Hoy estamos frente a la tragedia más grande conocida en nuestra historia penal. Cerca de 400 personas privadas de libertad murieron asfixiadas y calcinadas dentro de sus celdas en la granja penal de Comayagua. Tras la tragedia en mayo de 2004 en el centro penal de San Pedro Sula, desde Radio Progreso nos preguntábamos sobre cuántas masacres más debíamos esperar para que el Estado aprendiera a dar respuestas a las necesidades de seguridad de los privados de libertad. Y ahora nos encontramos con ésta auténtica escena macabra de asesinato colectivo por parte del Estado, un auténtico genocidio. Ya no solo se ratifica que el sistema penitenciario colapsó hace mucho, sino que el Estado está exterminando a compatriotas que en las cárceles se encuentran bajo la estricta responsabilidad de las autoridades públicas.
Hace varios años que se han presentado recomendaciones muy concretas al Estado para proteger la vida de los reclusos. Sin embargo, nunca se cumplió ninguna de ellas. Si en un centro penitenciario con capacidad para 440 privados de libertad había más de ochocientas personas recluidas, ¿no se tenía organizada acaso una ruta de evacuación ante cualquier emergencia o eventualidad? ¿Qué era más importante, mantener cerrados los candados aun con las llamas dentro de los celdas, o romper de cualquier manera los mismos salvar la vida de los privados de libertad? ¿O es que acaso no son seres humanos los que están detrás de una reja penitenciaria? ¿Acaso no se puede aplicar en un caso de evidente emergencia como un incendio invasivo, la figura de calamidad pública para romper con cerrojos que salven la vida de centenares de personas?
El cinismo oficial no admite límites. Los funcionarios públicos reaccionan con el mismo formato de siempre: cadenas nacionales, nombramiento de comisiones, se prometen realizar investigaciones y en algunos casos asignan una limosna a los familiares de las víctimas. Ese formato termina en casi todos los casos con el mismo resultado: impunidad, corrupción o condenas al propio Estado. Una tragedia de esta magnitud en cualquier país con una institucionalidad básica supondría como primera medida la renuncia inmediata de todos los funcionarios de las instituciones bajo cuya responsabilidad se encuentran los centros penales, comenzando por el Ministro de Seguridad.
Con el dolor en el corazón que provocan estas tragedias y con la indignación ante tragedias debidamente advertidas, no podemos dejar de demandar el cambio de todo el sistema penitenciario y a la vez sumar todas las voces de las víctimas del Estado hasta derrumbar toda la infraestructura de la impunidad, y dar los primeros pasos hacia una nueva institucionalidad.
No hay comentarios:
Publicar un comentario