Mario Joel pudo fundirse en un abrazo con su tío José Antonio Torres Meza, al interior del centro penal “El Porvenir “, en el valle se Siria al norte de Francisco Morazán, después de cuatro días sin saber de su paradero.
“No pude ver a mi madre”, fue el comentario de parte del preso político José Torres, quien fue privado de libertad por la Policía Nacional en la aduana de El Amatillo, el viernes 11 de febrero sin permitirle enterrar a su María Irene Meza, en Catacamas, Olancho.
Afortunadamente Torres Meza aplica al Decreto Legislativo 04-2022 sobre la Amnistía para Presos Políticos, solicitud que presentará el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), para que recobre la libertad.
La Abogada Cinthia Turcios del Área de Acceso a la Justicia del COFADEH, le explicó a José Torres de 40 años, el procero penal que enfrenta bajo la acusación por los supuestos delitos de daños e incendio agravado en perjuicio del Estado de Honduras, grupo Industrias Turísticas (INTUR) y Ladislao Augusto Servellón Aguilar, desde el 4 de diciembre de 2009, pero en la audiencia se le sobreseyó por el delito de terrorismo, obteniendo medidas sustitutivas a la prisión.
Posteriormente el Ministerio Público apeló a esa decisión en el marco del golpe de Estado contra el presidente Manuel Zelaya, donde se dio una serie de ataques contra los opositores al régimen de facto en ese entonces liderado por Roberto Micheletti en el Poder Judicial y Romeo Vásquez en las Fuerzas Armadas.
Don José Antonio tuvo que huir a El Salvador ante la persecución y hostigamiento, sin saber cuál era su condición judicial. Allá hizo su vida familiar, en una ocasión volvió al país para visitar a su mamá y cuatro hijos menores de edad, si ninguna novedad. Pero en esta ocasión fue llevado a la prisión de mediana seguridad, según orden del Juez 2 del Juzgado de Letras Penal de Tegucigalpa.
Torres Meza aceptó aplicar al Decreto Legislativo 004-2022 de la Amnistía para la liberación de los presos políticos y defensores de la Soberanía Nacional, el cual beneficiará a víctimas de persecución judicial, según establece Ley para la Reconstrucción del Estado Constitucional al Derecho y para que no se repitan, publicada el Diario Oficial La Gaceta 36,840, agregó Turcios.
El COFADEH junto a la secretaria de Derechos Humanos son las entidades que emitirán las acreditaciones de constancias para las víctimas que contempla este decreto que abarca “A las personas que han ejercido su derecho constitucional a la protesta social, mediante acciones de resistencia a la opresión y desobediencia civil de diversa índole, y cuyas acciones fueron reprimidas por acciones policiales y militares y criminalizados por el Ministerio Público y el Poder Judicial por motivaciones evidentemente políticas” cita el inciso “b”, continuando la lista con defensores de derechos humanos, defensores de la soberanía nacional, gremios, y más.
Por lo que el Poder Judicial y el Ministerio Público deberán cerrar el proceso contra José Antonio Torres, quien ha sido víctima del régimen en los últimos 12 años, y no se le permitió despedir a su mamá, y hasta hoy pudo comunicarse con su esposa quien regresó a El Salvador sin saber el destino del hondureño.
Mario Joel, volvió a su casa, sin poder ocultar las lágrimas de emoción por haber visto finalmente a su tío. Para la familia no ha sido fácil este proceso, especialmente para mi mami (abuela), quien falleció sin poderlo volver a ver, afirmó el joven.
Agradeció a COFADEH por el acompañamiento que da ala familia en este proceso tan difícil, ya que no han podido vivir el duelo por su abuela, que mientras la velaban también tenían que buscar a José Antonio, hasta que este martes lo pudo visitar en la prisión, esperando que pronto tenga audiencia para la amnistía política.
No hay comentarios:
Publicar un comentario