Dos temas aparecen destacados con fuerza en la prensa nacional: la no retroactividad del Impuesto sobre la Renta para los empresarios y el tema de los “narco-diputados, narco-alcaldes y narco-municipalidades”. Los dos no solamente son de gran actualidad sino que, al mismo tiempo, tienen gran incidencia en la vida económica y política del país.
Es la Corte Suprema de Justicia quien ha señalado que son inconstitucionales las reformas al artículo 22 de la Ley de Impuesto sobre la Renta y, además, eran los empresarios quienes se oponían a que el Estado les cobrara un 1% retroactivo sobre las rentas netas a partir de enero del 2011.
En una época de globalización de los mercados lo que sucede es una “colonización de la vida económica a toda la sociedad”, es decir, que la economía impone sus leyes y supedita a sus intereses la política, la sociedad, la ecología y el desarrollo. Y, como muy bien señala la Iglesia en Aparecida “la globalización sigue una dinámica de concentración de poder y de riquezas en pocas manos” (DA 62). No es, por lo tanto casual, que el reciente “Sondeo de Opinión Pública” nos diga que “un 83,5 % no tenga confianza en el empresariado y que más del sesenta por ciento de la población piense que los ricos y poderosos del país, el Congreso Nacional y su Gabinete” son los que manipulan a Porfirio Lobo.
Un país con tanta pobreza debería esperar un sector empresarial agresivo en inversiones y creación de puestos de trabajo. Sin embargo, lo que tiene es una entidad que persigue la evasión fiscal y la reducción de los impuestos. Por eso el FOSDEH nos argumenta que “el sistema fiscal hondureño es perverso por cuanto el 10% de la población de los hogares más ricos recibió un 40% del total de los ingresos del país; mientras que el 40% de los hogares más pobres solamente recibió el 10% de ese ingreso. Y, cuando hablamos de los impuestos, el 10% de los hogares más pobres soporta un presión tributaria del 41% mientras que el 10% de los hogares ricos únicamente del 19%”.
El otro tema recurrente está vinculado al narcotráfico. Era la AMHOM que en una carta abierta a Mauricio Villeda Bermúdez le pedía pruebas pues declaró que “hay Diputados que son narcodiputados, hay alcaldes que son narcoalcaldes y no queremos narcopartidos”. Y, sin embargo, uno de los periódicos nacionales, tenía como grandes titulares que “los narcos ofrecen dinero a candidatos de Copán” pues el crimen organizado está moviendo su maquinaria para ubicar a narco-políticos en las principales municipalidades de Copán.
El magistrado del Tribunal Supremo Electoral, Enrique Ortéz Sequeira, por su parte, dijo que “la actividad política es noble, pero entendemos que el crimen organizado y el narcotráfico buscan tres fines fundamentales: el poder económico, el poder armamentista y, por último y como fin supremo, buscan la adquisición del poder político para fortalecer sus actividades”. Es la razón por la cual el Tribunal pretende blindar a como dé lugar el proceso electoral.
En resumidas cuentas, tenemos que el “plato del día” está servido a base de exenciones de impuestos y la infiltración de la política por parte del narcotráfico. La “trasparencia fiscal” es una exigencia de la ciudadanía y la vida democrática del país para reducir la pobreza, la desigualdad social y lograr una mayor distribución de la riqueza. Y en el departamento de Yoro, donde “hemos cambiado la lluvia de peces por la lluvia de avionetas”, necesitamos una política a basada en una declaración pública de los fondos de campaña y que luche contra la inseguridad social al margen del narcotráfico y el crimen organizado. ¡Ese es nuestro reto!
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