Ostracismo de Honduras

Diario Tiempo

Nuevamente la Corte Suprema de Justicia está en el banquillo de la repulsa internacional por la persistencia en su posición en torno a al sobreseimiento definitivo de la Junta de Comandantes de las Fuerzas Armadas por abuso de poder y la  expatriación ilegal del presidente José Manuel Zelaya Rosales y por la destitución, también ilegal, de tres jueces y una magistrada en relación con el golpe de Estado 28-J de 2009.

Miembros de la Comisión de Verdad, presidida por el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, se reunieron con la Corte Suprema en pleno, y, al salir de esa entrevista, lamentaron que el alto tribunal “se mantenga en posturas que no contribuyen al respeto de los derechos humanos en Honduras”.

Especificaron, en lo que concierne al sobreseimiento definitivo a favor de la Junta de Comandantes de las Fuerzas Armadas, el hecho penoso de que el juez natural, Jorge Alberto
Rivera Avilez, haya actuado de manera tal, sin base legal objetiva y en sentido contrario al verdadero sentido de la justicia.

(La Comisión de Verdad, valga la aclaración, actúa en forma totalmente independiente de la Comisión de la Verdad establecida por la OEA para esclarecer lo relacionado con el rompimiento del orden constitucional en Honduras y cuyo informe definitivo de sus investigaciones posiblemente será dado a conocer el próximo mes de mayo).

Pues bien, la Comisión de Verdad, por boca de una de sus integrantes, María Antonieta Perla, ha manifestado públicamente que en la Corte Suprema de Justicia “no nos dan una explicación en qué base legal se fundamentó el juez natural que sobreseyó a favor de los generales y la Junta de Comandantes”.

Asimismo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha anunciado que el caso sobre el despido de los jueces Adán Guillermo López, Luis Chévez de la Rocha, Ramón Barrios y la magistrada Tirza Flores Lanza cumple los requisitos de admisibilidad establecidos en Comisión Americana de Derechos Humanos, y, por lo tanto, continuará estudiando la petición interpuesta por la Asociación de Jueces por la Democracia (AJD) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CJIL).

“La insistencia del Estado en continuar con estas violaciones –señala la CIDH—contradice los pronunciamientos de representantes de mecanismos internacionales de protección como la Relatoría Especial de Naciones Unidas sobre la Independencia de Magistrados y Abogados, el Relator Especial para la Libertad de Expresión y opinión, la Relatoría Especial sobre la Situación de Defensores y Defensoras y el Consejo de Derechos Humanos a través del Examen Periódico Universal”.

Todo lo cual conspira contra el fortalecimiento de la independencia judicial y la libertad de expresión.  Así, de este modo, se cultiva la condena al ostracismo de Honduras en el concierto mundial de naciones civilizadas.