Más de veinte comunidades en la zona alta de Quimistán, Santa Bárbara, en el occidente hondureño, están amenazadas con desaparecer debido a la instalación de dos represas hidroeléctricas en los ríos Cuyamel y Listón. Dos importantes fuentes que abastecen de agua los departamentos de Santa Bárbara y Cortés.
En repetidas ocasiones han exigido al alcalde de Quimistán Juan José Guevara, información sobre éstas concesiones, sin embargo, el edil junto a su corporación municipal, se niegan a brindarla bajo el argumento que quienes exigen esa información no representan a las comunidades.
La población organizada de la montaña y el valle de Quimistán, exige el punto de acta donde se otorgó el permiso de operación del proyecto hidroeléctrico “Cuyagual” sector cacao, concesionado al señor Emilio Medina, un reconocido cafetalero de la zona, y del proyecto hidroeléctrico “Paso Viejo” propiedad de Jhony Canahuati, ubicado en el Listón y Las Flores.
Además, exigen copia de licencia ambiental y medidas de mitigación de estos proyectos, así como el listado de solicitudes y concesiones mineras aprobadas para el municipio. “Sabemos que quieren explotar una mina”, dice Constantino Mejía líder comunitario, que se mantuvo junto a las comunidades en un plantón afuera de la municipalidad de Quimistán esperando respuesta de las autoridades.
“Estos picaros nos quieren quitar el agua”, nos dijo doña María Reyes, una señora que tuvo que levantarse a las dos de la mañana para estar tempranito en la actividad de protesta. Junto a ella andaban sus dos hijos quienes son delegados de la palabra en la iglesia católica. “Gracias al Equipo de Reflexión Investigación y Comunicación (Eric) y la iglesia hemos abierto los ojos”. Doña María agradece a la iglesia y al Eric el acompañamiento a las comunidades que defienden sus bienes naturales y soberanía territorial.
Agresiones a defensores
Desde Radio Progreso intentamos tener una reacción del alcalde pero no se encontraba, en su lugar estaba Alexis Hernández gerente municipal, quien en primer lugar ridiculizó el trabajo informativo que hace Radio Progreso, luego sacó una grabación de una emisión informativa, donde se abodró la lucha de las comunidades de Santa Bárbara, y por último junto a Geovany Hernández Peña un representante del programa gubernamental “Una Vida Mejor”, le tomaron fotos a la periodista Lesly Banegas, además el gerente municipal intentó tomarse fotos con ella irrespetando su trabajo.
Hernández Peña ha sido señalado junto a sus activistas, como responsable de amenazar a Kevin Ramírez, ambientalista de la comunidad de El Listón, que se opone a la construcción de la represa hidroeléctrica propiedad de Jhony Canahuati.
El activista de Juan Orlando Hernández, desprestigia la lucha de las comunidades y asegura que la gente que se opone al desarrollo del municipio es financiada por algunos grupos. Por su parte Kevin Ramírez, afirma que es el gobierno quien paga activistas para la aprobación de esos proyectos. “Claramente el activista me ha amenazado públicamente”, asegura Kevin quien ha sido obligado a salir de la comunidad junto a su familia. Además en 2015, la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH) le otorgó medidas de protección al constatar dichas amenazas.
El departamento con más concesiones mineras
El departamento de Santa Bárbara en el occidente hondureño es el departamento con mayor inserción de la industria minera. Con un total de 98 empresas de 537, que son en el país, según el informe del Observatorio de Bienes Naturales y Derechos Humanos, del Centro Hondureño de Promoción para el Desarrollo Comunitario (CEHPRODEC) publicado en 2015.
Sólo a American Pacific de Honduras Inc, de origen canadiense, se le han otorgado 45 concesiones mineras, todas metálicas. Estas concesiones a American Pacific de Honduras, representan un total de 22,607.96 hectáreas. La empresa, fundada en 2011, tiene como principal objetivo, la extracción de metales en los departamentos de Santa Bárbara y Choluteca.
Treinta y cinco, de las concesiones otorgadas a American Pacific de Honduras en el occidente hondureño están en los municipios de Concepción del Sur, San Pedro Zacapa, Santa Bárbara, y Macuelizo. Hasta el año 2013, la empresa canadiense tenía diecinueve concesiones en categoría de “suspenso” en los municipios de Ceguaca, Concepción del Sur, Santa Bárbara, y San Pedro Zacapa.
Además a la trasnacional minera “Aurora Exploración”, le otorgaron tres concesiones en el departamento de Santa Bárbara, dos en el municipio de Quimistán, en la zona de Pinal II de 1,000 hectáreas y en la zona de Zopilote de 400 hectáreas, una tercera en el municipio de San Marcos, en la zona de Zarnoso con 800 hectáreas. Otras concesiones a Aurora Exploración en los municipios de Petoa y Macuelizo en Santa Bárbara se encuentran en solicitud para ese año.
“Hay municipios que podrían desaparecer completamente”, asegura Betty Vásquez del Movimiento Ambientalista MAS, un espacio que aglutina a las comunidades defensoras de la madre tierra. Betty denuncia que el gobierno de Juan Orlando Hernández, ha irrespetado la autonomía de los municipios y el Convenio 169 de la OIT, ya que Santa Bárbara se compone de comunidades indígenas Lencas.
Incrementan las amenazas
La privatización total de carreteras a nivel nacional incrementa cada día más y ahora Santa Bárbara está en la mira. El gobierno de Juan Orlando Hernández ha informado de la construcción del “Corredor de Occidente”, un proyecto promovido por La Comisión para la Promoción de la Alianza Público-Privada (COALIANZA), que arrastrará más casetas de peaje.
“El Corredor del Occidente” comunicará a Chamelecón con Naco, en Cortés, y de allí a La Ceibita y La Entrada, Copán, y desde ese punto hasta El Florido, zona fronteriza con Guatemala.
En la primera quincena de noviembre, la Secretaria de Infraestructura y Servicios Públicos (Insep), se hizo presente en las comunidades de San Bárbara con el objetivo de informar sobre la construcción de este corredor que iniciará en 2017, con un costo de 70 millones de dólares, los cuales serán recuperados a través de casetas de peaje. Además que los trabajaros comenzarán el 2017.
Eunice Ramírez regidora municipal de Macuelizo, Santa Bárbara, afirma que de 54 comunidades afectadas con la instalación de peajes, solo se invitó a cinco para socializar la concesión de las carreteras. “No han socializado ni consultado a las comunidades”, dice la regidora asegurando que dicho proyecto empobrecerá más la vida de las personas en el occidente.
Actualmente el gobierno ha implementado dos corredores: El Logístico y el Turístico. El logístico está en la carretera CA-5, que va desde Puerto Cortés a la Villa de San Antonio, en Comayagua y de ese punto se divide entre Tegucigalpa y el “Canal Seco”, que comunica con El Amatillo, en Goascorán, Valle.
El Turístico que va desde La Barca y San Pedro Sula a El Progreso, Yoro y de este punto se dirige a Tela, Atlántida, con una ampliación a cuatro carriles. Hasta el momento estos corredores han generado la construcción de siete casetas de peaje. Sin embargo, el gobierno ya hecho oficial la construcción del Corredor de Occidente, del Pacifico, del Oriente y el corredor Lenca y Agrícola. Lo que implicará casetas de peajes en cada esquina de Honduras.
Ante esta situación, las acciones de protesta ya comenzaron. Las organizaciones comunitarias aglutinadas en el Patronato Regional de Occidente, PRO, desarrollaron una toma de la carretera a la altura de la Seis de Mayo, Macuelizo, interrumpiendo el tráfico en carretera internacional que comunica a Honduras con Guatemala y El Salvador. La toma duró cuatro horas y los representantes de las comunidades aseguraron continuar con las acciones de protesta en defensa de la soberanía territorial.
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