El presidente Lobo Sosa ha invocado la fórmula de la “responsabilidad compartida, pero diferenciada” para explicar -y justificar- la injerencia extranjera en el funcionamiento y control de las Fuerzas Armadas de Honduras.
Eso en lo que concierne a la destitución del jefe de la Fuerza Aérea de Honduras, coronel Ruiz Pastor Landa, en castigo por haberse derribado, por acción militar, una narco-avioneta que ingresó ilegalmente en territorio hondureño, en la que murió un agente norteamericano encubierto de la DEA.
La remoción del jefe de la FAH se produjo tras una reunión del jefe del Comando Sur de Estados Unidos, general Douglas Fraser, y la embajadora Kubiske con el presidente de la República. El mandatario hondureño reconoció la vinculación de esa entrevista con su decisión de destituir al coronel Pastor Landa y sustituirlo en el cargo que éste ocupaba por el coronel Miguel Palacios Romero.
El secretario de Defensa, Marlon Pascua, envió una nota corroborando la decisión presidencial, como consecuencia de la entrevista apuntada, al secretario de Relaciones Exteriores, Arturo Corrales, que fue publicada en los medios de comunicación social. Sin embargo, Pascua y Corrales niegan el trasfondo del despido. ¡Son las bellezas del doble rasero de la hipocresía diplomática o de la desvergüenza entreguista!
El presidente Lobo Sosa ha dicho: “Dentro de la estrategia de responsabilidad compartida, pero diferenciada, que han suscrito los países de la región para hacer frente al narcotráfico y crimen organizado está la aceptación de un protocolo previo a autorizar el derribamiento (sic) de una aeronave”. En puridad de concepto, no se trata de “estrategia” sino de doctrina.
El presidente de la República es asimismo el comandante general en jefe de las Fuerzas Armadas de Honduras. En el marco de esa doctrina militar de la responsabilidad compartida, pero diferenciada, no sabemos cómo funciona el alto mando militar hondureño si nos atenemos a la Constitución de la República, especialmente en lo atinente al artículo 272, segundo párrafo:
“Se instituyen (las Fuerzas Armadas) para defender la integridad territorial y la soberanía de la República…” No sabemos cómo funciona porque, como dice el presidente de Honduras, “uno de los acuerdos es que para poder derribar un avión de cualquier tamaño que sea (en nuestro territorio y dentro de nuestra soberanía), se tiene que seguir un protocolo, es un compromiso internacional de Honduras”. En otras palabras, se tiene que pedir permiso.
Tampoco sabemos si los otros países comprometidos en la doctrina de la “responsabilidad compartida, pero diferenciada” están dispuestos de llegar los extremos de Honduras en lo que concierne al nombramiento y remoción de los altos mandos.
Si así fuera, quedaría una vez más establecido que las fuerzas armadas centroamericanas no son nacionales sino apéndices de un poder militar extranjero. No creemos, sin embargo, que eso sea así en la actualidad. En Honduras las cosas se ven de otro modo y se verán más todavía con el otro capítulo, el de las “ciudades modelo”.
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