Honduras fue testigo de la captura del ex gobernante Juan Orlando Hernández, quien ha sido solicitado en extradición por Estados Unidos. En los últimos días el destino de Hernández ha sido una verdadera sorpresa para la población hondureña.
A criterio del director de la Fundación Panamericana para el Desarrollo, Josué Murillo, la captura y posible extradición de Hernández era lo que el pueblo hondureño esperaba desde hace mucho tiempo. Eso es el resultado de las acciones arbitrarias, ilegales y lesivas contra la población hondureña y para los intereses de Estados Unidos.
El analista cree que el caso de Juan Orlando Hernández y su hermano, Juan Antonio Hernández, deja muy mal parado al sistema de administración de justicia en Honduras. “Una cadena de justicia penal que no se activó para investigar, judicializar y castigar a ese entorno cercano a Hernández, que movieron influencias para favorecer al crimen organizado y narcotráfico. Al final de cuentas lo que hicieron fue mover influencias, utilizar los aparatos militares y policiales para favorecer intereses particulares”, dijo.
El proceso judicial para Juan Orlando Hernández, no llega gracias al correcto funcionamiento de la justicia en Honduras. Su detención responde a la presión ejercida por Estados Unidos sobre la institucionalidad hondureña.
En ese sentido, Josué Murillo, señala que es doloroso mirar que son los intereses de Estados Unidos los que están moviendo todo el aparato de justicia de Honduras, que al final se convierte en un simple y miserable tramitador. “Nuestra justicia no hizo absolutamente nada, lo que demuestra que la justicia en el país está secuestra y altamente politizada”.
Juicio político
A raíz de la inoperancia de los órganos encargados de impartir justicia en Honduras, cada vez son más las voces que piden juzgar políticamente al fiscal general y los magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia.
Murillo dice que el juicio político es una medida extrema, pero oportuna en este momento. Una medida que ha tardado mucho porque Honduras ha estado ante un sistema de justicia que ha sido cómplice de la corrupción.
“Lo que hemos visto es una pasividad total cuando los casos se relacionan a Juan Orlando Hernández y su entorno cercano. No solamente familiar, sino también a nivel político. Y eso debe ser sujeto a una sanción porque no se puede fomentar la impunidad”.
Murillo quien conversión con Radio Progreso, dijo que es importante entender que hay una balanza que no se inclina a favor del juicio político y que está representada en los diputados y diputadas del partido Nacional, quienes seguramente harán todo el esfuerzo para no llegar a ese extremo, porque si no perderían uno de los poderes del Estado que todavía está subordinado a la voluntad de los nacionalistas, y eso no les conviene.
Un juicio político significaría la repartición de la Corte Suprema con los que tienen el poder político, quienes deberían elegir estos altos funcionarios, no por la lealtad o militancia en sus partidos, sino por los méritos profesionales, las competencias que tengan y sobre todo la integridad.
Perdedores y ganadores
Según Josué Murillo, uno de los mayores perdedores con la extradición de Juan Orlando Hernández, es el partido Nacional: “imagínese como queda ese partido político después de haber sido la plataforma que impulsó la reelección ilegítima y que trataba desesperadamente cubrir las arbitrariedades del exgobernante”.
También pierde el partido Liberal, por haber sido cómplice durante los doce años de gobierno del nacionalismo. Pero también queda mal el sistema de justicia porque no responde a los intereses de la ciudadanía.
Quien queda bien es el secretario de seguridad, Ramón Sabillón, quien hizo un papel estratégico en la captura de Hernández, así mismo queda muy bien parado el gobierno de Xiomara Castro, y esto debe darnos la pauta de lo que debemos esperar de su administración y la dupla con Luis Redondo en el Congreso Nacional, opina el analista.
Finaliza diciendo que la extradición de Juan Orlando Hernández envía un mensaje a toda la clase política en Honduras, saber quiénes deciden hacer uso de la corrupción como mecanismo para enriquecerse irá a parar a una cárcel de Estados Unidos.
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