Por Dana Frank
A pesar de la gran cantidad de evidencia que demuestra lo contrario, el Departamento de Estado de EE.UU. dice que el gobierno de Honduras está tomando las medidas adecuadas para resolver las preocupaciones del Congreso sobre derechos humanos.
Honduras está bajo asedio. Su sistema judicial es casi completamente disfuncional, y más de 10.000 quejas de abusos de derechos humanos por las fuerzas armadas del Estado se han presentado en los últimos tres años, según el Comité de Familias de Detenidos y Desaparecidos en Honduras. Por lo menos 23 reporteros han sido asesinados desde el 2009. Las Naciones Unidas, Human Rights Watch y Amnistía Internacional han planteado graves preocupaciones sobre la terrible situación del país.
Pero a pesar de todas las evidencias, el Departamento de Estado de EE.UU este mes reportó que el Gobierno de Honduras esta tomando las medidas adecuadas para resolver las preocupaciones del Congreso sobre derechos humanos. Esto facilita que los fondos de EE.UU sigan llegando al Gobierno represivo del presidente Porfirio Lobo, quien llegó al poder en el 2009 en el periodo subsiguiente al golpe de Estado que depuso al presidente democráticamente electo Manuel Zelaya.
En el proyecto de ley de apropiaciones del 2012, que fue aprobado en diciembre, el Congreso requiere que antes de que el 20% de la porción de la ayuda financiera militar y policial de EE.UU pueda ser entregada, el Departamento de Estado tiene que reportar sobre si el Gobierno de Honduras está implementando políticas para garantizar la libertad de expresión, libertad de asociación (incluyendo a los derechos laborales) y debido proceso de ley. El Gobierno hondureño también debe garantizar que el personal militar y policial que ha violado derechos humanos sea investigado y procesado. Según una declaración oficial hecha pública por el Departamento de Estado, Honduras ha cumplido la mayoría de estos criterios. Ahora más de $50 millones en seguridad y asistencia de desarrollo de EE.UU pueden ser entregados a Honduras.
¿Qué estaba pensando el Departamento de Estado? El régimen de Lobo es corrupto de pies a cabeza, entrelazado con traficantes de drogas y crimen organizado, como han admitido algunos de sus propios oficiales. La policía ha sido acusada de actividades criminales y ha sido implicada en destacados asesinatos. La policía junto a otros que sirven a las elites del país –los militares, paramilitares y guardias de seguridad privada– continúan emprendiendo una guerra viciosa hacia la oposición.
¿Libertad de expresión? Esta semana, activistas campesinos, incluyendo mujeres y niños, que procuraban una acción legal que garantizara sus concesiones de terreno, fueron brutalmente golpeados y atacados con gas lacrimógeno en Tegucigalpa, la capital, en un salón en donde habían conseguido refugio. La policía se congregó y detuvo a 27 campesinos, incluyendo a líderes importantes y a sus abogados, e intentaron transferirlos a una prisión de alta seguridad, a pesar de la orden de un juez para liberarlos. El 25 de julio, Padre Ismael Moreno Coto, el director jesuita de la estación Radio Progreso de la oposición, testificó ante la Comisión de Derechos Humanos Tom Lantos del Congreso de EE.UU sobre la libertad de prensa en Honduras desde el golpe. Él habló elocuentemente de la represión e intimidación de voces críticas independientes, y también de los asesinatos categóricos de periodistas. Una semana y media después, la policía entró a la estación y acosó al personal, acusándolos de estar “escondiendo” a campesinos.
¿Libertad de asociación? En marzo, la Federación Estadounidense del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales (AFL-CIO, por sus siglas en inglés) hizo una denuncia en base al Tratado de Libre Comercio de Centroamérica documentando los extensos abusos a los derechos laborales en Honduras desde el golpe en el 2009, incluyendo los eventos en los cuales personas fueron despedidas por haber firmado una petición del sindicato y asesinatos de sindicalistas de comercio activos en la resistencia. Tres activistas en LibRe, un partido político nuevo de la oposición, fueron asesinados en mayo y junio.
¿El Estado de derecho? Comentaristas han concluido que el sistema legal no funciona. La Organización de Naciones Unidas en febrero mencionó una “impunidad dominante y la ausencia de investigaciones efectivas de violaciones de derechos humanos.”
Al frente de la irreprimible evidencia de los masivos y continuos abusos de derechos humanos y de la disfuncionalidad del sistema judicial, el Departamento de Estado ha escogido mirar para el otro lado, como si pudiera borrar el horror y su existencia con tan solo una firma.
En su informe, el Departamento de Estado sí anunció que iba a retener todos los fondos de EE.UU a Juan Carlos (El Tigre) Bonilla, el jefe de la Policía Nacional, o a cualquiera bajo su supervisión directa hasta que una investigación de sus presuntas actividades con un escuadrón de la muerte hayan concluido. Mientras tanto, los millones de dólares de EE.UU quedaron libres para otras unidades.
El Departamento de Estado le contuvo los fondos a Bonilla, pero no por que quería (Lisa Kubiske, la embajadora de EE.UU en Honduras, de hecho públicamente le dio la bienvenida a su cargo a Bonilla en mayo). Sin embargo, sólo lo hizo por la gran presión que recibió del Congreso, el cual estaba en sí respondiendo a grandes redes de activistas de organizaciones de base, académicos y organizaciones no gubernamentales alarmadas por la situación de derechos humanos.
En marzo, 94 miembros del Congreso firmaron una carta para la secretaria de Estado, Hilary Rodham Clinton, exigiendo que todos los fondos militares y policiales para Honduras fueran suspendidos inmediatamente. Senadores claves, liderados por Patrick Leahy (D-Vt) y Barbara Mikulski (D-Md), han expresado continuas preocupaciones sobre los asuntos de derechos humanos en Honduras.
Pero la administración de Obama esta obsesionada con una guerra militarizada y que no se puede ganar en contra de las drogas en América Latina, y como resultado parece estar dispuesta a apoyar a casi cualquier gobierno que la deje expandir su presencia militar en la región. Para su vergüenza, continúa entusiásticamente apoyando al régimen del golpe hondureño, con un aumento en los fondos militares en el último año. ¡Basta! Es hora de reconocer que el Departamento de Estado está completamente equivocado sobre Honduras; es hora de honrar a las victimas y muertos de Honduras suspendiendo estos fondos inmediatamente.
* Dana Frank es una profesora de historia en UC Santa Cruz y su trabajo se centra en Honduras moderno.
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