Tragedia penitenciaria

Diario Tiempo

La horrorosa muerte de alrededor de 358 reos en el incendio de la Granja Penal de Comayagua es evidencia del colapso del sistema penitenciario del país, tanto por sobrepoblación como por incapacidad administrativa.

Una tragedia similar, en la que murieron 107 “mareros” privados de libertad en el incendio del Centro Penal de San Pedro Sula , en 2003, y la muerte de 66 reos, también “mareros” en su mayoría, en un incendio de la Granja Penal “El Porvenir” (La Ceiba), en 2004, es el antecedente de esa secuela catastrófica.

En ninguno de estos casos, principalmente el de Granja Penal de “El Porvenir”, en que fue evidente la alevosa actuación de las autoridades de Seguridad, hubo una investigación a fondo para el castigo de los principales responsables, ratificándose el sello de la impunidad en nuestro sistema político.

Hasta el momento se desconoce la causa de la conflagración en la Granja Penal de Comayagua ni el número exacto de muertos ni de los heridos, aunque, según el dato oficial, puede ser de más de 358 fallecidos y “decenas” de lesionados. Es la mayor desgracia de este tipo ocurrida en Honduras.

De acuerdo con la información disponible, la Granja Penal de Comayagua fue diseñada para manejar 250 reclusos y con límite excesivo para 400. Sin embargo, la población del penal, en el momento de la catástrofe, era de 852 prisioneros, sin contar el personal de vigilancia.

Eso indica el alto grado de hacinamiento humano en la red de centros penales del país, especialmente en las ciudades de mayor población como San Pedro Sula, donde, como ya lo hemos apuntado, ha habido esta clase de infortunios. En suma, queda claro el descuido de los gobiernos en la atención penitenciaria.

Sobre este tema cabe considerar la controversia que, en gobiernos anteriores, se dio en torno a la administración penitenciaria, que se trasladó de la Secretaría de Gobernación y Justicia, ahora del Interior, a la Secretaría de Seguridad, cuyo trasfondo fue el tema de la corrupción.

Ahora, con el colapso de la Secretaría de Seguridad por la profunda contaminación delictiva y del narcotráfico en la policía preventiva, conviene replantear la dependencia administrativa del sistema penitenciario, que, a nuestro juicio, siempre debió quedar en el ámbito de la gobernación.

Si así no fuera, el desastre de la Granja Penal de Comayagua y las tragedias antecedentes obligan a un análisis a fondo de este problema, a extremos de que tal vez habría necesidad de crear una dependencia especializada para la administración y el control del sistema penal, a fin de sustraerlo de las influencias políticas y corruptas propias del entorno.

La noticia de esta desgracia en Honduras, como es lógico, le ha dado la vuelta al mundo añadiéndole más negatividad a la ya deplorable imagen de nuestro país en el exterior. Falta mucho por saber acerca de las causas y las consecuencias de esta fatalidad.

El dolor de los familiares de los muertos en condiciones tan espantosas es inmenso, sin duda, y el estupor nacional sobrepasa los niveles de lo concebible. Es, pues, una situación conmovedora, deprimente, que no parece tener fin en el campo de los derechos humanos.