La última vez que Victoria Montenegro vio a su madre biológica, Hilda Ramona Torres, tenía 13 días de vida.
El 13 de febrero de 1976, un grupo del servicio de inteligencia del ejército entró por la fuerza en su casa, en la provincia argentina de Buenos Aires, mató a sus progenitores (los dos eran activistas políticos) y la trasladó a una comisaría. Hernán Antonio Tetzlaff, que dirigía la operación militar, se la llevó, le cambió el nombre y la adoptó como hija.
A partir de ese momento, Victoria Montenegro pasó a ser María Sol Tetzlaff Eduartes, nacida el 28 de mayo de 1976 e hija de Hernán Antonio Tetzlaff y María del Carmen Eduartes.
Victoria tardó 25 años en conocer su verdadera identidad y otros 10 en ver cómo se procesaba a siete altos mandos militares (incluidos los ex presidentes de facto Jorge Videla y Reynaldo Bignone y a un obstetra) y se les condenaba a entre 10 y 15 años de prisión por su participación en el plan sistemático de apropiación de bebés durante el gobierno militar en Argentina (1976-1983).
Victoria no está en absoluto sola. Las Abuelas de Plaza de Mayo –la organización que ha encabezado la búsqueda de los "bebés robados" en Argentina– ya han ayudado a que 105 hombres y mujeres hayan recuperado su identidad.
Según creen, aún quedan centenares más por localizar.
Familiares de personas desaparecidas en Argentina y otros países han estado al frente de la lucha para que se haga justicia por los miles de desapariciones forzadas que se produjeron en toda América Latina en las décadas de 1960, 1970 y 1980.
Sus esfuerzos han dado lugar a la creación de un Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, que se conmemora el 30 de agosto.
Pasos adelante
Durante 2011 –y a pesar de los obstáculos en las investigaciones y de los frecuentes contratiempos– se registraron avances significativos en la investigación y el enjuiciamiento de las desapariciones y otros abusos contra los derechos humanos cometidos bajo regímenes militares en toda América Latina.
En Brasil, la presidenta Dilma Rousseff promulgó la ley de creación de una Comisión de la Verdad encargada de investigar las violaciones de derechos humanos cometidas entre 1946 y 1988.
En Chile, el número de casos de violaciones de derechos humanos objeto de instrucción judicial alcanzó sus cotas más altas hasta la fecha cuando un fiscal presentó 726 causas penales nuevas y más de 1.000 denuncias interpuestas a lo largo de los años por familiares de personas ejecutadas por motivos políticos durante el gobierno militar del general Augusto Pinochet.
Tras pasar 25 años en el exilio, el ex presidente Jean-Claude Duvalier regresó a Haití y fue objeto de una investigación criminal basada en las denuncias sobre graves violaciones de derechos humanos –incluidas desapariciones– presentadas por víctimas y sus familiares y en documentación ofrecida por Amnistía Internacional.
El vaso medio vacío
En algunos países, sin embargo, la justicia sigue siendo una lejana esperanza para los familiares de miles de personas desaparecidas.
Suyapa Serrano Cruz continúa buscando a sus dos hermanas, Ernestina y Erlinda; el 2 de junio de 1982, cuando las niñas tenían siete y tres años y el sangriento conflicto en El
Salvador se encontraba en su momento álgido, unos soldados se las robaron a la familia durante una operación militar cerca de su casa.
Han pasado 30 años, y nadie sabe dónde están Ernestina y Erlinda. Siguen siendo dos de los aproximadamente 890 niños y niñas desaparecidos durante el conflicto. Aunque la ONG local Pro-Búsqueda ha localizado a algunos en los últimos años, la familia de Suyapa es una de las muchas que continúan sufriendo el dolor de no saber qué ha ocurrido con sus seres queridos.
Para Lucía Cuevas, la ausencia de justicia por la desaparición de su hermano Carlos, activista político, en 1984, y la tortura y el asesinato de su esposa y su hijo en Guatemala en 1985, también contribuye a que la herida siga abierta.
Aunque el pasado diciembre el entonces presidente guatemalteco Álvaro Colom admitió la responsabilidad del Estado por la desaparición de Carlos y pidió perdón públicamente por este crimen, nunca se ha encontrado a Carlos ni se ha procesado a nadie por su desaparición ni por el asesinato de su esposa Rosario –fundadora del GAM, una organización integrada por familiares de personas desaparecidas– o el de su bebé.
La historia es tristemente parecida a la de la mayoría de los 200.000 casos de desapariciones forzadas registrados durante el conflicto interno en Guatemala desde 1960 hasta 1996. A pesar de los avances en las investigaciones de las desapariciones forzadas, muchos oficiales de alto rango que participaron en esos crímenes han conseguido eludir la justicia en toda la región.
Mientras tanto, en Estados Unidos ni siquiera se ha abierto una investigación para garantizar justicia por los casos de las personas objeto de desaparición forzada bajo custodia de la CIA durante el gobierno del ex presidente George W. Bush, en el contexto de la denominada "guerra contra el terror".
"No es un asunto del pasado"
"Hemos visto recientemente que en varios países de América se han tomado decisiones positivas e impuesto condenas históricas con el fin de garantizar justicia para las personas desaparecidas y sus familiares", afirma Javier Zúñiga, asesor especial de Amnistía Internacional.
"Sin embargo, el problema es que, aunque han pasado decenas de años desde que se cometieron los crímenes, la justicia sigue siendo un sueño para miles de familiares y las desapariciones continúan siendo habituales en muchos países."
Los familiares de algunos de los cientos de hombres y mujeres que cada año son víctimas de desaparición forzada en países como México y Colombia entenderán a qué se refiere Zúñiga.
En diciembre de 2011, los ecologistas mexicanos Eva Alarcón y Marcial Bautista fueron sacados del autobús en el que viajaban a Ciudad de México desde su ciudad natal en el estado de Guerrero; no se les ha vuelto a ver.
Los intentos de investigar los hechos han sido débiles y han estado plagados de irregularidades, aunque, según han identificado los testigos, en el grupo que los detuvo había agentes de policía.
Las historias de Eva y Marcial no son algo fuera de lo común en México. En los últimos años se ha registrado en el país un aumento vertiginoso del número de secuestros y desapariciones forzadas, en el contexto de la crisis de la seguridad pública y la violencia de los cárteles de la droga.
También se ha denunciado la desaparición de un gran número de personas migrantes en situación irregular que cruzan México hacia Estados Unidos procedentes de América Central.
Según el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias, en México sigue sin conocerse el paradero de aproximadamente 3.000 personas secuestradas por bandas delictivas o víctimas de desaparición forzada a manos de las fuerzas de seguridad durante la persistente crisis de la seguridad pública. La reiterada ausencia de investigaciones sobre estos casos ha negado el acceso a la justicia para las familias y las ha puesto en peligro de sufrir represalias por buscar la verdad.
Más hacia el sur del continente americano, la desaparición forzada sigue siendo una práctica sistemática y generalizada, obra fundamentalmente de fuerzas de seguridad y paramilitares, en el conflicto interno que sufre Colombia desde hace 45 años. Se cree que al menos 30.000 personas han sido víctimas de desaparición forzada durante el conflicto. Además, sigue sin conocerse el paradero de un gran número de civiles secuestrados por grupos guerrilleros.
En 2001, cuatro miembros de la familia Galárraga –Jenny Patricia, de 19 años, las gemelas Nelsy Milena y Mónica Liliana, de 18, y María Nelly, de 13– fueron secuestradas por paramilitares en el departamento meridional de Putumayo. Sus cadáveres no se encontraron hasta 2010. Los peritos informaron de que los cuerpos tenían algunas prendas de ropa, y que cuatro habían sufrido torturas; tres muchachas habían sido descuartizadas antes de morir y a la cuarta la mataron a golpes. Además, habían sido violadas o sometidas a otros abusos sexuales.
Aunque en un primer momento la fiscalía se negó a investigar si las cuatro habían sido víctimas de violencia sexual, recientemente ha admitido que se cometieron delitos de índole sexual. Sin embargo, sólo uno de los 10 paramilitares implicados en los crímenes ha sido acusado de este delito.
Desde la desaparición de Juan Almonte en la capital de la República Dominicana, en septiembre de 2009, sus familiares no han escatimado esfuerzos ni dejado de explorar posibilidades de aclarar el destino que ha corrido. Sin embargo, aún falta mucho para que sepan la verdad. Aunque hay testigos que vieron cómo era detenido por policías, la policía siempre lo ha negado y las autoridades no han llevado a cabo investigaciones efectivas.
Todos los Estados americanos deben ratificar sin demora la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, reconocer la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada para recibir y examinar las comunicaciones presentadas por víctimas o en su nombre, y por otros Estados, e incorporar a la legislación nacional lo dispuesto en la Convención.
"Los gobiernos están obligados a no traicionar a los miles de personas que buscan a sus seres queridos. Seguiremos apoyándolas y presionando a las autoridades para que ofrezcan, a los familiares y a la sociedad en general, toda la verdad, justicia y reparación", concluye Javier Zúñiga.
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