Por Serapio Morazán
“Porque la vida de un pobre no vale nada”
Rubén Blades
Como si fuera poco lo que le sucede a Honduras después de convertirse en el país más peligroso del mundo con una tasa que sobrepasó los 86 muertos por cien mil habitantes, hoy nos despertamos con el horror de una nueva masacre en una de las granjas penales del país.
A la hora de escribir esta nota, 360 privados de libertad murieron durante un incendio que se inició a las diez y media anoche. Los periodistas que lograron ingresar a la granja penal de Comayagua, ciudad ubicada a aproximadamente 90 kilómetros al norte de la capital, narraron las dantescas escenas de horror que vivieron los detenidos antes de morir. Los cadáveres calcinados, aún agarrados a los barrotes intentando escapar del fuego, son testigos mudos de otra barbarie que superó con creces a las precedentes.
Lamentablemente la historia del terror en Honduras no es nueva. El 5 de abril de 2003, fueron asesinadas 69 personas en la granja penal El Porvenir, en la costa Caribe hondureña. Luego el 17 de mayo de 2004, otros 104 privados de libertad fueron asesinados en la penitenciaría de San Pedro Sula, la segunda ciudad del país y ahora, la más peligrosa del mundo. Ambos crímenes masivos fueron perpetrados después de hacer traslados masivos de mareros a uno y otro centro de detención desde otros lejanos. La segunda masacre se dio justo cuando se abrió el proceso penal contra los responsables de la mascare del año anterior. Fue tal la premeditación que parecía claro que se quería enviar el mensaje de que los responsables del país podían hacer lo que quisieran con los detenidos. El gobierno del nacionalista Ricardo Maduro, había signado su gobierno por una lucha frontal contra las “maras” responsabilizadas entonces del secuestro y asesinato de su único hijo unos años antes de ejercer la presidencia.
Volvamos a los hechos. El incendio se inició cerca de medianoche. Hay varias versiones circulando. La primera de ellas dice que fue un corto circuito por la recarga en el sistema eléctrico. Esta versión es plausible, dado que la cárcel que estaba diseñada para 400 detenidos albergaba a 852. Existe además un informe de la ENEE (compañía nacional de electricidad) que alertaba a las autoridades de la posibilidad de un desastre. Este informe fue hecho llegar a las autoridades de seguridad hace varios años. La segunda versión es que un detenido que estaba fumando incendió un colchón y de ahí se propagó al resto de los módulos.
Estas dos versiones no pueden explicar la cantidad de fallecidos desde ningún punto de vista. Hay varios elementos que van saliendo que muestran que el exagerado número de fallecidos no puede explicarse por el incendio. La estación de bomberos de Comayagua está ubicada a tres minutos de la cárcel. Según reportes ellos lograron ingresar al penal más de veinte minutos después de haberse iniciado el incendio. Se reporta además que hubo muchos disparos después de iniciarse el incendio. Algunos privados de libertad que sobrevivieron declararon a los periodistas que la policía carcelaria no abrió las celdas cuando era más que obvio que si no lo hacían morirían muchos detenidos. El argumento es que el encargado de las llaves no estaba en el penal a la hora del incendio. Según algunos sobrevivientes que lograron salir de las celdas rompiendo el techo, los militares les disparaban para evitar que salieran. Ellos aseguran que fue el enfermero quien logró abrir algunas de las celdas, pero ya no pudo abrir otras.
Las narraciones son de pesadilla. Se repite la historia de 2003 y 2004. La negligencia criminal de las autoridades del país queda en evidencia nuevamente. El horror no tiene límites en Honduras. La política de limpieza social, mano dura, asesinatos selectivos sigue imponiéndose contra el deseo de paz y justicia de la mayoría. El fracaso de un gobierno que ha sido incapaz de garantizar lo mínimo a la población, lo básico que es el derecho a la vida, peor aún, para quienes están bajo la responsabilidad directa de las autoridades como son los encarcelados, es más que evidente. La limitada institucionalidad del país rota por el golpe de estado ha lanzado a Honduras a una vorágine de violencia, crimen, desesperanza y muerte.
Igual que en 2003 y 2004 hoy gobierna Honduras el partido Nacional, caracterizado por la intolerancia, el uso de la fuerza para reprimir cualquier protesta social y de la política de mano dura contra el crimen, pero también por ampliar los privilegios de los más ricos. Como todo en Honduras, hasta la política criminal está segregada. Se aplica sólo a los pobres. Es evidente en las primeras imágenes de los familiares de los detenidos cuando se han aglomerado en las afueras de la granja penal en Comayagua que son gente común. Son pobres. Como los pobres no valen nada, se puede hacer con ellos lo que se quiera. Esta es su filosofía. Matar a los pobres de hambre, por balas y pareciera que ahora también por fuego.
Para agregar elementos a este caos, ayer se anunciaba el recorte del presupuesto al principal hospital del país en un 40%. El Hospital Escuela, último hospital público construido en la capital a finales de los setenta cuando la ciudad apenas contaba con 300 mil habitantes, está colapsado. Florecen como centros comerciales los hospitales privados, donde los mismos médicos que tratan como animales a los pobres, tratan como “clientes gold” a quienes pueden pagar para curarse. Destruir los servicios públicos es una consigna de los poderosos.
La cada vez más grande brecha entre los que más tienen a costillas de los que menos tienen es la verdadera bomba de tiempo en Honduras. No sólo son los centros penales, no sólo son las escuelas públicas que están cayéndose literalmente. No sólo es la cada vez menor posibilidad de conseguir empleo digno. No sólo es la reducción de los salarios que cada vez son más de hambre. No sólo es la injusticia entronizada en el Ministerio Público, en la Corte Suprema de Justicia, el crimen organizado en la policía. Este es un pueblo que reclama justicia a gritos. Es imposible seguir corriendo hacia el abismo como nación, como país, como sociedad.
Lo que ocurrió en Comayagua tiene que ver con la negligencia criminal de las autoridades encargadas de la seguridad en el país, de los responsables del centro penal y, en última instancia, del ilegitimo presidente. Todo lo que ocurrió la noche de ayer y la madrugada de hoy debe ser investigado, se debe sancionar a los responsables con todo el peso de la ley y se deben tomar las medidas para que esto no vuelva a ocurrir. Esto suena muy bien, pero debemos recordar que estamos en Honduras. Aquí todo es posible.
Yo prefiero no hablar de estado fallido porque es la justificación para la ocupación extranjera que lamentablemente, poco a poco se va perpetrando en nuestro país. Nosotros somos capaces de derrotar el mal y la ambición de quienes no se sacian con nada. Los geófagos, los estafadores financieros, los narcotraficantes que hoy nos gobiernan, que se sientan en la misma mesa y se ríen de las desgracias del pueblo tendrán que pagar sus crímenes. La refundación del país es la única salida a un modelo que se ve de lejos, ha fracasado estrepitosamente. ¿Por qué no renuncian y se van a la mierda? ¿Acaso creen que la gente no se da cuenta de lo incapaces que son? ¿Qué van a decir ahora a los familiares de las víctimas?
El pueblo hondureño es un pueblo noble pero no es idiota. Lo que ha ocurrido anoche solo muestra la displicencia con que los que nos gobiernan tratan la vida de los pobres. La máxima de sólo el pueblo salva al pueblo es hoy en Honduras más cierta que nunca. Los dos caminos está claramente trazados: el abismo al que nos quieren conducir los criminales que se han enriquecido ilícitamente y la refundación del país para devolver la esperanza, la dignidad y la vida libre al pueblo. Nada más claro. Tenemos la decisión en nuestras manos.
Estos crímenes nunca más deben ocurrir.
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