Rebelión
Por Ricardo Alarcón de Quesada
El Gobierno de Estados Unidos incurrió en flagrante violación de la Constitución y las leyes para asegurar las injustas condenas a los Cinco patriotas cubanos que pronto cumplirán 14 años de castigo arbitrario e ilegal. No fue un hecho aislado sino un empeño sistemático que abarcó todo el tiempo del proceso contra los Cinco y en el que invirtió muchos millones de dinero público. Acerca de su duración, las personas involucradas, el volumen de recursos utilizados y otros aspectos importantes de esta operación sólo se tiene una información muy parcial.
Como quiera que esa conducta obligaría a las autoridades -tanto a los tribunales como al Ejecutivo- a disponer la inmediata liberación de nuestros compañeros, Washington ha conspirado también para ocultar lo que hizo, incurriendo en un delito adicional, el del encubrimiento.
Tal es la esencia del Afidávit (Declaración Jurada) que Martin Garbus, abogado de Gerardo Hernández Nordelo, acaba de presentar a Joan Lenard, jueza del Distrito Sur de la Florida. Es un texto que respalda su solicitud anterior en la que demandó la anulación de la condena de Gerardo o, como alternativa, que la jueza ordene el descubrimiento de todas las pruebas que el gobierno esconde y le conceda una audiencia oral.
Aunque hay muchas otras violaciones referidas en el proceso de apelación -ahora en su última, extraordinaria, etapa- este documento se concentra en la conjura del Gobierno con los medios locales de Miami para sancionar de antemano a los acusados y hacer imposible un juicio justo.
La sustancia de esa conspiración consistió en usar esos medios para desatar una campaña propagandística de odio y hostilidad sin precedentes. Emplearon para ello a un numeroso grupo de “periodistas”- en realidad agentes encubiertos del Gobierno- que publicaron artículos y comentarios repetidos día y noche hasta producir un auténtico vendaval desinformativo. Entre el 27 de noviembre de 2000 -día en que empezó el juicio- y el 8 de junio de 2001 -cuando fueron declarados culpables- sólo en The Miami Herald y El Nuevo Herald aparecieron 1111 artículos, un promedio de más de 5 por día. Algo semejante ocurrió con el Diario de Las Américas saturando completamente la prensa escrita.
Los “periodistas” cobraban de Radio y TV Martí, o sea, del presupuesto federal norteamericano. Dichos individuos hacían trabajos adicionales en esos dos medios y los diseminaban en el área de Miami donde ambas señales anticubanas tenían entonces y tienen todavía hoy difusión directa, por sí mismas, y son reproducidas además a través de medios locales (esta es otra violación de la ley norteamericana que prohíbe la propaganda oficial dentro del territorio estadounidense).
No se trata solamente de Radio y TV Martí y de los diarios impresos. Los llamados “periodistas” actuaron también en emisoras locales de radio y televisión, en español y en inglés, y usaron otras publicaciones, algunas gratuitas, que allá circulan.
Era imposible escapar a esa incesante propaganda en ningún rincón del sur de la Florida.
Pero la acción delictiva de los “periodistas” -y del gobierno que les pagaba- fue más allá de la propaganda. Durante el juicio la defensa denunció varias veces que buscaban influir sobre los miembros del jurado divulgando incluso materiales que la propia jueza había prohibido presentar, los cuales, obviamente, sólo pudo entregarles la Fiscalía.
Como si fuera poco, los “periodistas” se dedicaron, asimismo, a hostigar a los testigos y a los jurados. Éstos últimos se quejaron a la Jueza alegando que sentían temor, que eran perseguidos con cámaras y micrófonos, algo reconocido, varias veces, por la señora Lenard, quien pidió al gobierno, evidentemente sin éxito, la ayudase a evitar situaciones que manchaban la imagen del sistema judicial norteamericano. (Por ejemplo, Transcripción Oficial del juicio, páginas 22, 23, 111, 112, 625, 14644-14646).
En agosto de 2005 los tres jueces de la Corte de Apelaciones decidieron unánimemente declarar nulo el juicio de Miami porque se había realizado bajo lo que ellos describieron como “una tormenta perfecta de prejuicios y hostilidad” creada precisamente por los medios locales. Cuando dictaron el histórico fallo los tres jueces no sabían, no podían saberlo ellos ni nadie, que el responsable de esa “tormenta perfecta” era la Fiscalía que prevaricó abiertamente incumpliendo su obligación constitucional de preservar la legalidad y garantizar un juicio justo.
La primera noticia de la conspiración del Gobierno con sus “periodistas” pagados surgió un año después, en septiembre de 2006.Desde entonces el Gobierno ha resistido los esfuerzos de organizaciones de la sociedad civil norteamericana para que muestre el alcance de esos pagos y sus contratos en conformidad con la Ley de Libertad de Información (FOIA). La Fiscalía también se ha opuesto a la demanda incluida en las apelaciones extraordinarias de nuestros compatriotas y ha amenazado con recurrir a los “privilegios ejecutivos” y a razones de seguridad nacional para perpetuar el ocultamiento.
EL caso de los Cinco tiene una extraña relación con la prensa y la profesión periodística. En Miami los medios fueron un instrumento decisivo para condenarlos. Fuera de Miami los castigan con el silencio.
La irrefutable denuncia de Martin Garbus plantea un reto a los profesionales del periodismo. ¿La ocultarán otra vez haciéndose así cómplices de quienes mancillaron su noble oficio? ¿O tratarán de salvar la honra de su profesión reclamando que los farsantes sean desenmascarados y que la verdad y la justicia prevalezcan?
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