Por Javier Suazo
Honduras y la mayor parte de los países latinoamericanos no han podido superar la demagogia del discurso político que antecede la fecha de celebración de elecciones internas de los partidos inscritos y las elecciones generales, donde esta demagogia se convierte en uno de los instrumentos para alcanzar o perpetuarse en el poder.
Después de la crisis económica y financiera de la década de los 80s, con la llamada crisis del Estado del bienestar, las alianzas entre grupos de poder económico, dirigentes políticos (cúpulas de los partidos tradicionales) y prensa mediática, han hecho posible que los discursos sean cada vez más creíbles aun cuando las realidades demuestren lo contrario. Allí donde hay problemas de pobreza y desempleo, los dirigentes y candidatos a cargos de elección hablan de menos pobres y desempleados, atribuido a los logros de costosos programas de compensación social apoyados por los OFIs, la flexibilización del mercado de trabajo y legalización de los empleos espurios de medio tiempo poco remunerados.
El gobierno de la Republica está vendiendo en el exterior una imagen de país que no corresponde a la realidad ni a la percepción que tienen los ciudadanos. Una encuesta elaborada por la UNAH a través de alumnos de la Carrera de Desarrollo Local, muestra que en Tegucigalpa y San Pedro Sula, las ciudades más importantes del país, ocho de cada diez entrevistados manifiestan su inconformidad con la situación suya, familia y del país, donde los problemas de falta de empleo, comida y pobreza son los más relevantes, incluso más allá de los atribuidos a la inseguridad ciudadana y la violencia (UNAH: 2016). Igual consideran que estos problemas reales han aumentado después del golpe de Estado en junio de 2009, sin que las políticas y programas de gobierno tengan el impacto deseado
Esta imagen también se vende a lo interno del país. En ambos casos (externo e interno), se promociona el Plan 20/20 como el principal instrumento para atraer inversión extranjera, la Marca País y la Trasformación de Honduras en el Corredor Logístico de América. Esto se complementa con el programa compensatorio Vida Mejor, la promesa de una Banco Agrícola (fusión de dos bancos) que supuestamente masificaría los créditos y la asistencia técnica a los campesinos, indigencias, microempresarias y personas sin acceso a una vivienda digna.
Estas promesas como parte del discurso político reeleccionista, tienen gran acogida en las dirigencias de las organizaciones gremiales, campesinas y empresariales, organizaciones de sociedad civil e incluso en la academia, ya que es una manera de legitimarse frente a sus bases, conseguir dinero del Estado y estar bien con el Presidente Hernández. Sin embargo, las malas experiencias habidas con el incumplimiento de las promesas, hacen que los ciudadanos desconfíen de los dirigentes políticos. Aunque esta percepción no es compartida por dichos líderes, ya que cada vez se está asistiendo a la inauguración de una obra y entregando bonos, camisetas, zapatos y eco fogones con fondos públicos, lo cierto es que la magnitud de los problemas enfrentados se impone como una realidad que resulta difícil de cambiar, por lo menos en un periodo de gobierno y con políticas económicas, sociales y sectoriales de corte neoliberal.
La pobreza en Honduras aumentó de 58.8% en 2009 a 63.1% en 2016 (datos estimados con cifras de FOSDEH; 2014). Es evidente que los programas de compensación social ayudaron a bajar la pobreza extrema, pero la pobreza de ingresos como tal se resiste a bajar y ha aumentado. Los dirigentes políticos no pierden tiempo en indagar (analizar es mucho pedir) los factores causales que explican este aumento, pero es evidente los problemas que enfrenta el país para canalizar recursos de inversión productiva y social a favor de los más pobres, pequeños productores y microempresarios, que posibilite un uso racional de los recursos disponibles (tierra y bosque incluidos), mejoraras sustanciales en el acceso masivo a tecnologías productivas, y en la educación técnica.
La Población Económicamente Activa (PEA) ha aumentado al representar 3.9 millones de personas, de las cuales 62.5% enfrentan problemas de empleo. A falta de una política nacional de inversiones públicas de largo plazo, y de incentivos para la inversión privada no discriminatorios y trasparentes, los problemas de empleo acompañaran al próximo gobierno de la República y a los que vienen, en caso que se siga con una política ya fracasada en otros países. ¿Qué tan malo puede ser que la inflación aumente en dos o tres puntos, si con ello se generan más de 20,000 puestos de trabajo?
Como resultado de la aplicación de un modelo de corte neoliberal a “pie juntillas” avalado por el FMI, se evidencia un recorte en los gastos asignados a los programas de educación y salud. El gasto bruto en educación y salud como porcentaje del PIB bajó de 9.8% en 2009 (FOSDEH: 2016) a 7.1% en 2015 (Suazo: 2016). En términos de su participación en el gasto total, esta disminución fue de 28.7% en 2009 a 18.2 % en 2016 (estimado). A ello se debe el interés del gobierno de la República por aprobar y dar plena vigencia a la Ley General de Educación y conexas (reglamentos) y nueva Ley de Seguridad Social y otras conexas, que permita restituir estos recursos retirados por el Estado a educación y salud con la participación de actores privados y mayores tasas de contribución (pago de matrícula y aumento de tarifas) para los ciudadanos que usas los servicios (léase: privatización de la salud y educación).
Uno de los temas más publicitados por el gobierno, es la reducción del déficit fiscal de -7.9%/PIB en 2013 a -3.6%/PIB en 2016, aunque por debajo de la meta con el FMI de -3.2%/PIB. Nadia discute que es mejor tener un déficit fiscal bajo, o sea mayor equilibrio entre ingresos y gastos, pero la crítica es el cómo (instrumentos y medidas para lograrlo), hacerlo. En Honduras esta reducción va acompañada de la pérdida creciente de institucionalidad pública y debilitamiento del Estado, con el agravante de una caída futura del PIB real y potencial en sectores dinámicos como la industria y agricultura; pero además, con una pérdida de los salarios por aumento de los precios y devaluaciones programadas.
Las felicitaciones al gobierno por los OFIs no se han hecho esperar, ya que también bajó la inflación de 4.9% en 2013 a 4.5% en 2016, y el endeudamiento (aunque alto) total de más de 10,000 millones de dólares (arriba de 50%/PIB) es manejable según los técnicos y políticos que aspiran a reelegirse.
Otra buenaventura de los políticos de cara a la contienda electoral, es la mejora en la administración tributaria al desechar una institución corrupta y poco trasparente con la Dirección Ejecutivo de Ingresos (DEI) y crear una nueva; pero sobre todo la mejora en la recaudación de impuestos donde todos pagan, incluso los informales. Un reflejo de estas reformas y del aumento del impuesto sobre ventas (15%), es la mayor presión tributaria (arriba de 17%) que posibilita al país destinar recursos a combatir la inseguridad ciudadana y pagar las deudas. Estas reformas ocurren sin conocerse quienes son los evasores y ladrones del fisco, cuanto deben o robaron y que acciones debe ejecutarse para que paguen lo que deben y vayan a la cárcel.
Honduras está cambiando, se repetirá una y otra vez en la campaña política que se avecina. No importa a quienes benefició y beneficia ese cambio. Las condiciones de reproducción material de la familia hondureña son y serán cada vez más difíciles, pero eso es lo malo de la película que no se debe ver ni escuchar. Un espacio se abre para los líderes de la oposición al presentar una realidad distinta que enfrentan la mayoría de las hondureñas y hondureños, pero aun no se está preparado para aprovecharlo, ya que ha resultado difícil que los “lideres” se pongan de acuerdo para sacar un candidato único a la presidencia de la República.
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