Por Alex Flores
Norma ha sido una herramienta importante para combatir la corrupción. Sin embargo, todavía no se convierte en el instrumento que obligue a funcionarios a rendir cuentas a cabalidad.
La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LTAIP), que este año cumple una década de creación, representó un avance en la lucha contra la opacidad en la administración estatal, aunque la legislación tiene diversos vacíos que facilitan que los funcionarios continúan con operaciones oscuras.
Mediante el uso de esta ley se ha logrado descubrir abusos en la administración pública, pero también que se blinde o se declaren secretas algunas informaciones, en beneficio de sectores que procuran no rendir cuentas.
Esta norma permite entre otras cosas, que cualquier ciudadano solicite información sobre el uso de recursos o tenga acceso a resoluciones de las instituciones que manejen fondos públicos.
Existen 191 Instituciones Obligadas (IO) a nivel de gobierno central, instituciones descentralizadas, centralizadas, desconcentradas y empresas públicas y alcaldías municipales entre otras que deben de cumplir con este tipo de requerimientos.
El Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) fue creado por mandado de esta ley como órgano vigilante de cumplimiento de la norma, al que se le dieron atribuciones sancionadoras contra los que incumplan la misma.
En el informe Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Experiencia de Occidente, sistematización de consulta a personas vinculadas con la experiencia, elaborado en 2005 por el Comité para la Libre Expresión (C Libre) se establecieron una serie de aspectos que dificultaban el acceso a la información púbica y, por tal razón, un impedimento para la rendición de cuentas.
Entre los motivos se indicó la falta de voluntad política de compartir información, el centralismo, las versiones institucionales, practicas subterráneas de detener la salida de la información, y la falta de sistemas de información en las instituciones públicas.
Este documento fue una de las bases que usó C Libre y otras organizaciones de la sociedad civil para exigir la creación de la LTAIP.
La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LTAIP) fue aprobada el 26 de noviembre de 2006 en medio de algunas oposiciones de sectores políticos que todavía se mantiene renuentes que la sociedad sepa cómo se maneja la cosa pública.
Los “grandes éxitos” de la Ley de Transparencia
Varios periodistas y organismos de la sociedad civil han hecho uso de la Ley de Transparencia para descubrir actos de corrupción y situaciones de uso ineficiente de los fondos del Estado, generando al menos en algunos casos, cambios positivos para el país. Aquí, algunos de los más destacados:
Destapando mafias en el suministro de medicamentos a los hospitales públicos
Con peticiones de información se han logrado descubrir, por ejemplo, que en la Secretaría de Salud, una mafia de corruptos fraccionó licitaciones de productos que fueron sobrevalorados en el gobierno pasado.
Mediante estas licitaciones se pagaron unos 88 millones de lempiras a familiares de la exsecretaria general de Salud, Cristina Díaz, de acuerdo a los documentos obtenidos por solicitud de información hecha por periodistas de El Heraldo.
La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) y el movimiento Transformemos Honduras también hicieron diversas investigaciones sobre la forma en que una decena de empresas tenían captado el mercado de ventas de medicamentos al Estado, muchas veces vendiéndolos por precios inflados y en algunos casos aprovechando del fraccionamiento de compras para hacer contratos directos.
También Transformemos Honduras investigó, haciendo peticiones de información, la forma en que el exministro de Salud, Arturo Bendaña, manipuló la Ley de Contratación de Estado, para hacer compras de emergencias de medicamentos por 200 millones de lempiras.
Bendaña recibió, al inicio de su gestión en 2010, un informe de la Comisión Interinstitucional para la Compra de Medicamentos en el que se establecieron los procedimientos para adquisiciones de medicamentos mediante licitaciones.
Pero el exfuncionario esperó 100 días desde que tomo posesión de su cargo para solicitar al Consejo de Ministros que declarara un estado de emergencia que le posibilitó hacer las compras directas.
El resultado de estas y otras indagaciones fue que se aplicaron nuevas políticas de contratación, como la creación de un sistema de compras bajo protocolos de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS, por sus en inglés).
En el proceso de compra se establecieron como veedores a la sociedad civil, encabezada por ASJ.
Destapando el caos permitió imponer más orden en las escuelas publicas
Mientras, Transformemos Honduras documentó, mediante el uso de la LTAIP, el favoritismo y acuerdos irregulares que primaron en la contratación de maestros en la Secretaría de Educación entre 2011 y 2014 .
Miles de docentes que obtuvieron un buen rendimiento en los exámenes que se les aplicaron en concursos públicos no fueron contratados, pero sí otros cuyas notas en las evaluaciones fueron deficientes.
Los resultados de estas indagaciones constan en el Informe Línea Base de la Secretaria de Educación.
En total fueron contratados 1,332 docentes en diferentes niveles sin reunir los requisitos, de acuerdo a la documentación obtenida
Por su lado, con peticiones de información, se probó que, por ejemplo, había profesores que recibían bonos por dar clases en La Mosquitia, pero que en realidad estaban en Tegucigalpa.
Este tipo de revelaciones fueron parte de las razones por las cuales el expresidente Porfirio Lobo destituyó al entonces ministro de Educación, Alejandro Ventura, y en su lugar nombró Marlon Escoto en 2012.
Congreso obligado a rendir cuentas sobre subsidios
Por otro lado, los diputados del Congreso Nacional se vieron obligados a entregar informes de los subsidio departamentales que recibían.
El requerimiento de información lo hizo la periodista Eleana Borjas en 2010, cuanto ella laboraba para Revistazo, pero en primera instancia la petición fue denegada, por lo que la comunicadora interpuso un recurso de revisión ante el IAIP y así obtuvo los documentos hasta en 2012.
Secretaría de Seguridad obligado a rendir cuentas
De igual manera, con el uso de la Ley de Transparencia se pudo modificar un acuerdo de secretividad que el IAIP había concedido a la Secretaria de Seguridad para blindar la información de las contrataciones.
El acuerdo fue emitió en 2010 y le daba a Seguridad la potestad de no rendir cuentas sobre las compras que hacía, pero un usuario de la ley solicitó revisar la resolución, por lo que la misma fue cambiada, de tal suerte que se estableció que esa dependencia brindara versiones públicas sobre sus adquisiciones, como por ejemplo, los montos de los equipos.
Manzanares: “Hay más información en portales”
En términos generales, la Ley ha generado varios resultados positivos. A criterio del comisionado del IAIP, Gustavo Manzanares, ahora existe un mayor compromiso de los servidores públicos en aplicar la transparencia activa, que consisten en difundir información sin necesidad de peticiones o requerimientos.
Ahora las peticiones de información, los recursos de revisión han reducido porque ya hay más información en portales”, aseguró a Revistazo Manzanares, quien dijo que no conocía las cifras de solicitudes y recursos.
images
Gustavo Manzanares
También alabo que en el último informe de verificación de Portales de Transparencia se constata que 77 instituciones obligadas lograron un 100 por ciento de cumplimiento.
La creación del Portal Único de Transparencia, en donde están aglutinados todos los portales de las instituciones, es otro avance, afirmó.
No obstante, las instituciones obligadas que se encuentran alojadas en este portal, quitaron toda la información que se generó antes de 2010, lo que dificulta la investigación sobre la operatividad y transparencia estatal.
Donde ha quedado corto
La Ley de Transparencia contiene disposiciones que permiten blindar información por 10 años si a juicio de los ministros o directores de instituciones, hay riesgo de que atenten contra la seguridad del Estado, negociaciones internacionales o investigaciones judiciales.
Pero este argumento ha servido de base para que algunas instituciones clasifiquen información de forma arbitraria, como ha sido en caso de documentos clasificados por la Secretaria de Seguridad sobre licitaciones.
Por su lado, la Ley de Secretos Oficiales, aprobada en 2014, le da la facultad a los titulares de cada ente del Estado, al Presidente y al Consejo de Defensa, a clasificar información de acuerdo a cuatro categorías.
La primera categoría es la de reservada y se fija cuando exista riesgo de que la divulgación de información tenga “efectos institucionales no deseados”, por lo que estará clasificada durante cinco años.
La información confidencial, que es el segundo nivel se decretará en caso de que un dato pueda provocar efectos negativos a la seguridad nacional. Su reserva será de 10 años.
El nivel secreto para una información se aplicara cuando pueda provocar “serios danos internos y externos” y será reservada por 15 años.
Por su lado, permanecerá en secretividad la información que se catalogue como ultra secreta, o sea que provoque un perjuicio excepcionalmente grave a la seguridad nacional y por tal motivo no será de conocimiento público por 25 años.
El informe Gestión de monitoreo para la incidencia de Acceso a la Información Pública hecho por C-Libre en 2011, concluyó que “es posible que la LTAIP simplemente venga a sumarse a los extensos instrumentos jurídicos que gozan de desuso en Honduras y más bien, en vez de combatir la corrupción y promover mayor transparencia y rendición de cuentas, genere un sinnúmero de nuevas tareas y desafíos para una administración pública ya sobrecargada con procedimientos y obligaciones”.
Si el poco uso de esta Ley—por cierto limitado, pero sin embargo poderoso—por actores más allá de un grupo limitado de ONGs y periodistas expertos en el tema se puede calificar como un retraso, otro es la falta de cumplimiento pleno de las mismas instituciones obligadas y el IAIP.
En aplicación de la LTAIP se hizo, por parte del IAIP, la redacción y publicación desde 2012 de 8 Informes de Verificación de la Información de Portales de Transparencia, que dan cuenta del interés de cumplimiento de la Instituciones Obligadas al artículo 13 de la LTAIP.
La LTAIP permitió que los partido políticos, como entidades que reciben fondos públicos, estuvieran obligados crear Portales de Transparencia, aunque casi ninguno cumple con divulgar información de oficio y por ello en varias oportunidades han sido sancionadas.
La falta de efectividad de la ley para controlar el uso de fondos de los partidos políticos quedó en evidencia durante el gobierno pasado con la transferencia que de recursos a favor del Partido Nacional de parte de empresas que estafaron el Instituto Hondureño de Seguridad Social. Aunque la LTAIP obligaba al Partido Nacional a informar sobre ese tipo de transacciones, no lo hizo y no hubo ninguna sanción al respecto.
Uno de los grandes obstáculos que tiene la LTIAP es que los recursos de revisión que se interpone cuando se niega una información se resuelven tardíamente y el caso se dilata más cuando se interponen recursos de amparo.
“Un recurso de revisión, si el caso va en amparo puede tardar tres años, ya ha pasado, y esos es uno de los aspectos que buscamos cambiar con algunas reformas”, dijo el comisionado Manzanares.
Un vacío que tiene la LTAIP es que cuando se realizan diligencias investigativas para resolver un recurso de revisión, el plazo de 10 días que fija la norma para que se emita un fallo se suspende indefinidamente.
Existen recursos de revisión que han tardado hasta seis meses en resolverse.
Cómo mejorar la Ley actual
Para la periodista Wendy Fúnez, una de las mayores usuarias de la LTAIP, los avances en materia de transparencia que ha permito esa ley son importantes, pero se requiere que la ciudadanía este mas empoderada sobre los accesos que permite la norma.
Recomendó que los Oficiales de Información Publica dependan financieramente del IAIP para que tengan más independencia, ya que actualmente son subordinados de las entidades donde laboran.
……………………………………
Conflictos
La expresidenta del IAIP, Elizabeth Chiuz Sierra renunció en 2009 al acusar a los otros dos comisionados, Arturo Echenique y Gilma Agurcia de aliarse para quitarle poder y que tenían constantes discusiones.
También la expresidenta del IAIP, Doris Madrid, dimitió en 2015. Dijo que se iba por que había cumplido un ciclo, pero luego reveló que fueron por pleitos con los comisionados Damián Pineda y Gustavo Manzanares lo que generó su salida.
Doris Madrid
No hay comentarios:
Publicar un comentario