Por Marvin Palacios
Esta semana el juzgado de letras de lo penal unificado de Francisco Morazán resolvió aplicar el decreto de amnistía a dos mujeres policías que incurrieron en violaciones a derechos humanos en contra de la profesora Agustina Flores López.
El 30 de agosto el Ministerio Público presentó requerimientos fiscales contra Aracely Yaneth García Romero y Esther Yolanda Ponce Maradiaga, ambas agentes de la policía femenina, por los delitos de abuso de autoridad y vejámenes en perjuicio de la profesora Agustina Flores López y la administración pública.
Al respecto la parte defensora de las policías solicitó a la jueza que se aplicara a sus representadas el decreto de amnistía, aspecto que la jueza resolvió con lugar, sin embargo dicho decreto establece que los delitos de violaciones a derechos humanos y los delitos de lesa humanidad no están comprendidos dentro de dicho decreto de amnistía.
El Cofadeh sostiene que cuando la maestra Flores López fue capturada por las agentes del estado, se encontraba bajo la custodia de las mismas y que fue víctima de vejámenes de sus captoras, razón por la cual no aplica el decreto de amnistía para las policías señaladas.
Asimismo el 13 de septiembre el Cofadeh presentó un recurso de apelación contra la resolución emitida por la jueza de primera instancia, Carmen Murillo y habrá que esperar lo que resuelva la corte de apelaciones.
El 13 de octubre de 2009 fue liberada Flores López del Centro Femenino de Adaptación Social (CEFAS) o cárcel de mujeres, localizado en támara, luego que procuradoras de derechos humanos del Cofadeh propusieran ante los tribunales una fianza que sustituyera la prisión preventiva a la que estuvo sujeta la maestra desde el 22 de septiembre de 2009 en medio de una violenta represión que efectivos militares y policías ejecutaron contra el Frente Nacional de Resistencia Popular en Tegucigalpa.
El 22 de septiembre, la profesora Agustina Flores López fue capturada, salvajemente golpeada por dos mujeres policías y acusada de sedición y daño agravado contra el estado de honduras. Su captura y privación de libertad ha sido considerada como un juicio político.
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