Crisis en el Congreso busca garantizar impunidad a grupos con poder económico y político

Radio Progreso

La actual crisis que se vive en el Congreso Nacional, con dos juntas directivas juramentadas y en funciones, no es únicamente un conflicto del poder Legislativo, es una crisis de país, dijo en Radio Progreso el dirigente liberal Eduardo Martell, quien advierte que está en juego el futuro del país.

Martell dijo que el éxito de Xiomara Castro Sarmiento en la presidencia y las reformas transcendentales para atacar la estructura que dejó la dictadura de Juan Orlando Hernández, son las verdaderas razones que sostienen la crisis en el Congreso Nacional.

Lo que están haciendo los diputados disidentes de LibRe es garantizar, en nombre de la clase oligárquica del país, el control de la Corte Suprema de Justicia, del Fiscal General y su Adjunto, de los magistrados del Tribunal Superior de Cuentas y la Procuraduría del Estado- el tema de fondo es seguir con la impunidad que hasta ahora los arropa, y evitar los procesos de extradición.

Eduardo Martell lamentó que este grupo de diputados de Libertad y Refundación, LibRe, se haya vendido a los intereses de Yani Rosenthal y demás familias poderosas de Honduras.

Por su parte, el diputado Sergio Castellanos, dijo en Radio Progreso que si el gobierno de Xiomara Castro fuera un gobierno del bipartidismo, que se ponen de acuerdo, esto ya se hubiera resuelto. “Pero aquí el problema es de gobernabilidad, del proyecto de Xiomara que es de transformaciones, que con sus cambios trastoca todo lo que se ha venido dando para beneficiar a unos pocos”, dijo Castellanos.

Aseguró que el ala de Jorge Cálix lo controlan las mafias del poder, son grupos que han controlado el país. Quieren mediatizar, aseguró,  el gobierno de Xiomara para que no se hagan los cambios. Señaló que Xiomara Castro es una mujer de palabra que va a cumplir con los cambios que el país se necesita.

A juicio del doctor en Derechos Humanos, Joaquín Mejía, la crisis política del Congreso Nacional, tiene implicaciones nacionales y se hace con el fin de continuar teniendo el control de la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio Público.

Mejía dejó claro que no es un problema jurídico sino político, y que si se involucra a la Corte Suprema de Justicia actual, servil a JOH y grupos económico, sería profundizar la crisis de Honduras.

El profesional del derecho lamentó que desde la clase política exista una incapacidad para dialogar y que se lleve de encuentro a la ciudadanía que tiene muchas esperanzas de cambios.