Por Sandra Rodríguez
Integrantes de los Consejos Indígenas Nueva Esperanza, San Isidro Labrador y Santiago Apóstol afiliados al Movimiento Indígena Independiente de La Paz- Honduras, MILPAH, y de la Comunidades de Santa María, del municipio de Simpinula, denunciaron que continúa el hostigamiento y amenazas contra su territorio por parte de diferentes actores que representan el poder de autoridades municipales y gobierno central, vinculadas a familias presentes en las comunidades, que se adjudican la propiedad de dichas las tierra.
Anoche se les informó a líderes de las comunidades, sobre una reunión donde estaba presente el gobernador René Melgar; el alcalde de Santa Elena, Santos Víctor Ventura; y activistas del partido Nacional (en del poder); además Raúl Bulnes, director del Instituto Nacional Agrario, INA, y pobladoras del Consejo Indígena Santiago Apóstol, para comunicarles que se les va a suspender el proceso que han iniciado desde hace varios años para constituir El Volcán como comunidad, a pesar de la documentación que tienen donde consta que son territorio nacional, denunció la organización Madre Tierra.
Así mismo, en conversaciones con Víctor Vásquez, presidente del consejo indígena de Simpinula, denunció que en días anteriores en su comunidad y la parte alta del municipio de Santa María, donde están ubicadas las comunidades de Upe, Trinidad y Rio Negro, se han presentado delegaciones del gobierno para medir las tierras, irrespetando los títulos ancestrales y con ello el convenio 169 de la organización Internacional del Trabajo, OIT, sobre los derechos de los pueblos indígenas y Tribales, del cual Honduras es signatario.
“La propiedad y posesión de las tierras tradicionalmente ocupadas por ellos, y en casos particulares, de tierras en las que realizan sus actividades tradicionales y de subsistencia como los pueblos nómadas y agricultores itinerantes. Los gobiernos tienen la obligación de proteger esos derechos, y delimitar esas tierras”, manifiesta el Art. 14 de la OIT, pero este artículo se refiere si es para nuestro desarrollo, explicó el líder Lenca.
La medición de tierras afecta a la comunidad de Upe que posee un título ancestral dado por la corona española en el siglo XIX, donde expresa que nadie puede delimitar su territorio. Pero les hacen creer a los vecinos que es para tener un título de propiedad personal, el cual es innecesario amparado en el convenio 169 de la OIT.
De no tomar las acciones correspondientes, como la Consulta Libre, Previa e Informada, se trastocará la montaña El Jilguero, donde se ha mencionado que se construirá un hotel campestre dirigido por un militar en retiro, denunció Vásquez, lo que preocupa a los pobladores de Santa María.
Además El Jilguero, garantiza el abastecimiento de agua a la represa hidroeléctrica “Aurora I”, de carácter privada, ubicada entre los municipios de Santa María y San José, esto se da en el marco de una campaña de acoso contra los pueblos lencos por parte del gobierno y autoridades.
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