignoradas por las entidades financieras involucradas, las cuales son ahora corresponsables de las repetidas violaciones de derechos humanos que se han dado en la zona de Río Blanco.
Si a esto le agregamos la falta total y absoluta de consentimiento previo, libre e informado de las comunidades, y un entorno de corrupción y violación de las leyes -en pleno golpe de Estado- para el otorgamiento de las concesiones y la compra de terrenos, resulta aún más evidente el descaro con que actúan dichos institutos financieros.
Vale la pena mencionar que, tras el asesinato de Cáceres, los dos bancos norte-europeos suspendieron los desembolsos para el proyetco, al tiempo que una delegación de oficiales (del FMO y Finnfund) realizó una visita in situ para constatar la realidad que se vive en el lugar y, supuestamente, tomar una decisión sobre el financiamiento, lo cual nunca se dio.
Para el Copinh, la prolongación en el tiempo de su salida definitiva no sólo generará "más agresiones e intimidaciones dentro de las comunidades", sino que podría ser parte de una estrategia "para no asumir sus responsabilidades y para facilitar la introducción de futuros proyectos hidroeléctricos con características similares al de Agua Zarca".
Lo que dice The Guardian
El pasado 4 de junio, el periódico inglés The Guardian publicó un reportaje donde asegura que tanto el FMO como Finnfund habrían tomado la decisión de abandonar definitivamente el proyecto Agua Zarca. Hasta la fecha no ha habido ninguna declaración oficial de los bancos.
"Las comunidades de Río Blanco, el Copinh y gran parte de la sociedad hondureña e internacional seguimos esperando esta salida definitiva y que termine el financiamiento a la muerte en las comunidades Lencas", se lee en el comunicado del Copinh.
Quien se ha quedado totalmente callado es el Bcie. A ese propósito, el Copinh dice dudar de las declaraciones brindadas a The Guardian por el portavoz del banco internacional, Juan Mourra, quien aseguró que ya se suspendieron todos los desembolsos y que tampoco hay intención de invertir más en el proyecto.
La organización indígena Lenca ratificó el compromiso de denunciar la actuación ilegal de estos bancos, su falta de voluntad de reconocer la responsabilidad de Desa en los múltiples casos de violación de los derechos, así como de movilizarse para demandar su salida inmediata. Tampoco acepta la instalación de un supuesto "proceso de diálogo" para que las comunidades decidan sobra la aprobación o no de nuevos posibles proyectos hidroeléctricos.
"Exigimos ahora un proceso de justicia, verdad, reparación y garantías de no repetición, que incluya el desmantelamiento de las estructuras de represión en la zona. El Copinh responsabiliza al FMO, Finn Fund y Bcie, aliados de la empresa asesina DESA, por cualquier acto de violencia, amenaza, ataque o asesinato que resulten del proceso que los bancos buscan imponer como parte de su salida o la demora de su salida", concluye el comunicado.
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