2016 ha sido un año de incertidumbre respecto de la recuperación de los precios de las mercancías, especialmente los metales. Si bien es cierto, durante los últimos meses del año hubo señales de optimismo en el sector minero reflejado en anuncios de transacciones de concesiones y proyectos en construcción, lo cierto es que la materialización de dichos anuncios ha sido más lenta de lo señalado inicialmente.
El sector minero aún sueña con los precios del “súper-ciclo” de los minerales mientras los precios en los mercados internacionales no sufren significativos incrementos y los costos de producción siguen al alza.
Por otro lado, el convencimiento cada vez más generalizado que expresan las comunidades sobre la negatividad de las actividades mineras sostienen o profundizan los conflictos socioambientales que caracterizan el rechazo a la minería en la región. Incluso, varios de esos procesos van acompañados de intentos administrativos de prohibirla en ciertos territorios.
También, cada vez más, existen órdenes y dictámenes judiciales que otorgan la razón a las y los afectados por minería limitando o simplemente prohibiendo la minería en determinados territorios, en su mayoría por motivos y argumentos socioambientales, como el paro por más de 6 meses que han llevado a cabo los campesinos del Páramo de Pisba en Colombia; el proceso por llevar adelante una consulta ciudadana para que sean las comunidades quienes deciden si quieren o no minería, como lo que acontece en Cajamarca, Colombia, contra el proyecto La Colosa; o el proceso que encabezan diversas organizaciones en El Salvador para prohibir definitivamente la actividad minera en el territorio nacional.
Esto ha sido motivado por las demandas de las comunidades y el creciente convencimiento que la minería no es precisamente una buena opción de desarrollo. En el ámbito económico, social y ambiental la minería tiene resultados negativos y muchos gobiernos locales y comunidades son cada vez más conscientes de ello.
Las consultas ciudadanas son una muestra del rechazo cada vez más generalizado a la actividad minera. Y allí donde las comunidades conviven con la minería los conflictos son por incumplimiento de los acuerdos por parte de las empresas mineras.
En síntesis, la conflictividad por minería sigue siendo una constante así como la larga duración de los conflictos mineros, en muchos casos por el no respeto a mandatos especialmente internacionales (CIDH) que ofrece protección a afectadas y afectados por minería, encarga a los Estados dicha protección y muchas empresas incumplen dichos mandatos, como ocurre por ejemplo, con Máxima Acuña, quien a pesar de contar con estas medidas, sigue siendo acosada por la policía y los guardias privados de Yanacocha.
Frente a estas tendencias, el sector minero de la mano de gobiernos extractivistas y post extractivistas intentan garantías económicas y sociales para el sector mediante beneficios tributarios, reglamentaciones ambientales “a la medida” y en muchos casos la persecución de quienes se oponen a la minería.
Es por ello que la pugna por profundizar el extractivismo minero se enfrenta a la defensa de derechos socioambientales, indígenas y comunitarios expresada como los “conflictos mineros”.
Sin duda, la necesidad de extraer más minerales para compensar los bajos precios, tiene un efecto negativo en la conflictividad por minería. Finalmente se consolida una exigencia que caracteriza la mayoría de los conflictos mineros en la región: cuando la pregunta es agua o minería, las comunidades no dudan en defender este bien común, incluso muchas veces enfrentando grandes riesgos que comprometen la vida.
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