El presidente golpista de Honduras, Roberto Micheletti, prepara una amnistía para él y para todos aquellos que apoyaron la ruptura del orden constitucional en el país hermano.
Roberto Micheletti usurpó el poder tras ejecutarse, el 28 de junio, un golpe de Estado contra el presidente constitucional de Honduras, Manuel Zelaya-
En este sentido, Micheletti dijo: “Tenemos que perdonarnos todo. Yo creo que podría ser un paso hacia eso”, al hacer mención a la amnistía que pretende que el actual Congreso, considerado como fraudulento, apruebe para todos los involucrados en el derrocamiento militar de Zelaya.
El presidente electo en los comicios realizados fuera del marco constitucional el 29 de noviembre, Porfirio Lobo, tras reunirse con Micheletti, llevó la propuesta formal al Poder Legislativo.
Al respecto, Lobo señaló: “Todo lo que se derive de los hechos del 28 de junio, debe ser objeto de lo que se propone en el tema de la amnistía, para que haya paz, perdón para los delitos políticos”.
El Congreso de facto, que también avaló el golpe de Estado, una vez que obtuvo la propuesta de amnistía que le llevó Lobo, casi de manera inmediata, reactivó una comisión que ya estudiaba el tema.
No obstante, para empezar a debatir la restitución de Zelaya, tras la firma del Acuerdo Tegucigalpa- San José, demoró más de un mes.
Según reseñó Telesur, los golpistas autodeclararon como una “reconciliación nacional” el hecho de perdonarse ellos mismos los delitos que han cometido durante los 172 días de inconstitucionalidad que propiciaron en el país, desde el quebrantamiento del gobierno legítimo.
Desde el Congreso de facto, Marvin Ponce, del Partido Unificación Democrática, refirió que “no podemos hablar de amnistía, perdón, reconciliación, mientras tenemos al presidente legítimamente electo por el pueblo, detenido”.
El presidente Manuel Zelaya se encuentra, desde el pasado 21 de septiembre, en la Embajada de Brasil en Tegucigapalpa, cercado por militares golpistas. Además, las autoridades de facto han ordenado la aplicación de técnicas de tortura y acoso hacia la sede diplomática.
Por su parte, el ex fiscal y diputado, Edmundo Orellana, explicó que no debe ser el Congreso de facto el que apruebe la llamada amnistía política.
“Resulta un conflicto de interés gigantesco, evidente, hasta impúdico, que sean ellos mismos, los que cometieron el delito, los que se están perdonando”, resaltó Orellana.
El embajador estadounidense en Tegucigalpa, Hugo Llorens, calificó de “positivo” que el Congreso hondureño de facto haya abierto el análisis de una eventual amnistía política y elogió “el liderazgo” de Porfirio Lobo.
En este orden de ideas, Zelaya denunció el pasado 30 de noviembre que “Estados Unidos, como es público, negoció la posición de Honduras, abandonó la posición democrática y está reconociendo al régimen de facto, porque está haciendo negocios políticos con ellos, lo cual considero un error muy grande”.
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