Comisión Interamericana exige que Honduras proteja a integrantes de radio comunitaria

                                                                    
El pasado 18 de abril, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó al Estado de Honduras adoptar medidas cautelares en beneficio de todos los comunicadores que conforman La Voz de Zacate Grande debido a las agresiones, amenazas e intimidaciones que han enfrentado.

La Voz de Zacate Grande es una radio comunitaria que forma parte del Movimiento por la Titulación y Recuperación de Tierras de Zacate Grande, cuyo objetivo primordial es la recuperación y titulación de las tierras de 10 comunidades.

Desde la apertura de la emisora en abril del 2010, sus integrantes han sufrido diversos actos de hostigamiento y agresiones con el objetivo de intimidar a los comunicadores, cerrar la radio y callar la voz de los pobladores sobre una problemática muy sensible. Algunos integrantes de la emisora han sido detenidos arbitrariamente por miembros de la policía y agredidos en el ejercicio de su libertad de expresión. Estos ataques han sido continuos y han subido de intensidad. El hecho más grave se dio el 13 de marzo pasado, cuando hubo un intento de asesinato en contra del Presidente de la junta administrativa de la radio, quien se salvó aunque sufrió un disparo en la pierna.

La CIDH ha solicitado al Estado de Honduras la adopción de medidas de protección urgentes en favor de los comunicadores de La Voz de Zacate Grande con el fin de garantizar su vida e integridad física. Estas medidas cautelares fueron solicitadas por la Asociación Mundial de Radios Comunitarias de América Latina y el Caribe (AMARC ALC), el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).

Asimismo, la Comisión Interamericana requirió que la implementación de las mismas sea debidamente consensuada con las personas beneficiarias y que el Estado informe sobre los avances adoptados en la investigación de los hechos denunciados. La CIDH puso un límite de 20 días para la presentación de información sobre el cumplimiento de las medidas cautelares y solicitó que estos informes sean actualizados periódicamente.

La actuación de la CIDH pone en evidencia el riesgo en el que aún se encuentran los comunicadores en Honduras. Por ello, AMARC ALC, COFADEH y CEJIL exhortan al Estado de Honduras a cumplir con lo dispuesto por la Comisión Interamericana para proteger efectivamente a los comunicadores de La Voz de Zacate Grande. Además, las autoridades competentes deben investigar seria y exhaustivamente los hechos para procesar y sancionar a los responsable y, así, evitar que este tipo de hechos se sigan repitiendo.

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Aleida Calleja
Directora del Programa de Legislaciones y Derecho a la Comunicación
AMARC-ALC
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