Diversos sectores de la sociedad hondureña han reaccionado con múltiples observaciones a la Ley de Amnistía aprobada en el Congreso Nacional con la que busca beneficiar a los presos políticos y presos de conciencia.
Los argumentos son que, dentro de dicha ley, hay delitos cometidos por exfuncionarios a los que se les señala de no dar cuentas sobre la utilización de fondos públicos, y que estarían siendo beneficiados en nombre de la persecución política.
El Presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, CCIC, Eduardo Facussé, dijo en Radio Progreso que es “errónea” la decisión de liberar de responsabilidad a los funcionarios que han cometido delitos contra la administración pública.
Para los empresarios, con esta decisión tomada en el Congreso Nacional, nuevamente se está blindando a los funcionarios públicos que han cometido actos de corrupción, contrario a la demanda ciudadana que exige castigo contra los corruptos.
Pero para las familias de los presos políticos, la Ley de Amnistía significa hacer justicia para aquellos que su único pecado es protestar en defensa del país.
La vocera del comité para la liberación de presos políticos, Alba López, dijo en Radio Progreso que esa Ley es de enorme satisfacción porque se viene impulsando desde hace varios años.
López aseguró además que esperan que contribuya a sacar en libertad a todas aquellas personas que desde el Golpe de Estado a la fecha han sido encarcelados por oponerse al régimen nacionalista.
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