Ataques, intimidación, represión, asesinatos y desapariciones; son situaciones que viven los activistas de derechos humanos en muchos países de América Latina. Con frecuencia líderes de comunidades, periodistas o sindicalistas.
Diversas organizaciones de Mesoamérica han manifestado su preocupación ante la grave situación de inseguridad y peligro que enfrentan las defensoras y defensores en su labor de denuncia e incidencia. Los asesinatos, desapariciones forzadas, agresiones, amenazas, identificación de éstos como enemigos o blancos legítimos, campañas de desprestigio son algunos de los mecanismos utilizados para impedir la labor de defensoría de aquellos hombres y mujeres que acompañan luchas.
La realidad de los defensores de derechos humanos fue analizada por más de 20 periodistas de toda América Latina en el marco del encuentro internacional de corresponsales de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica (ALER) que se desarrolló del 22 al 24 de noviembre en Quito, Ecuador.
México, Guatemala, Honduras y Panamá son algunos de los países en los que la violencia va en aumento. A esta inseguridad se une al emprendimiento de grandes proyectos extractivos que generan desplazamientos y daños al ambiente e invasión de territorios.
Hay preocupación por el alarmante índice de impunidad existente en los países del Hemisferio. Ello contribuye al aumento del número de ataques y amenazas y demás violaciones contra las defensoras y defensores de derechos humanos.
La falta de una investigación seria de las denuncias que involucran a los defensores en algunos casos, así como la lentitud de la administración de justicia en otros, sumadas al desconocimiento por parte de los Estados que los defensores enfrentan obstáculos en el ejercicio de sus actividades y que, como consecuencia, requieren una protección especial, son todos factores que dan lugar a la impunidad de los violadores de derechos humanos, se menciona en un reciente informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH.
El documento enfatiza en que impunidad fomenta la vulnerabilidad de las defensoras y defensores, debido a que genera la percepción de que es posible violar los derechos humanos sin obtener castigo.
La periodista Sandra Luz Cruz de Radio Huayacocotla en el estado de Veracruz en México, asegura que la realidad de los defensores de derechos humanos es de profunda crisis para nuestros países. En una reciente visita la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) alertó sobre la contabilización de más de 22 mil desapariciones únicamente en México, lo que revela que es una de las naciones más peligrosas y violentas para los defensores los derechos humanos.
“México se convirtió en un país extremadamente peligroso para la labor de los defensores y periodistas que acompañan las luchas de las comunidades en defensa de sus bienes”, dijo Cruz.
Desde la radio comunitaria Veraguas en Panamá, también se denuncia el incremento de las violencias, agresiones y enjuiciamientos en contra de defensores y defensoras, un claro ejemplo es el caso de la ambientalista Larisa Duarte.
La lideresa fue demandada por 10 millones de Lempira por la empresa Estrecho, quien la acusa de atentar en contra el desarrollo de proyecto extractivos que pretender apoderarse de las aguas del río Cobre para la construcción de una represa hidroeléctrica, dice el periodistas Olmedo Carrasquilla.
El comunicador lamenta que el próximo periodo de sesiones de la CIDH se desarrollará en Ciudad de Panamá del 29 de noviembre al 07 de diciembre, espacio que aun los movimientos sociales no logran calendarizar de cara a las denuncias que harán por la violencia que reciben.
En el espacio se llegó a la conclusión que las causas de la criminalización y amenazas en contra de los defensores y defensoras es la ambición y colusión entre el gobierno y el capital trasnacional, quienes en nombre de desarrollo están desplazando de sus comunidades a miles de familia.
Carrasquilla hace énfasis en que los Estados tienen el derecho y el deber de adoptar las medidas para combatir a los agentes generadores de violencia que amenazan a su población, de forma específica de defensores y defensoras. Dichas medidas deben adoptarse conforme al Estado de derecho y a los parámetros establecidos en la Declaración y Convención Americana, marcos adecuados para obtener la seguridad a que legítimamente aspira la población.
“La realidad de nosotros mismos como comunicadores y periodistas es compleja, porque acompañar luchas en defensa de sus bienes nos trae amenazas, hostigamientos y asesinatos producto del secuestro del Estado por un reducido grupos de políticos y empresarios”, comentó Carrasquilla.
En su intervención el coordinador general de ALER, Hugo Ramírez, mencionó que la cultura de la violencia, la migración, la trata de personas, el despojo de los territorios y la imposición de culturas ajenas a las de las comunidades, pueblos y nacionalidades, así como el extractivismo, la dificultad en acceso a la justicia, vulneración de derechos son algunos de los problemas comunes en la región, sumado a la debilidad de la cultura democrática, la corrupción en las esferas del poder, el crimen organizado, militarización, narcotráfico, deben retar a los medios de comunicación para aportar en las construcción del buen vivir.
ALER cree necesario avanzar desde los medios de comunicación a la apertura de diálogos que permitan la socialización de experiencias, así como la profundización del debate sobre el buen vivir. La trayectoria de las iniciativas populares en la región, han permitido ser parte de la historia de la radio educativa, construirla desde las propias las socias, así como el fortalecimiento de la articulación y el tejido en red desde nuestra cotidianidad.
“Legados como el de Berta Cáceres y otros ambientalistas más, son el camino que se ofrendan a esta lucha por la recuperación de los bienes naturales y sus territorios”, dijo Ramírez.
Una de las grandes conclusiones demandas desde las asociadas de ALER es la adopción de medidas necesarias para que exista una coordinación adecuada y clara en la competencia institucional para investigar y juzgar los crímenes contra las defensoras y defensores de derechos humanos cuando son menoscabados en razón de sus actividades como tales.
Además de establecer unidades especializadas de la policía y el aparato judicial, con los recursos necesarios y capacitación, a fin de que actúen de manera coordinada y respondan con la debida diligencia a la investigación de ataques contra las defensoras y defensores de bienes naturales y los territorios.
Te recomendamos visitar: Defender Sin Miedo: tu Vida, la Mía, nuestra Casa Común
No hay comentarios:
Publicar un comentario