Por Sandra Rodríguez
Vence el plazo para decretar la prescripción de la acción penal contra 31 pescadores y agricultores, entre ellos una mujer, de la península de Zacate Grande, acusados de usurpación y daños a la propiedad en perjuicio del empresario Miguel Facussé (fallecido en junio del 2015).
Desde el año 2008, los 31 criminalizados por la defensa de la tierra en la zona sur del país, mantienen medidas sustitutivas a la prisión, entre ellas ir a firmar el libro de registro de imputados en la isla del Tigre, lo que les genera un gasto que no pueden suplir porque el viaje es en lancha.
Hace un año, se les hizo llegar una “acta de conciliación” enviada supuestamente por la familia Facussé, para ofrecer un arreglo con los y la imputada, en el que se les suspendería las acusaciones a cambio de que los criminalizados reconocieran que dicha familia es la legítima dueña de las tierras, reforestar la zona y no volver a entrar a la tierra ni cultivarla.
“El documento está redactado como si nosotros hubiésemos estado presentes en dicha reunión, lo que negamos rotundamente, así como nos abstenemos de aceptar su propuesta en la que nos comprometen a aceptar que esas tierras son legítimas del ingeniero Miguel Facussé Barjum (fallecido el 23 de junio 2015) por lo que debemos alejarnos de las propiedades, donde sembramos maíz, maicillo, sandia, huertos familiares, árboles frutales y cultivos de camarón orgánico, todo para el sustento familiar”, manifiesta un comunicado emitido por los defensores el 3 de diciembre del 2015.
Cabe mencionar que algunas personas podrían negociar, ante el largo tiempo de estar criminalizados. Pero al menos la mitad está dispuesta a continuar con el proceso por considerarse en su derecho de defensa de la tierra, y piensan negociar su silencio, como lo ha afirmado Pedro Canales, uno de los acusados y presidente de la Asociación para el Desarrollo de la Península de Zacate Grande, ADEPZA.
Canales confirmó que la audiencia es hoy a las 2:00 pm en la en los Juzgados de Amapala, a la que asistirá Denia Castillo, abogada que representa al grupo que he cedido poder.
Por su parte, Castillo declaró que este juicio data desde el año 2008, por lo que “prácticamente hay prescripción de la acción legal”, pero la parte acusadora solicitó la prescripción, es así que, la audiencia de esta tarde finaliza con el proceso.
La parte defensora solicitará en dicha audiencia se decrete la prescripción de la acción penal a favor de los señores Ramón López Mendoza, José Antonio Pérez, Pedro Canales, Fausto Rivera, José Humberto Chirinos, Teodoro Chirinos, Bertín Aguilar, Ethels Corea y otros.
Hace un año a los pobladores de Zacate Grande, que defienden las comunidades de Amapala, Valle, recibieron una notificación para conciliar la libertad de 31 de sus compañeros criminalizados por usurpación afectando a la familia Facussé.
En su momento Ethel Corea, integrante de ADEPZA, y de la Red de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos del Sur de Honduras, REDEHSUR, señaló que el documento que les ha hecho llegar la familia Facussé “es una amenaza de desalojo, que es brutal para nosotros porque si firmamos este acuerdo que ellos ponen, yo tengo mi casa en los terrenos que están en litigio y si firmamos, prácticamente para dónde voy a agarrar yo”.
La ADEPZA consideró que detrás de la firma del convenio se oculta la intención de instalar en Zacate Grande, una Zona de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE).
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