Capitalismo y derechos humanos

Alainet.org

Por Juan López *

Economía, guerra y la esperanza

Los países imperialistas crearon las condiciones económicas y políticas de una crisis y llevaron al campo militar, cerrando un capítulo en 1945, con muchos millones de muertos y con saldos incuantificables en términos económicos en los países involucrados en la guerra, con Estados Unidos convertido en la superpotencia que en adelante dicta las pautas para la paz y para la guerra en el mundo. ¡Cuánta esperanza surgió también en la humanidad cuando se creó la Organización de Naciones Unidas! ¡Cuánta esperanza renace cuando la ONU hace su declaración Universal sobre los Derechos Humanos el 10 de diciembre de 1948! Por eso, este día es un momento para detenerse y pensar en las condiciones actuales en que se mueve la vida de las especies en el planeta, entre ellas la vida de la especie humana.

Sesenta y ocho años después de la declaración, la situación no es diferente en el mundo. Los instrumentos más avanzados del derecho internacional siguen durmiendo en los tribunales y manoseados por el huracán del capitalismo en su versión neoliberal y transnacional en la actualidad. La Declaración, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos que constituyen la carta universal de derechos humanos siguen siendo instrumentos que maquillan la legislación nacional en nuestros países. Mientras la economía capitalista corre en jet, la aplicación práctica gubernamental de los instrumentos internacionales y nacionales en la garantía de los derechos humanos apenas corre en carreta de bueyes, pero se mueven.  Honduras es suscriptor de muchos tratados sobre derechos humanos, es un país en el que el Estado se hace responsable de promover, garantizar y proteger los derechos de las personas.

Las condiciones básicas para la existencia humana

Hay unas condiciones básicas para garantizar la existencia de toda persona y de toda sociedad, las sociedades en las cuales el Estado no garantiza esas condiciones, caminan hacia el colapso. La primera condición o derecho humano, es la alimentación; toda persona necesita alimentarse para tener las energías necesarias y desarrollarse en las demás facultades humanas, si un ser humano no come, se muere.

La segunda condición o derecho es el techo, toda persona necesita un techo para protegerse del sol y la lluvia, de lo contrario su vida está amenazada por múltiples enfermedades y por tanto, la muerte.

La tercera condición o derecho es el vestido, a nadie se le ocurre caminar desnudo por las calles de la ciudad, el parque o el centro comercial. El vestido es una condición dignificante.

La cuarta condición es el trabajo, nada cae por arte de magia, todo lo que existe sobre este planeta es fruto del trabajo y como tal debe estar garantizado y protegido. El ser humano debe tener garantizadas las condiciones para producir su vida material, si una sociedad para de trabajar, va a escasear todo y sufrirá el colapso social, material y espiritual.  

La alimentación, el techo, el vestido y el trabajo constituyen la base de la amplia gama de derechos consignados en la legislación internacional y nacional. Derechos que no pertenecen por el hecho de estar consignados en leyes y tratados, sino por cuanto somos seres humanos, de carne y hueso. Estas condiciones marcan la pauta para la garantía de los demás derechos, de nada sirve pensar en la escuela, el colegio o la Universidad. Tampoco en el hospital, el médico y la medicina, ni en la industria y la comunicación, ni la seguridad y la recreación si esas cuatro condiciones están ausentes. Ninguna persona puede estudiar con el estómago vacío, ni cantar o manipular un instrumento si esta con hambre. Ni el policía y el militar, ni el juez y arquitecto, ni el legislador y el barrendero, ni el diplomático y el religioso, ni la niña o el niño, ni el joven, la mujer y el anciano podrían desempeñar sus tareas sin tener satisfechas esas necesidades básicas. La garantía de la alimentación, el techo, el vestido y el trabajo son la base para entrar en la política, el arte o la religión.

Capitalismo y derechos humanos en Honduras

En los 68 años de vigencia internacional de la teoría de derechos humanos, Honduras ha estado inmersa en un cúmulo de contradicciones que laceran las condiciones jurídicas, técnicas y políticas para garantizar al pueblo sus derechos. La Constitución de la Republica establece que; “Honduras es un Estado de derecho, soberano, constituido como Republica libre, democrática e independiente para asegurar a sus habitantes el goce de la justicia, la libertad, la cultura y el bienestar económico y social”. Junto al Estado responsable de la aplicación de los mandatos de la Constitución, se desarrollan aparatos o estructuras que entorpecen el funcionamiento del gobierno. Por ejemplo, junto al surgimiento de la actual Constitución, aparece el protagonismo de la cúpula militar y empresarial del país aglutinada en la Asociación para el Progreso de Honduras (APROH) en la década de los años ochenta. La APROH llegó a ser la estructura oficial de la cúpula empresarial que tenía a su servicio a la cúpula militar con Gustavo Álvarez Martínez al mando, desde allí y con su poder económico militar  torcieron la administración gubernamental, evitando un quiebre político que podía desestabilizar la economía capitalista. Además de los aparatos armados oficiales del Estado, la APROH como estructura estratégica en el marco de la doctrina de seguridad nacional apoyada por el Gobierno de los Estados Unidos significó la pauta para la recomposición del proyecto ultraconservador.

La violencia institucional

La alta vulnerabilidad económica, política, jurídica, social y cultural que contradice el artículo constitucional citado, se desprende de la violencia estructural del Estado. La recomposición de la economía capitalista en la década de los años noventa, en el marco de los planes de ajuste estructural impuestos por los organismos de financiamiento internacional encabezados por el Banco Mundial, impuso el capitalismo neoliberal como sistema supremo en el país. La teoría y puesta en marcha de la modernización del Estado implicó el derrumbe de la legislación nacional que medianamente protegía los derechos económicos, sociales y culturales elementales del pueblo hondureño, particularmente lo relacionado a la distribución y tenencia de tierras en un país con alto porcentaje de población campesina, tal como lo expresa el artículo 344 de la Constitución que literalmente dice; “La reforma agraria es un proceso integral y un instrumento de transformación de la estructura agraria del país destinado a sustituir el latifundio y el minifundio por un sistema de propiedad, tenencia y explotación de la tierra que garantice la justicia social en el campo y aumente la producción y la productividad del sector agropecuario. Declárese de necesidad y utilidad pública la ejecución de la reforma agraria”.

Quebrada la válvula que mínimamente protegía la soberanía nacional, los gobiernos vienen profundizando la desigualdad económica, política, jurídica, social y cultural, destruyendo el tejido social y sembrando la incertidumbre, la desconfianza, el miedo y la violencia física. Para los grupos de poder fáctico del país, el Estado se convierte en el instrumento jurídico mediante el cual despoja al pueblo de su dignidad, sus derechos elementales y su soberanía. Estamos en una atapa de recomposición del capitalismo en Honduras. El surgimiento y reacomodo de nuevos grupos fácticos que controlan el Estado y definen los rubros productivos en la economía nacional, vinculados en su mayoría al extractivismo minero metálico y no metálico, la generación de energía y la entrega de la infraestructura vial y del sistema de salud y educación del país en calidad de concesiones. El país avanza en la consolidación de una nueva etapa del proyecto neoliberal plasmado en el Plan de Nación y Visión de país que surge del Consejo Hondureño de la Empresa Privada. Este proyecto, surgido de la estructura económica del país trastoca y condiciona el funcionamiento gubernamental a los intereses extraños y antinacionales que hacen imposible el desarrollo integral con justicia social en el país.

Un Estado y un gobierno que atenta contra los derechos humanos

Siendo países dependientes política y económicamente de los Estados Unidos, Honduras, junto a Guatemala y El Salvador, forman el triángulo norte de Centroamérica e integran la Alianza para la Prosperidad, una estrategia impulsada y financiada por el Gobierno de los Estados Unidos mediante la que buscan según el discurso mediático, combatir la delincuencia, el narcotráfico, la corrupción y la impunidad, que son el resultado de la insatisfacción de las condiciones básicas antes mencionadas. En realidad, según el comportamiento la Alianza significa una estrategia político- militar para el control de los territorios, las migraciones y la contención del movimiento popular alternativo y los procesos democráticos de los empobrecidos/as que se vienen gestando en el sur y al interior de nuestros países. La Alianza es la integración del proyecto económico de la empresa privada regional como apéndice de la estructura neocapitalista transnacional que reconfigura la estructura económica y fiscal, policial, seguridad, defensa e investigación. La empresa privada que controla el Estado y define el gobierno, reacomoda la legislación nacional para ponerla en sintonía con el proyecto económico que necesita para proteger su ganancia. Sabe que desde la concepción de democracia que predica el primer candado es de orden jurídico administrativo, el segundo es mediático-religioso y el tercero es militar, estos candados están institucionalizados en el país.

Con esta legislación la burguesía asegura la estabilidad de sus inversiones e intereses que se imponen en la agroindustria, la industria minera, el transporte, la energía, el agua, la infraestructura vial, la salud, la educación, las comunicaciones, la alimentación, en fin, en el control de la totalidad de la vida nacional. La estructura militar al servicio del poder económico adquiere mayor importancia en estas relaciones. Para el gobierno de Honduras es más importante un fusil y un uniforme militar que un lápiz, un cuaderno y una escuela. Un proyecto agroindustrial de exportación que la comida del pueblo, una industria minera que un ambiente sano. La imposición de su lógica dictatorial que la soberanía del pueblo, contradiciendo el artículo 5 de la Constitución y el articulo 1 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales que establece; “Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de este derecho establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su desarrollo económico, social y cultural. Para el logro de sus fines, todos los pueblos pueden disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales, sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la cooperación económica internacional basada en el principio de beneficio recíproco, así como del derecho internacional. En ningún caso podrá privarse a un pueblo de sus propios medios de subsistencia”. La injusticia social que surge de la concentración de la riqueza en pocas manos profundiza la pobreza que tiene bajo amenaza alrededor del 70% de la población, y la miseria atenta contra más del 45% de la población que sobrevive con menos de un dólar al día, según los mismos organismos financieros internacionales.

Los Derechos Humanos o corporativos

Es deber constitucional del gobierno la promoción y protección de la vida. La garantía de las condiciones elementales para el desarrollo humano, social y cultural de la población. Sin embargo, lo descrito anteriormente constituye la base de un sistema que violenta los derechos humanos sometiendo a la niñez, la juventud, la mujer y el pueblo empobrecido en general a las condiciones más degradantes y vergonzosas en nombre de la democracia, el desarrollo económico, la justicia y la libertad. Están violentadas las condiciones básicas para la existencia de la sociedad; la alimentación, el techo y el trabajo. De esa manera desaparece la vigencia de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en Honduras, y en su lugar se impone la declaración individual y transnacional de los derechos corporativos. Todo se somete al imperio de la economía capitalista;

Según la lógica capitalista, todo debe ser mercancía y debe producir riqueza. En ese contexto también el concepto de derechos humanos es convertido en una mercancía inmaterial dentro de la estructura de producción material. También los empresarios con su crecimiento económico exponencial mediante la explotación de los y las trabajadoras, hablan de derechos humanos e incluso crean unidades para la queja y la denuncia de la población atropellada. ¡Nada más ridículo en este tema! El victimario defendiendo a su víctima. Política y jurídicamente el pueblo se encuentra en un estado de indefensión absoluta. El sistema judicial se mueve entre el mercado y la bolsa de valores, entre el comercio de la justicia y el bolsillo. Allí donde se ha perdido toda posibilidad de investigación seria, administración de justicia y seguridad de manera transparente, el Estado en la persona del gobierno que lo administra permite y se hace cómplice de la violencia que campea impune en el país. Honduras es el país de Centroamérica con el mayor índice de homicidios, según los datos del mismo gobierno, hay 59 homicidios por cada cien mil habitantes, una cifra que supera en alrededor del setecientos por ciento el índice de homicidios admitido internacionalmente. El crimen y la impunidad son el pan de cada día de las familias más empobrecidas, una realidad que contrasta con la pesada estructura policial y militar que consume el más alto porcentaje del presupuesto nacional.

El Banco Mundial y sus socios en el Aguán

En los dos últimos años, el BM a través de un organismo no gubernamental con sede en Washington impulsa un proceso de diálogo en busca de una posible salida al conflicto agrario del Bajo Aguán, cuya matriz está plasmada en la hoja de ruta del Bajo Aguán (HRBA). Sus cuatro ejes (Derechos Humanos, crimen e impunidad, tierra y conflictos y desarrollo inclusivo) son como cuatro ruedas que mueven el proyecto económico empresarial que el BM, a través de la Corporación Financiera Internacional,  financia a Corporación Dinant y otras empresas con la complicidad y protección del gobierno nacional. Este instrumento solo hace recordar nuevamente el instrumento de la APROH presentado ante el gobierno en 1982 por el extinto gerente propietario de Dinant con el nombre de “plan de acción inmediata” de donde se deriva la Ley para la Modernización y Desarrollo del sector Agrícola que derrumbo el cooperativismo campesino y otros campos de la administración pública nacional. Un proyecto construido en las oficinas de los empresarios y asesorados por técnicos internacionales. El mismo personaje, en representación del poder económico empresarial del país, presenta ante el gobierno en 1996 el “gran proyecto de transformación nacional” y hace lo mismo en el año 2006 cuando presenta ante el gobierno en la localidad de Farallones el “plan de inversiones productivas de inmediata realización”. En ese marco se puede entender el plan de Nación y Visión de País como un instrumento de planificación del proyecto económico de la elite empresarial del país que define el camino hacia donde se orienta.  

En medio de todo este laberinto de contradicciones, hay que saludar la lucha cotidiana y la esperanza del pueblo que sobrevive en condiciones infrahumanas. Esta situación social, económica, política, jurídica y administrativa constituye violación a los derechos humanos. El Estado y gobierno hondureño,  al permitir y crear las condiciones para que se den los horrendos crímenes administrativos y físicos,  acentúa la violación de la Constitución de la República, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Convenio 169 de la OIT, la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción, la convención sobre los derechos del niño/a, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, entre otros, de los cuales el Estado de Honduras es suscriptor y por tanto se convierte en el único responsable de los crímenes y violaciones a los derechos individuales y colectivos.

Teológicamente, cabe decir lo mismo que el bautista en el Jordán, “raza de víboras, ¿creen que se van salvar de la catástrofe que se aproxima? Muestren pues los frutos de una sincera conversión. El hacha ya está puesta al pie, árbol que no da frutos buenos es cortado y echado al fuego”. La sentencia evangélica tiene destinatarios concretos. En su momento Fariseos y Saduceos, propietarios de la religión, la ley y la política. Ahora: gobierno, empresarios, diplomacia y elites religiosas que protegen y prefieren el capitalismo con su propiedad privada sobre los derechos de la humanidad. La esperanza no muere, la iniciativa de derechos humanos está allí, creciendo en silencio y pronto será un árbol donde la paz será producto de la justicia y la alegría nos hará escribir algo diferente.

10 de diciembre 2016

* Delegado de la palabra y pedagogo