Defensores en Línea
Luego de iniciada la discusión en el Congreso Nacional del proyecto de ley de Amnistía enviado por la presidenta Xiomara Castro, una de las respuestas más elocuentes a las dudas y suspicacias del Consejo Nacional Anticorrupción y del COHEP, vino del diputado Bartolo Fuentes.
No confundir amnistía con impunidad escribió en su muro de Facebook el diputado por el departamento de Yoro. A los luchadores sociales se les ha acusado de delitos comunes durante 12 años, precisamente para esconder las motivaciones políticas contra ellos y ellas.
Por ejemplo, ilustra el diputado Fuentes, a las juventudes que se tomaron la universidad nacional en protesta contra el golpe y contra los golpistas, los acusaron de usurpación igual que a casi cuatro mil campesinos en diferentes puntos del país.
A otros, les imputaron incendio agravado, daños, destrucción de propiedad pública o privada, amenazas, secuestro o robo, con el fin de burlar la categoría de delitos políticos y de matar la moral colectiva, una estrategia esencialmente militar en situaciones de conflicto.
En el caso de los funcionarios del gobierno de Manuel Zelaya, subraya Bartolo, la dictadura utilizó desde junio 2009 una serie de acusaciones relacionadas a la administración pública muy diferentes a los delitos políticos.
Enseguida el diputado Fuentes hace una salvedad fundamental en su defensa del decreto de amnistía en discusión. “Creo, sin embargo, que los funcionarios corruptos del gobierno de Mel Zelaya deben ser señalados, porque sus actos corruptos no aplican en relación a delitos políticos y deben estar fuera del decreto de Amnistía”. Y eso aplica igualmente para las y los funcionarios corruptos de la dictadura golpista de los últimos doce años que pudieran pretender acogerse a la Amnistía de hoy.
Hasta ahí la primera inspiración de este texto editorial. La segunda fuente de inspiración viene de la coordinadora general del Cofadeh, quien debatió el tema la noche del viernes en Maya televisión con el periodista Arnulfo Aguilar. Berta Oliva, en pocas palabras, resumió la importancia de la amnistía y, aún más, de la justicia y de la no repetición de los hechos.
“En estos momentos estamos ocupándonos de las personas atacadas, perseguidas, violadas sexualmente, expulsadas brutalmente del país o asesinadas… es su turno, el turno de las personas ofendidas durante 12 años por la dictadura golpista”, dijo Bertha.
La fundadora de estas Voces contra el Olvido dijo al periodista Aguilar al fin de la noche que para comenzar bien la reconciliación de la sociedad hondureña no solamente debemos perdonar desde el Estado los delitos imputados a quienes se declararon en insurrección contra el golpe, sino que debemos garantizar la no repetición de los hechos ilegales y violentos desde aquel 28 de junio 2009.
Y una última cosa muy importante que dijo Berta Oliva, que cuenta igualmente para la reconciliación nacional, es sobre la justicia. A los agentes del Estado – policías, militares, sicarios sin uniforme o uniformados — que cometieron delitos de violaciones a derechos humanos, particularmente torturas, violaciones sexuales y asesinatos, deberíamos estar abriéndoles juicios por traición a la patria. Esos hombres y mujeres que hicieron escupir sangre a sus víctimas no deben ser olvidados ni perdonados, mientras no acepten la justicia. El olvido de sus atrocidades no sirve a nadie, ni a ellos mismos ni a sus familias ni a su comunidad.
Ahora nos referimos a la tercera fuente de inspiración de este editorial. Es decir, al propio Comité de Familiares de Detenidos-Desaparecidos en Honduras, que habló ayer sobre la Amnistía en el plantón del primer viernes de febrero en el centro histórico de Tegucigalpa.
En un documento difundido en la plaza, el Cofadeh reconoce la autoría del proyecto de decreto de amnistía y expresa su voluntad de cooperar con las instituciones públicas a fin de implementarlo del mejor modo posible. El Cofadeh precisa que la amnistía es una iniciativa que data de 2018, año cuando fue organizado el comité pro liberación de las personas prisioneras políticas en Honduras, los desterrados y perseguidos por la dictadura.
Debido al control instrumental de los órganos de justicia por agentes de la dictadura golpista y el riesgo de su continuidad al frente del Estado, no fue posible para ambos comités someter la iniciativa al conocimiento de los represores. Sin embargo, uno de los compromisos expresados por la candidata y luego por la presidenta Xiomara Castro no dejaba ninguna duda sobre su determinación de buscar la reconciliación nacional por esta vía. Xiomara siempre estuvo clara que Honduras debe poner un alto a la persecución política, honrar a las víctimas y procurar la justicia a los culpables. El país no avanza si perdonamos y no juzgamos. Ese juego es engañoso, porque los hechos se repiten cada vez. Y cada vez son más dolorosos. Esa es una de las lecciones aprendidas por el Cofadeh.
En la Plaza la Merced, entonces, el Comité aceptó las atribuciones que le concedería la Ley de Amnistía una vez aprobada por el Congreso Nacional. Es decir, la alta responsabilidad de ejercer el control de verificación de los casos aplicables, extender una constancia de hechos con una justificación precisa y suficiente sobre las condiciones de la persona perseguida o presa política, y remitir este documento al operador de justicia para que aplique finalmente el beneficio concreto.
La organización de los pañuelos blancos, como llamaron los poetas nacionales al comité de las víctimas de la desaparición forzada de los años 80s, recordó durante su plantón las veces que la comunidad internacional exigió a la dictadura Hernández-Flores poner fin a la persecución y liberar a los presos políticos. Fueron muchas veces en diferentes tonos.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, Amnistía Internacional, la Alta Comisionada de la ONU y la propia Comisión para la Verdad y la Reconciliación Nacional que presidió Eduardo Estein, concluyeron que los juicios son políticamente motivados. Y, por tanto, recomendaron ponerles fin. Hace apenas unas horas, la CIDH (Cé i de H) declaró admitida la demanda contra el Estado de Honduras por el Golpe de Estado y la persecución política a los funcionarios de entonces.
Dicho fue además en el plantón del viernes que los culpables de los hechos atroces utilizarán siempre los medios de comunicación, los púlpitos de las iglesias e inclusive las mesas de concertación para demeritar las víctimas, para rumiar sus culpas y destruir los esfuerzos colectivos.
En esa alusión, los familiares víctimas de la desaparición forzada sin duda nombraron al Consejo Nacional Anticorrupción, el CNA que debería adjuntar a su sobredosis de celo constitucional- fiscalista al menos una tímida muestra de solidaridad con las víctimas sangrantes de la dictadura.
El énfasis que el CNA ha puesto sobre los delitos comunes o de corrupción no relacionados a la Amnistía, sin hacer el mínimo esfuerzo de precisar que la dictadura enmascaró detrás de esos tipos penales su rabiosa persecución política e ideológica, eso es una contribución gratuita a la prensa mercenaria y al consejo empresarial cómplice durante doce años del crimen organizado lavador de activos. Y así, de fácil, ¡levantan las banderas de la ética!
Todas las personas atrapadas durante o después de las manifestaciones sociales insurreccionales fueron acusadas por policías y fiscales del régimen ilegítimo de los últimos años como delincuentes comunes, todas, incluyendo al ex presidente derrocado y algunos de sus funcionarios.
Frente a esa realidad, el Cofadeh tiene la actitud de no entregar 40 años de lucha por la justicia, la verdad y la reconciliación repartiendo constancias a delincuentes comunes, pero sí tenemos la certeza que esta organización entregará con amor esos avales a quienes realizaron acciones de desobediencia civil a riesgo de sus vidas y que lucharon con las uñas por la defensa de la democracia.
Las personas convertidas por el Régimen corrupto en presos políticos, presos de conciencia, perseguidos o exiliados por ese aparato judicial politizado y envilecido, obediente de capos sicarios de la legalidad, son bienvenidas a este proceso de reconciliación. No son bienvenidas las personas con oficio de imponer máscaras de legalidad para esconder sus motivaciones políticas.
En todo caso, le pedimos a Riccy y a Sandra que se lo pregunten directamente a la coordinadora de esta organización o a sus invitados de hoy. ¿Vana a prestarse ustedes para un nuevo pacto de impunidad como llaman los anti-corruptos, los liberales y cachurecos a esta Ley de Amnistía?
Mientras llega ese momento, es la hora de condenar el Golpe de Estado desde el Estado, y asumir las responsabilidades que conciernen. Como bien ha dicho la Presidenta Xiomara Castro, es la hora de la reconciliación. Y como ha dicho también nuestra compañera Bertha, es el momento de la reconciliación sin olvidar, de comenzar a perdonar… con justicia.
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