De nuevo Sulambiente vuelve a la mesa del debate, uno de los contratos más criticados de los últimos años en San Pedro Sula. La empresa de recolección de desechos sólidos debería a esta altura del año haber iniciado su trabajo en la capital industrial, pero hasta la fecha no lo ha hecho.
Según lo estipula el contrato, Sulambiente tuvo que presentar toda su logística, su preparación laboral y su proyecto de trabajo en San Pedro Sula en las últimas semanas de noviembre, pero todo ha quedado en deuda y a inicios de diciembre la empresa no tiene listas ni las camionetas de recolección de basura.
“Sulambiente, ha demostrado que no tiene la capacidad de cubrir con el contrato, han incumplido la primera etapa del contrato y ahora deben recibir una demanda legal”, afirmó el exregidor sampedrano Wilfredo Flores.
Dudas y cuestionamientos rodean este primer incumplimiento de contrato de Sulambiente. Hasta el momento pocos saben por qué la empresa no ha concretado lo acordado, por tal razón un grupo de ciudadanos interpusieron una denuncia en la Fiscalía contra la Corrupción en San Pedro Sula para que se investigue las razones del incumplimiento.
“Un grupo de ciudadanos estamos demandando a los organismos de justicia, para que de inmediato inicien una investigación para conocer las causas del incumplimiento, es necesario que se haga, porque a esta altura le tienen que responder a la municipalidad”, afirmó la regidora del Partido Anticorrupción Gloria Millián.
El día 30 de noviembre aproximadamente sesenta sampedranos, presentaron la denuncia ante la Fiscalía, demandando respuestas inmediatas tanto de la institucionalidad, como de las autoridades municipales.
“Me parece muy correcta la determinación de la ciudadanía, todos tenemos derecho a que nos rindan cuentas, creo que la gente sigue rechazando esta iniciativa, que además de ser ilegal, demuestra la fuerte corrupción que hay en el país”, siguió argumentando Flores.
Flores, aseguró que es momento de ser rigurosos contra quienes manejan Sulambiente, si no hay autoridades competentes en la municipalidad para exigirlo, la ciudadanía debe hacerlo en las calles, el exregidor dijo que el papel del alcalde Armando Calidonio y de algunos corporativos es penoso, pues ahora con este incumplimiento, ellos deberían abrir un proceso de demanda a Sulambiente por daños y perjuicios, que surgen a raíz del incumplimiento contractual.
Antecedentes
Para comprender el argumento de los críticos de la empresa es necesario conocer los hechos que marcaron el pasado económico y político de la comuna sampedrana.
Todo inició un 23 de mayo del año 2001, cuando al alcalde Roberto Larios Silva le faltaban solamente ocho meses para terminar su mandato, y siguiendo el esquema neoliberal de las privatizaciones iniciadas en el gobierno nacionalista de Rafael Leonardo Callejas 1990-1994, decide privatizar publicando los pliegos de la licitación que regulaban la Concesión de los Desechos Sólidos de la ciudad de San Pedro Sula.
Antes ya había privatizado la Empresa División Municipal Ambiental (DIMA), el agua de los sampedranos, que él mismo creó en el año de 1976 y que había sido modelo de gestión en América Latina.
Todas las privatizaciones o concesiones eran parte de las exigencias de los organismos de crédito internacional y de esa forma hacerle factible el acceso a la municipalidad a fondos blandos para su desarrollo, así lo estipula el decreto 303-98 de fecha 2 enero de 1999.
Con la licitación de los desechos sólidos participaron y presentaron oferta tres empresas, así el proceso incluyó pre y calificación simultánea en los siguientes términos: el Consorcio Resister (EMCE), presentó una oferta de L. 69,283,508.00; la empresa italiana AGACC Y OTROS que ganó la licitación del agua (DIMA) que formalizó una oferta por L. 62,261,522.00; y la tercera empresa fue el CONSORCIO PROACTICA MEDIO AMBIENTE, S.A. que ofertó L. 114,657,944.00 y consistía en la limpieza de calles, recolección de desechos y operación del manejo del relleno sanitario.
La empresa ganadora fue la que presentó la menor oferta AGACC Y OTROS.
Sus precios en detalle fueron limpieza de calle a L. 94.08 por kilómetro lineal, servicio de recolección por L. 211.63 la tonelada métrica y el servicio de operación del relleno sanitario por L. 129.33 la tonelada métrica, el dólar americano en ese tiempo se cotizaba a L. 13.00 por un dólar pero la negociación se hizo en lempiras. En la cláusula N° 20 capítulo VI del régimen económico; se circunscribía a 14 mil toneladas métricas mensuales, es decir, unas 450 toneladas métricas diarias de recolección y manejo de desechos sólidos en esa época (año 2003) y barrido de calle de aproximadamente 5,300 metros lineales.
El 25 de enero del 2002 toma posesión el nuevo gobierno dirigido por Oscar Kilgore y en febrero de ese año la empresa ganadora AGACC Y OTROS, solicita al nuevo alcalde la firma del contrato que deriva de la licitación adjudicada de los desechos sólidos y así solicitar al Congreso Nacional, período 2002-2006, su aprobación porque dicho contrato excede del período de gobierno municipal.
De esa forma se pretendía concluir con el proceso iniciado por el alcalde Larios Silva. Si la nueva administración del 2002-2006, hubiese considerado que ese contrato era lesivo a los intereses del pueblo sampedrano, no había mejor momento para anularlo y aprovechar que fuera en esa instancia superior que se lograra el propósito.
El 27 de Febrero del 2003, la Corporación Municipal del 2002-2006, decide violentar la Ley de Contracción del Estado que rige el proceso de licitaciones, según el acta N° 32 de sesión ordinaria y anulan el punto N° 2 del acta N° 90 de fecha 27 de Septiembre del 2001 donde se había adjudicado la licitación del concesionamiento de los desechos sólidos por unanimidad.
La única forma como podían anular esa licitación era mediante un dictamen legal donde la Procuraduría General de la República lo dictaminara pero no se agotó esa instancia.
Con la decisión tomada por la comuna en pleno, la abogada Maribel Espinoza Turcios, a nombre de HOLDING ELECTRICA CENTROAMERICANA, SOCIEDAD POR ACCIONES (HECA, S.P.A.), AGAC, SOCIEDAD POR ACCIONES (AGAC S.P.A.) ACEA SOCIEDAD POR ACCIONES (ACEA S.P.A.), AMA SOCIEDAD POR ACCIONES (AMA S.P.A.) Y ETERNA, S.A, las que conforman el consorcio AGAC Y OTROS, S.A., antes denominado SULAMBIENTE impugna primero ante el pleno corporativo la resolución y obtiene respuesta negativa al reclamo.
El ocho de enero del 2004 mediante acuerdo corporativo según el punto 13 del acta Ordinaria N° 57; posteriormente, presenta demanda con reclamación de daños y perjuicios ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de San Pedro Sula el cuatro de febrero del 2004 reclamando lo siguiente:
- Que se anule el acto administrativo de fecha 27 de febrero del 2003, según el acta N° 32 punto N° 2 donde esa corporación municipal acuerda declarar fracasada la licitación adjudicada el 28 de septiembre del 2001 según el acta N° 90 de sesión extraordinaria de esa fecha.
- Al pago de daños y perjurios por la cantidad de $ 6,682,919.00, justificando dicha solicitud en que el consorcio AGAC Y OTROS, había pagado una comisión de éxito por dicho proceso licitado al banco la cantidad de $1, 000,000.00 (un millón de dólares) y además habían inversiones en garantías bancarias por $ 1,500,000.00 (un millón quinientos mil dólares ) y en compra de equipo.
- Pago de Costas y se obligue a la firma del contrato.
Con fecha 25 de enero del 2005, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de San Pedro Sula, presidido por el abogado Mario Augusto Peraza Zelaya, emite sentencia sobre ese juicio donde se condena a la municipalidad de San Pedro Sula, al cumplimiento de cuatro situaciones:
- A que se anule el acto administrativo de fecha 27 de febrero del año 2003 donde la Corporación Municipal había declarado fracasado el proceso licitatorio en septiembre del año 2001.
- Al pago de daños y perjuicios que reclamó dicha empresa por $ 6,615,794.00 (seis millones seiscientos quince mil setecientos noventa y cuatro dólares). Con una diferencia de $ 67,125.00 (sesenta y siete mil ciento veinte y cinco) entre lo solicitado y lo concedido por el juez Peraza Zelaya.
- Al pago de costas por un valor de $ 1,500,000.00 (un millón quinientos mil dólares) y, a la firma del contrato original.
“Sulambiente sin recoger una hoja de papel recibió una millonaria cantidad de dinero de la comuna”, dijo a Radio Progreso el exregidor municipal Wilfredo Flores.
Confirmada la sentencia, los miembros corporativos presentan una moción el 19 de abril del año 2005 según el acta N° 105 del punto N° 19 donde autorizan al alcalde Oscar Kilgore a iniciar pláticas para resolver el conflicto por medio de una conciliación.
El 20 de abril del 2005 notifican tanto el representante de AGAC Y OTROS y el alcalde la formalización del inicio del arbitraje, proceso que se realiza entre el cinco de mayo y 14 de junio del 2005 sin llegar a acuerdos en una primera etapa y entre el 26 de agosto y el 12 de septiembre del 2005 en una segunda etapa, que es donde llegan a los acuerdos de pago.
Los aspectos fundamentales del acuerdo son los siguientes: la municipalidad se compromete a modificar las tarifas y dolarizarlas, las tarifas se modifican de L. 211.63 la recolección a $ 26.14 cuando se licitó el dólar se cotizaba a L. 13.00 por un dólar americano y en septiembre del 2005 el dólar se cotizaba a aproximadamente L. 18.60 por dólar y el relleno sanitario cambiaba de L. 129.33 a $ 15.95 y se eliminó el barrido de calle que había sido licitado en L. 94.08.
Las negociaciones no avanzaron y con la llegada de la nueva administración dirigida por Juan Carlos Zúniga, el proceso de negociación fracasó y al final la comuna sampedrana tuvo que pagar una demanda por daños y perjuicios a Sulambiente por una cantidad de Lps. 180 millones.
Vuelve el fantasma del pasado
El 17 de marzo del 2015, el Congreso Nacional aprobó en tercer debate el contrato suscrito entre la municipalidad de San Pedro Sula y la sociedad Holding Eléctrica Centroamericana Sociedad por Acciones o Sulambiente, firmado por el alcalde Armando Calidonio.
Una comisión ad hoc nombrada para buscar una salida definitiva del problema determinó entregar al jefe edilicio cinco recomendaciones, entre las cuales figura la firma del contrato con la compañía.
“Hay que hacer un estudio de las finanzas de la Corporación Municipal, para saber si estamos en la capacidad de pagar las mensualidades a la empresa Sulambiente una vez que el contrato se apruebe”, caracterizó Antonio Rivera.
El contrato tiene una duración de doce años, y corresponde aproximadamente a cinco mil millones de lempiras, que manejará Sulambiente al frente de la recolección de basura.
Ante la falta de transparencia que caracteriza a las instituciones públicas, los nombres de quienes manejan a Sulambiente se han mantenido en lo más secreto posible, por el momento se maneja que quienes son socios propietarios de la empresa son los señores: Nasri Asfura, alcalde de Tegucigalpa, Johnny Cafatti y exfuncionarios del gobierno de Oscar Kilgore.
Desde su aprobación en el Congreso Nacional y posterior ratificación, Sulambiente en esa nueva etapa está obligada a cumplir por el contrato en el que incluso demandaron a la municipalidad en varias ocasiones, ahora el turno podría tocarle a la municipalidad, pero ni el alcalde, ni los corporativos, ni los sectores aledaños al poder, se atreven en primer momento a cuestionar y en segundo a proceder contra el incumplimiento.
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