El poder fáctico es secuela de la pandemia golpista

Defensores en Línea

Sandra Rodríguez 

La primera entidad asaltada por las Fuerzas Armadas el día del Golpe de Estado el 28 de junio de 2009 fue el Instituto Nacional Agrario (INA), pues los golpistas estaban consientes de la riqueza territorial que tiene el país.

Ver las groserías que continúan haciendo las fuerzas represoras desde distintas instancias como lo sucedido esta semana en la comunidad indígena “Tierras del Padre”, en sureño municipio de San Buenaventura de Francisco Morazán y en Tocoa durante el proceso judicial contra los defensores de Guapinol, en el departamento de Colón, al norte del país, refleja las secuelas de un virus como el que nos ha pasado estos 12 años, según el análisis de la defensora de derechos humanos Berta Oliva, coordinadora general del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH).

Quien agregó que, “las secuelas del golpe militar de Estado se ven reflejadas en lo que ha pasado este miércoles 9 de febrero en Tierras del Padre y sigue pasando en Guapinol, por una misma familia”.

Según denuncias constantes de más de 100 familias aglutinadas en la comunidad indígena Lenca Tierras del Padre, se enfrentan al empresario Mario Facussé, quien se dice dueño del territorio con título ancestral registrado en 1739 por la Corona Española en el reinado de Felipe V, pero que -supuestamente- la inmobiliaria Siglo XXI le compró 322 manzanas de tierra a la Inmobiliaria de Inversiones.

Mientras que en Tocoa, el Tribunal condenó este miércoles a seis de ocho defensores de la vida y los bienes comunes de la naturaleza, a permanecer en la prisión de Olanchito, Yoro, acusados por el Ministerio Público y la Empresa Los Pinares, propiedad de Lenir Pérez, por oponerse al extractivismo minero que les está contaminando las fuentes de agua de los de los ríos Guapinol y San Pedro en la zona del Parque Nacional “Carlos Escaleras”, que vale resaltar, fue un ambientalista asesinado en 1997. (Pérez es esposo de Ana Facussé hija del terrateniente palmero Miguel Facussé, fallecido en 2015).

Pese a que este jueves 10 de febrero, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) resolvió a favor de los defensores de Guapinol, dos Recursos de Amparo presentados en octubre de 2020, que deja nulo el juicio contra los integrantes del Comité por la Defensa de los Bienes Comunes de Tocoa, siguen privados de libertad desde agosto de 2019.

La problemática por la defensoría de tierra y territorio ha ido avanzando, al grado que más de siete mil personas han sido criminalizado por esta razón, dejando entre dicho la relación que existe entre los operadores de justicia, funcionarios estatales y los terratenientes.

“Por eso es que al dar el golpe de Estado se acomodaron y apropiaron del INA, para modificar los papeles y eso es un acto delincuencial, los otros sólo son víctimas de la delincuencia organizada que andan con corbata y que usan los instrumentos del Estado para someter al pueblo hondureño”, dijo la coordinadora general del COFADEH, entidad que representa legalmente a varios integrantes de empresas campesinas criminalizados.

La defensora de derechos humanos hizo un llamado a no olvidar que la estructura del poder fáctico no ha sido desmontada (los que han estado siempre contra los que reclaman derechos) el Ministerio Público está intacto, el Ministerio de Seguridad no ha sido depurado, así como las autoridades que dieron el golpe en 2009 y han dado orden para perseguir, criminalizar y asesinar a los manifestantes, tampoco el Poder Judicial ha sido desmantelado. Entonces no es tan fácil para el nuevo gobierno cambiar la situación de la noche a la mañana.

Afortunadamente han aprobado una Ley de Amnistía que ahora se debe hacer valer y empezar con esas leyes que han aprobado en el Congreso Nacional, como es el combate a la corrupción con un Órgano Internacional que pueda monitorear para recomponer y reorientar este país “no es fácil asumir un país después de 12 años de dictadura, pero eso no quiere decir que la gente no se va a movilizar”.

Oliva resaltó la presencia de funcionarios del Estado mediando en una represión policial contra pobladores de todas las edades, como sucedió en Tierras del Padre.

¿Cuándo antes iba a ir una ministra de Derechos Humanos u otras autoridades del Gobierno a negociar o impedir que pararan una represión? Nunca, pero hoy tenemos esa defensoría. El pueblo, aunque esté gaseado e intimidado, se mantuvo en su lugar y eso se llama rebelión y apropiación de derechos. Se rebelan a un sistema que ha sido utilizado por más de una década legalmente para construir semejantes barbaridades, afirmó la defensora.

Es tierra indígena, existen papeles modificados después del golpe de Estado, es una misma familia tanto en Guapinol como en Tierras del Padre, Zacate Grande, el trabajo del golpe fue para apropiarse.

40 años de impunidad

El pueblo hondureño ha vivido 40 años de impunidad y lo que sucedió en el 2009 fue la ruptura, porque los violadores de derechos humanos querían hacer más y avanzar con el proyecto de la venta del país, ellos descubrieron la riqueza que tenemos y comenzaron a represar el agua, inclusive para hacer cualquier tipo de tráfico a su antojo.

El golpe no fue simplemente un cambio de colores, fue para apropiarse del territorio. Si bien este miércoles se logró parar el desalojo en la salida al sur y que no gasearan a la población, quedan las secuelas del hecho violento, especialmente en los niños y niñas.

“Pero hay que tener siempre esperanza, porque otro amanecer si es posible en la actualidad”, afirmó Berta Oliva.

El pueblo va seguir luchando en contra los poderosos que quieren apropiarse de sus comunidades, pero no se deben cumplir sentencias injustas como las que enfrentan los defensores de la tierras y territorio. Seguiremos haciendo acto de presencia exigiendo la libertad efectiva y definitiva para los defensores de Guapinol, recalcó la defensora de DDHH quien ha ido a visitarlos a la cárcel de Olanchito, junto a otros integrantes de la Convergencia Contra el Continuismo.

Reiteró que se debe enfrentar las secuelas del golpe militar de Estado, donde una misma familia tiene el control, mostrando que están unificados porque en Honduras los colores rojo y azul son lo mismo, en cuestión política solo cambia de color.  Y a veces las secuelas con perores que el virus, tal como el panorama que se vive con el COVID-19.

“Seguimos y continuamos en una lucha de poder y el que no entiende esto no va a poder avanzar, pero afortunadamente en ambos casos, como los que se han expuesto aquí, se cuenta con la Amnistía contemplada en el Decreto Legislativo 004-2022”.

Señaló que este tipo de conflictos acomodados a favor de los poderosos, se han hecho conflictos públicos donde puede haber muertes que no se las van a echar al terrateniente invasor, “y como nos han domesticado en ese marco de ‘legalidad’ donde la víctima es la responsable”, existe una impunidad que se ha trabajado en los últimos 12 años.

Por lo que la salida es la legalidad, la articulación y la fuerza que debemos tener como ciudadanos, recomendó la histórica defensora sobreviviente de la Doctrina de Seguridad Nacional.