Opera Mundi
Por Giorgio Trucchi
Argumento usado por el grupo que presentó la acusación es "traición a la patria"
Un grupo de ciudadanos acusó formalmente al mandatario hondureño Porfirio Lobo, al presidente del Congreso Nacional Juan Orlando Hernández y a varios diputados, por el delito de traición a la Patria, por haber aprobado y ratificado la reforma de varios artículos de la Constitución y un reglamento para la creación de las RED (Regiones Especiales de Desarrollo), popularmente conocidas como “ciudades modelo” (charter cities).
Según la acusación presentada ayer (12/9) ante la Corte Suprema de Justicia, estas reformas estarían afectando a disposiciones irreformables “como las relativas al territorio nacional y a la forma de gobierno”, así como las “declaraciones y derechos fundamentales reconocidos por la Constitución y tratados internacionales”.
Además, las RED implican necesariamente “ceder parte del territorio nacional a las inversiones mercantiles y vulnerar la forma de gobierno”, ya que parte del territorio nacional y de la población “serán sacados de la tutela del Estado y pasarán a ser administrados bajo principio de derecho mercantil internacional”, explica el texto presentado ante las autoridades judiciales.
Ideadas y promovidas por el economista estadounidense Paul Romer, las RED proyectan el “sueño” de grandes zonas de territorio nacional con altísimo grado de autonomía, ofrecidas por tiempo indefinido al capital transnacional para generar empleo.
De acuerdo a su Estatuto constitucional, las RED gozarán de un regimen territorial especial, teniendo su personalidad jurídica, su propio fuero jurisdiccional, su propio sistema de administración, sistema migratorio y su normativa legal. Además, tendrán su propio presupuesto y el derecho a recaudar y administrar sus propios tributos, a determinar las tasas que cobran por los servicios que prestan, celebrar todo tipo de contratos y contratar sus deudas internas o externas.
“Con estas reformas están violentando el precepto de soberanía nacional, ya que con la constitución de las RED se concesiona parte del territorio de manera indefinida a entidades internacionales, entregándoles derechos sobre ese mismo territorio”, dijo Tomás Andino, miembro del grupo acusador.
Para Miriam Miranda, coordinadora de la OFRANEH (Organización Fraternal Negra Hondureña), con este proyecto no sólo se estaría atentando contra la soberanía nacional, “sino que se está creando un Estado dentro de otro Estado, y sin ninguna consulta con las poblaciones que vivimos en estas zonas”, manifestó.
En mayo de 2011, el gobierno firmó un memorando de entendimiento con la empresa coreana Pohang Iron and Steel Company (POSCO), para iniciar a trabajar en los análisis de factibilidad de proyectos. Un año después, COALIANZA (Comisión para la Promoción de Alianzas Público Privadas) alcanzó firmar el primer acuerdo con el Consorcio estadounidense MKG Group, para iniciar la construcción de la primera ciudad modelo en el fértil Valle de Sula.
“Quieren entregar enormes cantidades de tierra al capital extranjero para que invierta sin nigún tipo de restricción. Todo se está manejando con absoluto secretismo, sin debatir de manera seria y responsable con el pueblo hondureño. Una vez más se está privilegiando el interés del capital extranjero sobre los derechos del pueblo”, aseveró Miranda.
La decisión de acusar y denunciar formalmente a las principales autoridades del Estado es parte de una serie de medidas y acciones, implementadas por sectores de la sociedad hondureña para tratar de frenar el avance de las RED, entre ellas la presentación de recursos de inconstitucionalidad y el inicio de una recolección de firmas en todo el país.
La movilización ya obtuvo un primer resultado cuando el Ministerio Público emitió un dictamen, con el que resolvió la inconstitucionalidad de los decretos que crearon las RED.
“Cada día más sectores se suman a la protesta y hasta hay corrientes políticas y candidatos presidenciales, como Salvador Nasralla del PAC (Partido Anticorrupción) y Xiomara Castro de LibRe (Partido Libertad y Refundación) que han salido públicamente condenando el proyecto de las ciudades modelo. Ahora necesitamos que el descontento y la protesta se traduzca en movilización en las calles”, concluyó Andino.
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