La Asociación para una Ciudadanía Participativa, Aci-Participa, presentó su informe anual sobre la situación de los defensores y defensoras de los Derechos Humanos en el que reveló que más de 30 personas murieron de manera violenta por defender la vida y los recursos naturales.
“En el informe se hace un recuento de todas las personas que han sido asesinadas, que han sido agredidas, que han sido criminalizadas y judicializadas” dijo Edme Castro, coordinadora de Aci-Participa.
“Tenemos un total de 32 personas defensoras de Derechos Humanos asesinadas, 18 de ellas son defensores reconocidos en diferente clasificaciones” explicó Castro.
Los agresores
De acuerdo al informe, en 2016 las principales agresiones fueron cometidas por la Policía Nacional, la Policía Militar, las Fuerzas Armadas y las empresas mineras.
“Hay que decir que los militares y los policías han sido los instrumentos de los autores intelectuales de la represión que siguen siendo los tomadores de decisión” manifestó el director de Casa Alianza Honduras, José Guadalupe Ruela.
La coordinadora de Aci-Participa, Edme Castro, explicó que han incluido en el informe a cinco personas de la Tribu Tolupanes que han sido asesinados y nueve personas que también son defensoras de Derechos Humanos entre ellos presidentes de patronatos de diferentes lugares donde hay mayor concentración de personas. “Estas personas están defendiendo algún derecho como el derecho al agua por ejemplo” dijo Castro.
Terreno movedizo
El abogado Joaquín Mejía, doctor en Derechos Humanos e integrante del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (Eric) de la Compañía de Jesús, expresa que existe un contexto que nos hace ver y plantear una realidad donde hay todas las formalidades de la democracia representativa.
“Sin embargo nos encaminamos a un régimen que, a todas luces, tiene tintes de autoritarismo, y en ese sentido podemos ver cómo hay un control casi absoluto de la institucionalidad democrática particularmente de las instituciones del sector justicia y seguridad” analizó Mejía.
Para el pastor Rigoberto Ulloa, del Observatorio Ecuménico Internacional por los Derechos Humanos, arriesgar la vida vale la pena para defender los Derechos Humanos. “Creemos que los defensores de Derechos Humanos estamos haciendo lo correcto y debemos hacer dobles esfuerzos, obviamente la vida nuestra está en riesgo pero así es, si no vivimos para servir no servimos para vivir” dijo el Pastor Ulloa.
Entre el blanco de la represión se cuentan a los estudiantes universitarios. “Hay alrededor de 104 jóvenes estudiantes que han sido criminalizados a lo largo y ancho del país por querer tener una cuota de participación y democratizar la universidad” dijo Edme Castro de Aci-Participa.
El informe caracteriza que la comunidad LGTBI y la población que se atreve a defender sus derechos se han convertido en actores a reprimir por parte de las fuerzas del Estado.
Dos instituciones internacionales
Debido a que la institucionalidad está tan débil debido a su acaparamiento por parte de los políticos y corruptos, se han instalado dos instancias que tienen como misión adecentar la justicia hondureña. Se trata de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras, Maccih.
“Son dos instancias que son elementos nuevos, son elementos que están lejos de la órbita del control del poder ejecutivo y que de una u otra forma vienen a distorsionar ese paisaje de control absoluto y subordinación de la institucionalidad democrática” reflexionó el abogado Joaquín Mejía.
Mejía concluye que la presencia de la Oficina del Alto Comisionado como la Maccih en Honduras refleja algo fundamental: que las instituciones en Honduras encargadas de combatir la corrupción y la impunidad no han funcionado, han sido un fracaso, y por eso es necesario que la comunidad internacional intervenga a través de la instalación de esos dos mecanismos.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos es de reciente instalación en el país mientras que la Maccih ya lleva seis meses y enfrenta serios cuestionamientos por los raquíticos resultados obtenidos.
“Seis meses es muy poco, hay que darle tiempo a la Maccih, hay que darle tiempo para que se fortalezca, para que tome fuerza y el impulso y haga prevalecer su mandato que es un convenio firmado por el Estado de Honduras y por lo tanto es de obligatorio cumplimiento” dijo el doctor Joaquín Mejía.
Para el director de Casa Alianza Honduras, José Guadalupe Ruela, en el país hay varias instituciones, hay varios mecanismos, hay leyes, pero el problema real de Honduras es no son las leyes.
“El problema es que en Honduras los funcionarios y las autoridades tienen más poder que la ley. El problema es que hay personas que se creen dueñas del poder, entonces por más instituciones y mecanismo que tengamos siempre nos encontramos con personalidades que manejan poder y que tienen autoridad más que ellas mismas” dijo Ruela.
Futuro con esperanza
Aunque el futuro sea incierto y el gobierno siga con una línea dictatorial y represiva, la ciudadanía debe mantener la esperanza con las expresiones democráticas señala el pastor Rigoberto Ulloa.
“El futuro es bastante incierto, como dijo un poeta “la cuesta se ve ardua, el camino se ve duro”, pero creo que en medio de toda esta situación difícil debemos de levantar esperanza, obviamente el gobierno seguirá con su línea represiva, con su línea dictatorial, y solamente el pueblo en las calles y solamente el pueblo unido podrá hacer reflexionar al dictador” manifestó el Pastor Ulloa.
José Guadalupe Ruela es de la idea que, de cara al temor que este gobierno le tiene a la ciudadanía con sus expresiones de democracia, no se puede esperar más que mayor cierre de espacios y más represión. “Pero de igual manera vamos a esperar que también los jóvenes, las mujeres, los indígenas, hombres, trabajadores, campesinos, todos vamos a levantar la voz también” dijo Ruela.
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