El precio de la democracia

Jornada

Por David Brooks

Bienvenidos al país de un dólar, un voto, como afirma una de las pancartas de los que protestan contra la compra de la democracia por las empresas y de los más ricos. Al arrancar el año electoral en Estados Unidos hay un olor verde muy particular: aquí el proceso democrático apesta a dinero.

Una muestra reciente de este aroma: el debate hace un par de días en CNN entre precandidatos republicanos fue patrocinado por American Petroleum Institute, la asociación de las empresas petroleras estadunidenses: Barack Obama anunció que aceptará la nominación de su partido en un estadio que lleva el nombre del Bank of America; el precandidato Mitt Romney tiene millones de su fortuna en un paraíso fiscal para evadir contribuir al tesoro público de su país; un fallo de la Suprema Corte ha desatado lo que un analista llamó un tsunami de dinero privado en el proceso electoral.

Se pronostica que ésta será la elección más cara en la historia de la humanidad, tal vez superior a los mil millones de dólares. Pero esta ronda democrática tiene algo nuevo que explícitamente comprueba que las elecciones aquí se tratan más de dólares que de votos. Hace justo dos años, la Suprema Corte de Estados Unidos emitió un fallo en el caso Citizens United en el cual otorgó a empresas y a ricos el derecho a invertir montos ilimitados para influir en el proceso electoral, al determinar que las empresas son personas y por lo tanto gozan del derecho individual a la libre expresión. Aunque se mantienen límites estrictos sobre cuánto se puede donar a las campañas de candidatos individuales, no hay límite sobre gastos para promover o atacar a otros aspirantes, siempre y cuando no se haga en coordinación con una campaña especifica.

Los efectos de este fallo se vieron de inmediato en las elecciones legislativas y estatales de 2010, cuando al amparo de ese fallo de la Suprema Corte aparecieron nuevas entidades legales llamadas supercomités de acción política (Súper PAC), por donde se canalizan esos fondos sin límite, sobre todo en publicidad política. Según la Fundación Sunlight, los Súper PAC gastaron un total de 455 millones de dólares, de los cuales nunca se ha divulgado el origen de 126 millones, porque el Congreso no ha promovido una ley que obligue a reportar el origen de este tipo de contribuciones a los Súper PAC.

En el ciclo electoral presidencial de 2012 se espera que estos montos sean mucho mayores. Los Súper PAC ya han gastado hasta la fecha casi 30 millones de dólares (la elección es en noviembre).

El Sunlight, centro de investigaciones no partidista dedicado a dar seguimiento a este asunto, realizó una investigación de quiénes son los principales donantes de los procesos electorales federales a través de sus aportaciones a campañas, partidos, PAC y otros grupos. En 2010 descubrieron que poco menos de 27 mil individuos, un grupo muy reducido, contribuyeron cada uno con 10 mil dólares como mínimo, para un total de 774 millones de dólares. Cuando se trata de política, éstos son el 1 por ciento del 1 por ciento, afirma Sunlight.

“Creo que lo que uno ve en el sistema de financiamiento político es el acceso desigual y sin precedente de los ricos e influyentes a los que toman las decisiones en el gobierno. Son los que hacen las grandes contribuciones a las campañas… Ellos determinan quién se postula para los puestos y quién gana, qué hace el Congreso”, afirma Ellen Miller, de la Fundación Sunlight, en entrevista con Bill Moyers en su programa Moyers & Company.

Los ejecutivos e inversionistas que conforman este 1 por ciento del 1 por ciento en el financiamiento de la política están ligados con un número reducido de empresas. En 2010, de las 10 principales compañías, seis eran del sector financiero, encabezadas por ejecutivos de Goldman Sachs, seguidos por otros de Citigroup. Otras empresas cuyos empleados forman parte de este grupo de donantes son Microsoft, RJ Reynolds Tobacco, American International Group y Bear Stearns.

Esta compra del proceso político por medio de recursos para cabildear, contribuir a campañas y las guerras de propaganda política en los grandes medios por empresas, ejecutivos, abogados y cabilderos de los sectores más ricos de este país siempre ha existido, pero se ha vuelto aún más marcada y hasta explícita en las últimas décadas, y con el fallo de la Suprema Corte en 2010 ahora llega a niveles obscenos. Hasta el ex director de la oficina del presupuesto federal de Ronald Reagan, David Stockman, alerta que hoy día en Estados Unidos no tenemos ni capitalismo ni democracia. Tenemos un capitalismo clientelista.

La población repudia todo esto. Varias encuestas han registrado que la mayoría de ciudadanos opina que el gobierno federal no representa sus intereses ni comparte sus preocupaciones, y que hay demasiado dinero privado en las elecciones. Hay protestas por todo el país sobre este asunto, las cuales se han multiplicado durante los últimos meses mediante el movimiento Ocupa Wall Street, que repudia lo que llama el secuestro de la democracia por el 1 por ciento, y en sus manifestaciones se burla de un sistema con pancartas como no tengo con qué contratar a un cabildero, sólo tengo esta pancarta.

Es cierto que nada de esto es nuevo. Tenemos el mejor Congreso que el dinero puede comprar, afirmó el humorista Will Rogers hace más de 70 años. El músico Frank Zappa afirmó hace un par de décadas que la política es la rama de entretenimiento de la industria. El cómico George Carlin tal vez resumió todo al afirmar que “los dueños de este país conocen la verdad: se llama el sueño americano porque uno tiene que estar dormido para creérselo”.

Pero quizás esta vez, por ser ahora tan extremo y obsceno, habrá un despertar; mientras tanto, por ahora hay una pausa en esta democracia mientras se ofrece otro mensaje más de sus patrocinadores empresariales. Como afirma el dicho básico para todo periodista, detective y cualquiera que desea descubrir los misterios del poder: follow the money.