“Las elecciones generales, después de un golpe de Estado, no tienen legalidad ni legitimidad democrática porque un gobierno de facto, típico o atípico, no puede dar lugar con sus actuaciones a retornar al orden constitucional, sino más bien a profundizar la crisis” .
EFRAIN MONCADA SILVA
“Las elecciones democráticas no son tan sólo simbólicas... Son elecciones competitivas, periódicas, incluyentes y definitivas en las que los principales funcionarios que estarán a cargo de tomar las decisiones en el gobierno son elegidos por ciudadanos que gozan de amplias libertades para criticar a sus gobernantes, publicar sus críticas y presentar alternativas”.
JEANE KIRKPATRICK
En las elecciones de 2009 en Honduras no parece haber prevalecido la convicción de que el modelo de Gobierno democrático es aquel en el cual se organiza el poder político con el pueblo como objeto del gobierno –a quien se debe gobernar– y como el sujeto que gobierna. El régimen de facto ignora que para que el pueblo gobierne a través de las elecciones, las consultas ciudadanas, los referéndums, las Constituyentes y las revocatorias, deben darse condiciones sociales básicas; si no esos recursos esenciales para el apropiado funcionamiento del sistema democrático se convierten en procesos vaciados de su esencialidad, se transfiguran en un mero asunto protocolario, formal.
La dictadura ha logrado que las elecciones estén divorciadas de las demandas populares, lo que ha desvirtuado el verdadero fundamento de la política democrática. Asimismo, el analfabetismo democrático de la dictadura los ha conducido a desconocer una de las más importantes razones de ser de los comicios como mecanismo principal para lograr la aprobación popular, para alcanzar su beneplácito y así transmutarse en autoridad gubernamental. En este proceso electoral el poder real le ha sido arrebatado al pueblo, y para ello no han dudado en poner en ejecución el más descarado ejercicio del autoritarismo y la manipulación. Así funcionan y –así caen– las dictaduras.
Los tiranos, en su inopia, han intentado impedir que el sufragio se desarrolle en un clima de libertad y equidad; y, lo que es peor todavía, suelen olvidar y/o no les importa que sólo en un clima de libertad y equidad éstas podrían ser juzgadas como justas, participativas, abiertas y creíbles, tanto por los electores nacionales como por la comunidad internacional. Las consecuencias del proceso electoral debieran ser incuestionables; para ello los funcionarios públicos a cargo del proceso también debieran ser de indudable conducta ética, a fin de ser irrefutables garantes de la libertad y transparencia del registro de los votantes y de los mismos contendores a cargos. Dicho de otra manera, para administrar el sistema imparcialmente, a fin de tener la autoridad para certificar un sufragio secreto y un claro procedimiento para el recuento de votos, los responsables del proceso también deben ser incuestionables, condición que en este proceso han sido puestos en segundo plano.
A los fascistas en el poder se les olvidó que el pueblo organizado en la resistencia demanda una verdadera democracia representativa, en nombre de la cual los ciudadanos decidan quién los representará mediante el voto libre, mediante --y sólo mediante-- los mecanismos de la democracia directa: las consultas ciudadanas, los referéndums, las revocatorias y las constituyentes. Nuestro pueblo se sabe soberano y que él es quien decide en las urnas con su voto y quien refrenda las decisiones políticas que deben imperar en todo el país, como las leyes y ordenanzas de interés para sus propias causas. En definitiva, el pueblo ha retomado como suya la propuesta democrática, según la cual pueden promover iniciativas legislativas en la formulación de dispositivos municipales y regionales, así como de reformas constitucionales a través de la Constituyente.
Vale la pena recordar a los políticos tradicionales/golpistas que un elemento insoslayable de los procesos democráticos es que no deben ser oprimidos por un poder político. Su ceguera sempiterna no les deja ver que el pueblo organizado en el FR ya ha entendido que, mediante los mecanismos de la democracia representativa y directa, los ciudadanos deciden por razón de su voto en procesos electorales, quien los representa y toma las decisiones como autoridades. Mientras, en los mecanismos de la democracia directa, deciden con su voto qué se debe hacer en las elecciones del 29-N. Por lo visto, se han abstenido de avalar un proceso viciado de tantas violaciones a la democracia, con culpables que tienen nombres y apellidos bastante conocidos desde el 28 de junio al día de hoy.
Parece ineludible acentuar que los procesos electorales, como conjunto de acciones ordenadas por etapas, dirigidas por los organismos electorales, normadas por la Constitución y las normas electorales y destinadas a la elección de representantes o de una alternativa, no pueden estar dominadas por una oligarquía espuria y cerrada. Dar la espalda a la evolución de la democracia es síntoma grave de una miopía peligrosa, pues el pueblo hondureño ya aprendió a “participar”, a tomar parte y compartir decisiones como actor social y político.
Nuestro pueblo tiene muy presente que el gobierno debe existir para el pueblo y no a la inversa. Por este motivo se plantea con una seriedad nunca vista la necesidad de participar en el urgente proyecto nacional de una Constituyente, de la cual, señores gobernantes de turno, tiene que surgir una propuesta de Constitución con respuestas concretas a la realidad contemporánea y sus inaplazables exigencias.
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