Rebelión
Por Carlos Fazio
Los días 14, 15 y 16 de junio, la base militar del Comando Sur del Pentágono en Doral, Miami-Dade, Florida, fue uno de los escenarios de la Conferencia de alto nivel sobre seguridad y economía para México y Centroamérica, convocada por los secretarios de Estado y Seguridad Interior de Estados Unidos, Rex Tillerson y John Kelly, respectivamente, con el Estado mexicano como “coanfitrión” (sic).
Planificado bajo la lógica de la administración Trump que pone énfasis en la vigilancia de fronteras e identifica como una “amenaza” a la seguridad nacional de EU al trinomio del terrorismo, el crimen organizado y la migración indocumentada, el evento tendrá un enfoque netamente militarista como premisa para una reinversión de capitales privados en la subregión.
La conferencia, a la que asistirán el vicepresidente de EU, Mike Pence, y los secretarios del Tesoro, Steven Mnuchin y de Comercio, Wilbur Ross, ha sido precedida de sendos eventos en Tapachula y Cozumel, México, que contaron con la participación directa de los jefes de los comandos Norte y Sur, la generala Lory Robinson y el almirante Kurt W. Tidd.
Por encomienda de Enrique Peña Nieto, en la reunión de Cozumel de finales de abril, los secretarios de Defensa y Marina de México, general Salvador Cienfuegos y almirante Vidal Soberón, aceptaron profundizar la “cesión inteligente” de la soberanía nacional (según la definición acuñada en 2001 por el ex canciller de Vicente Fox, Jorge G. Castañeda, actual asesor oficioso de Luis Videgaray), y subordinarse al mando del almirante Tidd, como parte de una “fuerza de tarea conjunta” con Guatemala que realizará patrullajes terrestres, marítimos y aéreos a lo largo de la frontera común.
Al espíritu colaboracionista de los mandos de las Fuerzas Armadas, se suma el entreguismo supino del aprendiz de canciller Videgaray, quien en mayo pasado, tras reunirse con Tillerson y Kelly, aludió a una “negociación integral” con EU, lo que ha dado pie a interpretaciones de que al negociar en “paquete”, México podría recibir ciertas concesiones en la revisión del Tratado de Libre Comercio de América del Norte a cambio de permitir operaciones oficiales del Pentágono y otras agencias de seguridad de Washington en el territorio nacional.
Al respecto, y más allá del ruido mediático que provocan el histrionismo y la verborrea del presidente de EU, cabe señalar que Donald Trump está siguiendo al pie de la letra los lineamientos del Council on Foreign Relations (Consejo de Relaciones Exteriores, CFR, por sus siglas en inglés), el influyente tanque de pensamiento señalado como la “aristocracia del dólar” o la cara oculta del poder globalizado; en particular −en lo que tiene que ver con México− en materia energética, comercial, migratoria y de seguridad.
Desde hace 70 años, la élite del business determina los objetivos bélicos de EU en función del interés de los monopolios empresariales y elabora la diplomacia de guerra de la Casa Blanca por consenso y a puerta cerrada. Es decir, al margen de todo control democrático.
El CFR y la guerra como continuación del libre mercado
Según el documento América del Norte, el momento de un nuevo enfoque −elaborado en 2015 por el CFR−, la proyección imperialista en lo que llama la “comunidad norteamericana” incluye la “integración” en materia de infraestructura de las plantas de producción de hidrocarburos, refinerías y mercados de ese espacio geopolítico trilateral, y la interconexión eléctrica transfronteriza.
Con eje en la seguridad nacional de EU, el CFR enfatiza el control monopólico y el aumento de la producción de energía fósil −sin ningún atisbo que busque reducir los gases de efecto invernadero−, lo que prefigura un escenario neocolonial para México, que profundizará su papel como enclave exportador de bienes primarios a través de una red de gasoductos integrada de facto a la infraestructura instalada en EU; con el añadido de una enloquecida carrera de despojo de territorios del lado mexicano.
A partir del perverso vínculo indocumentados-terrorismo-crimen organizado, el documento del CFR llamaba a militarizar las fronteras con mecanismos más sofisticados, y con la zanahoria de la “cooperación” militar de la Iniciativa Mérida preconizaba la “integración orgánica” de México al Comando Norte. Aunque en 2015 el CFR no promovía la intervención directa de EU en suelo mexicano sino el control operacional y doctrinario de la maquinaria de seguridad local −lo que convirtió a las Fuerzas Armadas mexicanas en un virtual ejército de ocupación interna−, con Trump dicha visión parece haber cambio y ello puede estar relacionado con las políticas de “cambio de régimen” impulsadas en el vecindario.
Bajo la premisa de que la guerra no es “la continuación de la política por otros medios” (según la fórmula de Clausewitz), sino la continuación del libre mercado, el Council on Foreign Relations ha contribuido a exportar el modelo político estadounidense cooptando a funcionarios extranjeros. Ejemplos sobran. Cuando en abril pasado el general (retirado) John Kelly dijo que no era bueno un presidente mexicano “de izquierda y antiestadunidense” –en implícita alusión al político de centro izquierda Andrés Manuel López Obrador−, destacó su “amistad” con Salvador Cienfuegos y Vidal Soberón, asiduos visitantes del Comando Norte.
El grotesco Videgaray y su doble moral
Es patético, asimismo, el papel de Luis Videgaray en la guerra sucia de Washington contra el presidente constitucional y legítimo de Venezuela, Nicolás Maduro. Ajeno al arte de la diplomacia, Videgaray no entiende que una negociación parte de la confianza y que al tomar partido por una de las partes se autoexcluye como mediador.
Toda negociación diplomática pasa por buscar puntos de coincidencia entre las partes; ese es el ABC de la negociación. En sentido contrario, en la coyuntura, de manera imprudente y equivocada, acicateado por el ex canciller Jorge G. Castañeda, agente del intervencionismo de Washington, y bajo los efluvios emanados de su parentesco político con Margarita Zavala –esposa del ex presidente ultraconservador Felipe Calderón, quien acaba de pedirle que rompa relaciones con Venezuela−, Videgaray ha provocado un escalamiento del conflicto y logrado fragmentar a América Latina en tres bloques: las naciones del ALBA; Bahamas y el Caricom, y los 14 países que bailan al son que les toca Trump.
Amigo de Jared Kushner, el yerno de Trump vinculado con la mafia rusa, Videgaray relevó como peón de la diplomacia de guerra de EU a Luis Almagro, el secretario de la Organización de Estados Americanos refutado por sus ex compañeros del Frente Amplio de Uruguay y convertido en un cadáver político.
Videgaray sigue los pasos de Almagro. Y no en balde, la reunión de la OEA del 19 al 21 de junio en Cancún, Quintana Roo, fue planeada inmediatamente después de la conferencia de seguridad en el Comando Norte, para tener “planchado” el aislamiento hemisférico de Venezuela y la aplicación de eventuales sanciones; pero la inexperiencia y la rudeza de Videgaray rompieron cualquier consenso posible.
Por cierto, México decidió cambiar la sede del evento de la Ciudad de México a Cancún, para evitar manifestaciones de repudio a la OEA y al gobierno mexicano, y de apoyo al proceso bolivariano de Venezuela.
A su vez, en su esgrima verbal con la canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez, Videgaray se exhibió como una pieza de Trump. Y es relativamente cuestionable que México se someta al escrutinio internacional: de manera recurrente, cuando un fallo no le favorece, lo impugna o no lo acata.
Pruebas, abundan. Lo pueden atestiguar los cinco miembros del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes que elaboraron dos voluminosos informes que incriminan al gobierno de Peña Nieto por los crímenes de Estado de Iguala/Ayotzinapa; el alto comisionado del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Zeid Raád Al Hussein, quien identificó a México como un “cruel ejemplo” de la violencia generalizada y de los vínculos entre las fuerzas de seguridad del Estado y autoridades locales y federales con el crimen organizado, y el relator especial de la ONU sobre tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, Juan Méndez, quien fue acosado y estigmatizado por la Cancillería mexicana, por afirmar que dichas prácticas, en el país, son “generalizadas” y se dan en un contexto de total impunidad.
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