Diez comunidades en la península de Zacate Grande, en la costa sur de Honduras, llevan más de once años luchando para que se les reconozca el derecho a vivir y trabajar en la tierra donde han permanecido por más de ochenta años. Un derecho que dicen está en peligro a causa de la insaciable voracidad del terrateniente palmero Miguel Facussé Barjum.
“Bienvenidos a la zona libre de terratenientes”, se lee en un rotulo puesto a la entrada del recinto donde transmite la radio comunitaria La Voz de Zacate Grande.
La radio, que el 14 de abril cumplirá un año de estar al aire, se ha transformado en uno de los bastiones de la lucha de las comunidades de Zacate Grande, contra las pretensiones del terrateniente y productor palmero Miguel Facussé de apoderarse de sus tierras.
“Llevamos más de 11 años luchando por nuestras tierras y sufriendo una constante represión por parte de policías, militares y los guardias de seguridad de Facussé.
En varias ocasiones nos han amenazado, golpeado y detenido. Tenemos orden de captura y nos acusan de usurpación de tierra, desobediencia al Estado, evasión fiscal y daños al medio ambiente”, dijo a Sirel, el Fiscal de la Asociación por el Desarrollo de la Península de Zacate Grande (ADEPZA), Gerardo Aguilar.
Según los miembros de esta combativa asociación, el conflicto remonta a los años 90, cuando Miguel Facussé inició sus oscuras maniobras, ya ampliamente experimentadas en el Bajo Aguán.
Pese a tener una posesión natural sobre las tierras de la zona, los pobladores de Zacate Grande tuvieron que enfrentarse a la voracidad del terrateniente, quien argumentó ser propietario de la península.
“En el 2000 creamos el Movimiento de Recuperación y Titulación de Tierra de Zacate Grande, que hoy se ha estructurado en la ADEPZA.
En estos 11 años -continuó Aguilar- negociamos en varias ocasiones con Facussé, sin embargo la represión no se detuvo y ha tratado de dividirnos, apoderándose de más tierra y playas”, dijo Aguilar.
Los miembros de ADEPZA denunciaron que el terrateniente ha levantado un muro que se extiende por más de 20 kilómetros, obstaculizando el acceso a las playas. Cuando los pobladores tratan de atracar con sus lanchas son atacados por los guardias de seguridad de Facussé.
En 2008, los integrantes de ADEPZA recurrieron al Instituto Nacional Agrario (INA) para que se remidiera las tierras y se les reconocieran sus derechos de propiedad.
“El golpe de Estado paralizó el proceso. Facussé incrementó la vigilancia sobre las tierras en conflicto y se multiplicó la presencia de guardias de seguridad, policías y militares.
Se desató una represión feroz con enfrentamientos que dejaron un saldo de decenas de detenidos, golpeados y heridos.
La radio comunitaria -continuó el directivo de ADEPZA- ha sido objeto de varios intentos de desalojo. No quieren que los jóvenes sigan denunciando las barbaridades que se cometen en Zacate Grande”.
Represión y más represión
Ante los comisionados de la Comisión de Verdad (CdV), quienes viajaron hasta el lugar para recoger los testimonios de las víctimas de la violencia, los pobladores de la comunidad de Puerto Grande, dijeron que en junio de 2010, centenares de policías y militares rodearon e intentaron cerrar la radio comunitaria.
En julio del mismo año, la zona fue nuevamente militarizada y Facussé entregó títulos de propiedad a familias que no pertenecen a la ADEPZA, con el objetivo de crear conflictos internos y desarticular la lucha.
El pasado 15 de diciembre, pobladores de Coyolito fueron brutalmente desalojados, golpeados y detenidos, mientras que el 13 de marzo de 2011, el director de la radio, Franklin Meléndez, fue baleado en una pierna por personas hostiles a la radio.
Finalmente, el 1 de abril se emitió una orden de captura contra Meléndez, el presidente de ADEPZA, Pedro Canales y otros 6 pobladores más.
“Para Facussé y los órganos judiciales que lo respaldan, sembrar granos básicos es usurpación, labrar la tierra ocasiona daños al medio ambiente e informar y crear conciencia a través de la radio constituye una evasión fiscal.
La situación es muy grave. Hay más de 90 personas acusadas de varios delitos y 45 han recibido amenazas de muerte. Estamos en un estado de desamparo y pedimos a la solidaridad internacional que no nos dejen solos”, concluyó Canales.
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