La Asociación de Cooperación Internacional (Espacio ACI), constituida por 28 ONGs internacionales con presencia y trabajo en Honduras, ante la creciente criminalización de la lucha estudiantil, especialmente en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y el fallo condenatorio emitido por la Sala IV del Tribunal de Sentencia contra los estudiantes Moisés David Cáceres Velásquez, Sergio Luís Ulloa Rivera y Cesario Alejandro Félix Padilla, y ante nuevas acusaciones contra veinte estudiantes universitarios, nos pronunciamos de la siguiente forma:
1. Nos preocupa la creciente persecución y criminalización de estudiantes de la UNAH, que hacen uso de su legítimo y constitucional derecho a la reunión y manifestación. Perseguirles penalmente mediante el Ministerio Público y la actuación reciente de la Sala IV del Tribunal de sentencias, sólo muestra que el sistema de justicia ha abandonado los principios del derecho penal que manda a actuar de forma objetiva y perseguir únicamente los crímenes más graves y que generan grave impacto social, por lo tanto, es un deber del Estado desjudicializar los conflictos sociales.
2. Igualmente preocupa la desigualdad en el acceso a la justicia, pues observamos celeridad y debida diligencia del Ministerio Público para la criminalización de los estudiantes, en tanto cuando de la tutela y protección de derechos se trata, ocurre lo opuesto, primando la impunidad ante actos de uso excesivo de la fuerza por agentes de seguridad estatales y de la seguridad privada universitaria, practicada en varios desalojos violentos. Esa misma impunidad es una constante en la investigación de graves crímenes contra Defensoras y Defensores de Derechos Humanos.
3. El uso de tipos penales para la persecución de los estudiantes como la usurpación, la sedición, la manifestación ilícita, violentan estándares internacionales de Derechos Humanos, suscritos y ratificados por el Gobierno de Honduras en diferentes tratados y convenciones, y no deberían nunca utilizarse, menos por una institución que debería ser conocedora per se de esos estándares y ejemplo de prácticas democráticas en sus recintos académicos.
4. En 2010, la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, recomendó al Estado de Honduras, revisar y derogar la legislación nacional que fuera incompatible con las normas internacionales. Se refirió específicamente a las figuras penales de sedición, manifestación ilícita y otras que afectan el derecho a la libre expresión. Contrario a esto, se ha agregado nuevos tipos penales que violentan derechos humanos, como el artículo 335 y 335b del código penal sobre terrorismo por protesta, o la aplicación indebida de tipos penales como usurpación y privación arbitraria de la libertad, etc. con grave restricción a derechos y libertades fundamentales de la ciudadanía.
5. En este contexto de graves violaciones a los Derechos Humanos, los estudiantes universitarios son estigmatizados, perseguidos y amenazados. Algunos han tenido que abandonar sus estudios, incluso otros, han tenido que salir del país por consideración a los graves riesgos que esta criminalización y amenazas les han traído. Hasta ahora el Estado no ha investigado en absoluto sus denuncias.
6. OACNUDH emitió un comunicado expresando “…su grave preocupación por el fallo emitido por el delito de usurpación…” el que en diferentes ocasiones, públicamente y ante diferentes autoridades han manifestado su oposición a la utilización de ese tipo penal, pues en el contexto de criminalización de la protesta social, solo agrava la violación de estándares y compromisos jurídicos internacionales que el Estado hondureño ha contraído. OACNUDH también expresó de manera clara y contundente su preocupación por la lamentable falta de cumplimiento de la UNAH al compromiso contraído con los estudiantes organizados en el MEU el año pasado para la suspensión de la acción penal incluidos en los puntos segundo y tercero del acta firmada en julio de 2016. El resultado ahora es la condena a tres estudiantes.
7. Nos sorprende y alarma el Comunicado emitido el día 8 de junio de 2017 por la UNAH donde desconoce e intenta deslegitimar la importante labor de la Oficina en Honduras del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos OACNUDH, ignorando su mandato de observar e informar sobre la situación de los derechos humanos y de asesorar a las autoridades hondureñas en la formulación y aplicación de políticas, programas y medidas para promover y proteger los derechos humanos. Siendo testigos de la invaluable función que realiza OACNUDH en nuestro país, respaldamos y nos solidarizamos con su representante y equipo técnico, a la vez que llamamos a la cordura a las autoridades universitarias.
8. Como agencias que trabajamos por los derechos humanos y el desarrollo en Honduras nos oponemos a toda forma de violencia, pero en el caso de las reuniones y manifestaciones estudiantiles consideramos que la criminalización se contrapone con derechos que la constitución reconoce y limita la búsqueda de soluciones pacíficas, especialmente en un centro donde debe prevalecer el diálogo, el debate de ideas, la construcción colectiva y la solución participativa de los conflictos.
Recomendamos:
I. Abrir un diálogo público al más alto nivel entre las autoridades de la UNAH y los estudiantes, con facilitación de prestigiadas instituciones internacionales relacionadas al sector educación como la UNESCO o la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe (UDUAL).
II. Instamos a las autoridades de la UNAH, el Ministerio Público y los Tribunales de la República a ser receptivos a recibir la asesoría especializada de la Oficina en Honduras del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos OACNUDH.
III. Al Congreso Nacional, le reiteramos nuestra solicitud de descriminalizar aquellos delitos que distintos organismos internacionales de derechos humanos han señalado son incompatibles con los estándares internacionales suscritos por Honduras e incluidos en nuestra propia Constitución Política.
IV. Llamamos a la comunidad internacional y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, para que se pronuncien en relación a la creciente y peligrosa criminalización de la protesta estudiantil y social en Honduras.
Dado en Tegucigalpa a los doce días del mes de junio de dos mil diecisiete.
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