Por Mike Taylor *
Ha llegado un punto en que las editoriales universitarias han abandonado toda aspiración de situarse del lado de los científicos. La retórica que han empleado tradicionalmente ha consistido en asociarse con los científicos, pero lo cierto es que desde hace ya algún tiempo las editoriales académicas son enemigas de la ciencia y de las publicaciones. La Research Works Act, presentada en el Congreso de Estados Unidos el pasado 16 de diciembre, equivale a la declaración de guerra de las editoriales.
El principal organismo estadounidense de financiación de investigaciones relacionadas con la salud es el denominado Institutos Nacionales de la Salud (NIH, National Institutes of Health), cuyo presupuesto anual se cifra en 30.000 millones de dólares. El NIH tienen unas normas de acceso a sus documentos según las cuales la investigación financiada por los contribuyentes debe ser de libre acceso a través de Internet. Eso quiere decir que la población, que ya ha pagado una vez para que se realizaran las investigaciones, no tiene que volver a pagar para leerlas; una política bastante razonable y con consecuencias humanitarias inmensas, pues significa que los resultados de la investigación médica pasan a estar disponibles gratuitamente en todo el mundo.
Ahora, el Reino Unido está adoptando una política semejante. En la página 76 del documento institucional Innovation and Research Strategy for Growth, el gobierno afirma que “se compromete a garantizar el acceso gratuito a las investigaciones financiadas con fondos públicos”. Es magnífico para el progreso de la ciencia, que siempre se ha basado en la libre circulación de ideas, la puesta en común de datos experimentales y los avances realizados encaramándose a los hombros de gigantes que nos precedieron.
Pero lo que es bueno para la ciencia no necesariamente es bueno para las editoriales científicas, cuyos intereses se han apartado mucho y distan de alinearse con los nuestros. Según el antiguo modelo, las editoriales se convierte en propietarias de los artículos que publican, gracias a lo cual son titulares de los derechos y venden ejemplares en todo el mundo (un servicio muy valioso en los tiempos anteriores a Internet). Pero ahora que poner un artículo a disposición del mundo entero representa un reto trivial, no hay razón para que los científicos tengan que ceder los derechos a las editoriales.
La contribución que realizan las editoriales (designando editores de los textos, componiendo el volumen y anunciándolo en páginas web) es hoy día un servicio que los autores pueden pagar, en lugar de ser una hebra de una negociación por la que antes tal vez merecía la pena ceder los derechos. Así que los autores que permiten acceder libremente a sus trabajos pagan a las editoriales una cuota y el editor deja de ser propietario del trabajo resultante.
Las editoriales de libre acceso, como la Biblioteca Pública de Ciencias (PloS, Public Library of Science), logran obtener un modesto beneficio con una tarifa de edición de 1.350 dólares (880 libras esterlinas). Pero las editoriales tradicionales han acabado por acostumbrarse a ganar mucho más y, por tanto, se resisten a la inevitable conversión al sistema de libre acceso. Al principio del proceso de transformación, lo hicieron descargando burlas contra la PLoS, augurando que el nuevo sistema nunca lograría arrancar. Pero ahora que la revista PLoS ONE es la publicación académica más grande del mundo, difícilmente se puede sostener un ataque similar. Más bien, las editoriales han adoptado el enfoque que las empresas no competitivas han utilizado siempre en Estados Unidos: presionar para que la legislación proteja un modelo insostenible.
En caso de aprobarse, la RWA imposibilitaría la política de libre acceso del NIH y cualquier otra normativa similar promulgada por los demás organismos federales, con lo que los frutos de las investigaciones financiadas con fondos públicos quedarían encerrados tras un muro de taquillas de pago. El resultado sería una catástrofe ética: muertes evitables en países en vías de desarrollo y una derrota inconmensurable para la ciencia en Estados Unidos y en el mundo entero. Los únicos vencedores serían las empresas editoriales como Elsevier (en el año 2010, 724 millones de libras esterlinas de beneficios por unas ventas de 2.000 millones de libras: una cifra de beneficio que asciende a la asombrosa proporción de un 36 por ciento de los ingresos).
Si se promulgara esta ley, como los obscenos beneficios adicionales de Elsevier se transferirían desde Estados Unidos a la sede central de la empresa en los Países Bajos, ¿cómo habría que calificar a los políticos estadounidenses que la apoyaran? La RWA está auspiciada por Darrell Issa (republicana, por California) y Carolyn B. Maloney (demócrata, por Nueva York). Durante el periodo de renovación parcial de congresistas del año 2012, Elsevier y sus altos ejecutivos realizaron 31 donaciones a diferentes representantes: de las 31, dos fueron a parar a Issa y 12 a Maloney, una de las cuales era la mayor aportación individual.
Pese a toda la palabrería de que su fin principal es colaborar con los científicos, el verdadero programa de Elsevier no es nada más noble que forrarse a costa de todos y cada uno de los científicos de todo el mundo que estudian una enfermedad evitable o para la que existe tratamiento.
No puede sorprendernos demasiado que las editoriales jueguen sucio para aferrarse a un modelo de negocio según el cual unos científicos realizan investigaciones financiadas en buena medida con fondos públicos, redactan artículos y tratan datos sin que represente coste alguno para la revista; otros científicos realizan revisiones profesionales gratuitas; y otros científicos llevan a cabo las labores editoriales sin cobrar o por una remuneración simbólica. El resultado de todo este trabajo profesional gratuito y por sumas muy inferiores a las del salario mínimo son artículos de revistas en los que la editorial, que apenas ha hecho nada, es propietaria de los derechos y puede revender ejemplares a las bibliotecas con unos costes propios de un sistema monopolista y a los sujetos individuales por 30 dólares o más por consulta de artículo.
Lo que sí sorprende es el extremo hasta el cual los científicos son cómplices de la perpetuación de semejante sistema feudal. La RWA está sonoramente apoyada por la Association of American Publishers (Asociación de Editores de Estados Unidos), entre cuyos miembros se encuentran más de 50 sociedades científicas... incluida, curiosamente, la American Association for the Advancement of Science (Asociación Estadounidense para el Progreso de la Ciencia), que con el apoyo implícito a la RWA está convirtiéndose en realidad en una asociación para el retraso de la ciencia.
¿Qué podemos hacer para impedir que se apruebe la RWA? Los ciudadanos estadounidenses deberían escribir a sus representantes y exponerles la catástrofe que originaría y lo injusta e innecesaria que es. Y todo científico en ejercicio debería comprobar de qué asociaciones profesionales es miembro para averiguar si está ingresando cuotas en una asociación que fomenta volver a recluir a la ciencia entre los muros de un jardín vallado. De ser así, deberíamos presionar a las sociedades científicas de las que somos miembros para que se dieran de baja de la Association of American Publishers o, al menos, para que declararan públicamente que se oponen a la RWA.
El resultado final para los científicos es que ahora muchas editoriales se han convertido en nuestras enemigas, en lugar de ser las aliadas que otrora fueron. El negocio de Elsevier no consiste en generar beneficios por la publicación de nuestros trabajos, sino exactamente en lo contrario: en restringir el acceso a las publicaciones. No debemos ser cómplices de su última intentona de paralizar el progreso de la ciencia.
* Mike Taylor es investigador asociado del Departamento de Ciencias de la Tierra de la Universidad de Bristol.
No hay comentarios:
Publicar un comentario