No había salido del espanto de la masacre de Tamaulipas, cuando nos estremeció la masacre sampedrana con 17 jóvenes asesinados en una zapatería, en una acción que nos sitúa en un verdadero estado de guerra en donde los víctimarios y las víctimas son siempre jóvenes que no pasan de los 35 años.
Los niveles de violencia que vive el país, no está para simples interpretaciones como las del ministro de seguridad, quien considera que “una posible causa de la matanza es que entre los obreros de la zapatería hubiera algunos "simpatizantes" de la pandilla Mara Salvatrucha, principal rival de la Mara 18”. Sin embargo, esa percepción oculta otros generadores estructurales de violencia.
Una de las cosas que nos pueden ayudar a comprender la violencia es que establezcamos la diferencia entre la delincuencia común y el crimen organizado. La delincuencia común es fruto de la violencia que frecuentemente resulta de un Estado con severas ausencias de políticas sociales y productor de desigualdades, exclusión social, educativa, cultural y económica. El crimen organizado es una violencia que resulta de la articulación perversa entre la impunidad del sistema de justicia, la corrupción de funcionarios públicos y los grupos irregulares con fuertes vínculos transnacionales.
El crimen organizado se estructura en torno al tráfico de droga, el tráfico de personas, el tráfico de armas, las bandas de robacarros y el tráfico de recursos naturales. Y el crimen organizado se fortalece con la debilidad institucional y se alimenta del malestar y de la delincuencia común, de manera que el crimen organizado tiene más que ver y alimenta la violencia estructural de la sociedad, mientras que la delincuencia común es una violencia subalterna, consecuencia o efecto de la primera.
Frente al clima de violencia y al manejo perverso de los medios corporativos, los cuales meten en un mismo saco todas las violencias, incluso meten en la delincuencia común la convulsión social y política que actualmente estalla en toda la sociedad hondureña, desde Radio Progreso reafirmamos que ninguna de las violencias se resuelve acentuando la represión y las amenazas mediáticas, por encima de la búsqueda de respuesta desde políticas sociales desde el Estado. El delito se persigue desde el funcionamiento de un sistema de justicia que combata la impunidad y con políticas que se abran estructuralmente a la inclusión y a la plena participación de los diversos sectores de la sociedad.
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