Asesinatos, amenazas y criminalización es la realidad cotidiana para las personas defensoras de derechos humanos en Honduras. Las autoridades hondureñas deben mostrar una real voluntad política para hacer frente a esta crisis, según denunciaron hoy el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos (OMCT-FIDH), CEHPRODEC, CIPRODEH, COFADEH y la Plataforma Internacional contra la Impunidad. El lanzamiento se realiza en el marco de la audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la situación de los defensores de derechos humanos en Honduras, en la Ciudad de Panamá.
La difícil situación de los defensores y las defensoras de los derechos humanos en Honduras ha recibido una gran atención internacional durante el año 2016, como consecuencia del asesinato de la emblemática defensora indígena lenca Berta Cáceres. Este crimen es sólo la punta del iceberg en un contexto de altísimos niveles de violencia contra las personas defensoras en el país centroamericano, que se ha convertido en uno de los países más peligrosos del mundo para la defensa de los derechos humanos.
Desde 2001, 17 personas defensoras han sido asesinadas siendo beneficiarias de medidas cautelares de la CIDH, en promedio una por año. Desde mayo del 2015 hasta la actualidad, el observatorio ha podido documentar 16 asesinatos de defensores, prácticamente uno por mes, lo que demuestra el agravamiento de la situación.
Las agresiones en contra de los defensores y defensoras están en la impunidad, en gran parte por la ineficacia de la administración de justicia, entre otros factores estructurales. En contraste, destacan los numerosos casos de criminalización de personas defensoras y el nivel de diligencia que el sistema judicial emplea para que los procesos en su contra avancen. Según datos de la CIDH, desde 2010 se habrían producido en el país 3064 casos de criminalización para amedrentar a defensores y defensoras de derechos humanos.
El informe concluye que urge contar con un marco nacional más claro y protector que reconozca plenamente los derechos humanos de la población campesina, los pueblos indígenas y el colectivo LGTBI. Esto mejoraría el entorno de trabajo de los defensores y defensoras que trabajan por estos derechos y aumentaría su legitimidad y su visibilidad, especialmente en los contextos en los que prevalecen los conflictos en torno a la tierra y los estereotipos hetero-patriarcales respectivamente.
Particularmente, en un contexto en el que se dan 837 proyectos mineros potenciales que implicarían el 35 % del territorio nacional, un marco legislativo claro y respetuoso de los estándares internacionales en materia de derechos humanos relacionados con la tierra contribuiría a canalizar los posibles conflictos a través de canales institucionales de diálogo en lugar de generar violencia y conflictividad social. Es por ello que nuestras organizaciones abogan por la apertura de un proceso participativo de debate sobre el modelo de desarrollo con la participación efectiva de la sociedad civil y, particularmente, de los pueblos indígenas y garífunas.
El informe concluye asimismo que factores estructurales como la militarización del Estado, la falta de independencia de la judicatura, la sistemática estigmatización de los defensores y defensoras y las carencias en la institucionalidad del Estado en materia de derechos humanos son una muestra de la ausencia de voluntad real del Estado para proteger a los defensores de derechos humanos.
Un ejemplo reciente y preocupante son las últimas declaraciones del Presidente Juan Orlando Hernández, en las que criminaliza de forma irresponsable a organizaciones de derechos humanos vinculándolas con grupos pandilleros, lo que contribuye a elevar aún más el riesgo de agresiones en contra de las personas defensoras.
Para ello el informe propone recomendaciones específicas sobre las reformas estructurales necesarias que nuestras organizaciones han identificado a partir de su análisis.
Ver Informe honduras_informe_de_mision
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