Por Federico Fuentes
La decisión del editor de WilkiLeaks Julian Assange de buscar asilo en la embajada de Ecuador en Londres desencadenó una campaña internacional en los medios que destacó la “hipocresía” de su decisión al escoger un país condenado por sus supuestos ataques a la libertad de prensa.
La campaña se puso al rojo vivo tras la decisión de Ecuador de garantizar asilo al periodista disidente el 16 de agosto. Los comentaristas aprovecharon la oportunidad para ensañarse con ambos, Ecuador y Assange.
Peter Hartcher, el editor político del Sydney Morning Herald (SMH), publicó su ataque en los titulares el 21 de agosto: “La hipocresía acaba con la libertad de sermonear del héroe”.
Antes Assange era un “valeroso campeón de la libertad de expresión”, dijo Hartcher, pero “en el momento en que decidió buscar asilo en Ecuador…traicionó los principios que afirmó representar”.
“¿Por qué? Porque Ecuador, bajo su Presidente de los últimos cinco años, Rafael Correa, se ha convertido en uno de los lideres mundiales opresores de la libertad de expresión”.
Esto mostró que “su causa con esos principios era solo una bandera de conveniencia para Assange. Ahora es sólo un fugitivo triste y desesperado”.
Sin embargo, como ha destacado Correa, el mismo hecho de que Assange haya buscado refugio en Ecuador pone en evidencia las afirmaciones de respetar la libertad de expresión por parte de países occidentales supuestamente democráticos como Estados Unidos, Gran Bretaña y Australia.
Una mirada más cercana a la campaña internacional informativa contra Ecuador muestra que la “libertad de expresión” se ha utilizado, una vez más, como una cortina de humo para proteger intereses poderosos, en este caso, la dictadura de los medios de comunicación.
Igual que la campaña contra Assange, la campaña de los medios corporativos contra Correa está impulsada por la amenaza de que el ejemplo de su gobierno supone para los poderosos.
Hatcher sacó a relucir las mismas calumnias repetidas hasta la saciedad, sin la menor intención de investigar su veracidad o explicar las circunstancias reales alrededor de las acusaciones.
Hatcher acusa a Correa de cerrar los medios dispuestos a criticar a su gobierno. Todavía no hay ninguna emisora de radio, canal de televisión o periódico que Correa haya cerrado por lo que han dicho.
A algunos se les ha revocado la licencia de radiotransmisión porque rechazaron pagarla o porque estaban operando fuera de la frecuencia establecida legalmente.
Hartcher también se refirió a una demanda por difamación de Correa contra un periodista y tres ejecutivos del periódico El Universo, pero no hace mención a lo que estaba en juego en este caso.
Tras años de constante bombardeo mediático acusando a Correa de cualquier cosa imaginable, el presidente ecuatoriano finalmente exigió el pasado año la retractación y las disculpas por un artículo que no sólo lo tachó de “dictador”, sino que lo acusó falsamente de ordenar que los soldados dispararan indiscriminadamente contra civiles inocentes en un hospital.
El artículo se refiere a los eventos ocurridos el 30 de septiembre de 2010, los cuáles fueron ampliamente denunciados en aquel momento por gobiernos de la región como un intento de golpe contra Correa.
En los días previos al golpe, varios medios de difusión –incluyendo El Universo- habían instado a oficiales de la policía a rebelarse contra el gobierno, con la esperanza de que esas acciones provocaran la caída del presidente elegido democráticamente.
Cuando estalló un motín policial el 30 de septiembre, Correa fue tomado rehén por los oficiales rebeldes de la policía. En respuesta, muchos ecuatorianos pobres –que se habían beneficiado del incremento del gasto social con Correa- se manifestaron para apoyar al presidente que ellos habían puesto en el cargo.
Soldados leales finalmente entraron en el hospital donde Correa estaba siendo retenido.
Como era de esperar, la justicia independiente de Ecuador dictaminó que era difamatoria la acusación de que Correa –la víctima del golpe de Estado- era de hecho el causante.
Con el pretexto de defender la libertad de expresión, Hartcher defiende el derecho de los medios de comunicación a evadir ilegalmente el pago de licencias y no rendir cuentas de las mentiras que divulgan.
Como pasa a menudo, dichos periodistas usan el estandarte de la “libertad de expresión” para defender la dictadura de los medios de comunicación. En este caso, el dominio de los medios de Ecuador por parte de la oligarquía, que está decidida a tomar el control monopolístico de la información para sus propios intereses económicos y políticos.
Por otra parte, Correa y el pueblo ecuatoriano no tienen miedo a desafiar esta dictadura informativa.
Lejos de coartar la libertad de expresión, el gobierno de Correa ha buscado extenderla democratizando los medios de comunicación.
Como explicó en una entrevista con Assange en Russia Today, la política mediática de su gobierno no va en contra de la libertad de expresión, sino que, más bien, se opone a los medios de información corporativos que, a través del monopolio de la información, “han intentado desestabilizar nuestro gobierno para evitar cualquier cambio en nuestra región y no perder el poder que siempre han ostentado”.
“Los medios de información privados son grandes empresas con ánimo de lucro”, dijo Correa. “Siempre han atacado a los gobiernos que quieren cambiar, a los gobiernos que buscan justicia e igualdad”.
La embajada de EEUU en Ecuador compartió en parte estas opiniones.
Un cable de la embajada de EEUU de Marzo de 2009 publicado por Wikileaks decía que había algo de verdad en la afirmación de que “los medios ecuatorianos juegan un papel político, en este caso el papel de la oposición”.
La razón era evidente. “Muchos propietarios de los medios de comunicación pertenecen a la clase empresarial elitista que se siente amenazada por la agenda de reformas de Correa y defiende sus intereses económicos a través de sus medios de comunicación”.
Frente a este escenario, el gobierno de Correa, con el soporte de su pueblo, ha buscado romper este monopolio.
Una forma de hacerlo ha sido a través del establecimiento de una cadena de televisión pública y dando soporte a medios comunitarios. Esto se ha hecho garantizándoles licencias y proporcionándoles el material necesario.
Otra forma ha sido democratizando la actual organización.
En 2008 los ecuatorianos votaron masivamente a favor de una nueva constitución que, entre otras cosas, prohíbe a los propietarios de los bancos tener intereses de negocio en la industria mediática.
El año pasado los votantes aprobaron cambios en la constitución que prohíbe a las corporaciones de los medios de comunicación poseer o tener acciones en otras industrias, lo que evitaría potenciales conflictos de intereses en la transmisión de noticias.
El gobierno ha intentado además aprobar una nueva ley que acabaría con el monopolio corporativo de los medios de comunicación. La derecha en el parlamento está bloqueando esta ley.
Según la nueva ley, la propiedad privada de los medios estaría restringida a un 33% del total, el Estado controlaría otro 33% y los medios comunitarios la mayor parte, el 34%.
Estos intentos de acabar con la dictadura mediática, de democratizar el derecho a la información y de asegurar que las corporaciones mediáticas no actúan fuera de la ley son lo que explican la campaña internacional para etiquetar al gobierno de “enemigo de la libertad de expresión”.
No es ninguna sorpresa que Hartcher, como muchos otros periodistas en todo el mundo, salga contra Correa y en defensa de esta dictadura mediática, ya que los medios en Ecuador son un mero reflejo de la propiedad mediática en todo el mundo.
Al SMH le gusta describirse como una inteligente y equilibrada alternativa al imperio mediático de News Ltd que controla el 70% de la prensa metropolitana de Australia. Pero son sólo un pilar más de la dictadura mediática con ánimo de lucro de Australia.
Un ejemplo son los tratos del SMH con el propio Wikileaks.
Cuando el SMH firmó un acuerdo con Wikileaks para tener acceso exclusivo a los cables diplomáticos filtrados, el editor-en-jefe del periódico Peter Fray justificó su decisión de retener los cables y la información contenida en ellos basándose en que “poner el material online sería dar acceso a nuestros competidores en el mercado local”.
El derecho de SMH a ganar dinero triunfó sobre el derecho del resto de la sociedad a tener acceso a la información.
Esto no fue una excepción. El director de eficacia organizativa de Fairfax, Mark Scott, explicó en 2002 que la filosofía impulsora detrás del imperio mediático de Fairfax era una “estrategia de creación de editoriales que maximicen los ingresos de los anuncios publicitados”.
Por encima de la libertad de información y expresión está la libertad de ganar tanto dinero como sea posible, sin importar cómo.
Esa es la razón por la que, de la misma manera que Estados Unidos odia a Assange por hacer pública la información que ellos querrían mantener en secreto, los medios corporativos odian a Ecuador por desafiar su derecho al control de la información.
Mientras un puñado de corporaciones controlen la información y la usen para sus propios intereses políticos y económicos, sus llamamientos a la “libertad de expresión” seguirán sonando a hueco.
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