“La cosa está fea”, “si comemos dos veces al día es cosa de suerte”, “todo por las nubes y sin aumento para los trabajadores, sin mencionar la falta de empleos”, esas son las respuestas que la población da a la situación económica que enfrenta el país. Y no es para menos, los números apuntan y liquidan al bolsillo de la población empobrecida que hace una y mil piruetas para sobrevivir en Honduras.
En sus primeros ocho meses en el poder, la política en materia económica del señor Porfirio Lobo Sosa, es una fotocopia de los gobiernos anteriores, seguir privilegiando al grupito de familias que administran el Estado como su hacienda particular. Esas familias que se han apropiado de las instituciones públicas, hacen negociazos con los contratos del Estado y ahora a cualquier costo quieren apropiarse de los recursos naturales.
A esta situación se suma el endeudamiento interno superior a los 40 mil millones, empresas estatales asaltadas y con números en rojo, un nuevo endeudamiento externo, recaudaciones tributarias por debajo de las expectativas, trancazos que van desde los productos de la canasta básica familiar hasta el servicio de la energía eléctrica y telefonía.
Como parte de ese sistema neoliberal, que privilegia las ganancias por encima de las necesidades de la población, y que practican tan bien nuestra clase empresarial y política, el régimen de Lobo Sosa saca su varita mágica: la firma de un acuerdo stand By con el Fondo Monetario Internacional.
Un acuerdo que desde ya supone el cumplimiento de una serie de exigencias que van desde incrementos en las recaudaciones tributarias, trancazos a los servicios públicos, tal es el caso del incremento del 9 por ciento a las tarifas de la ENEE que entra en vigencia a partir de octubre, hasta una devaluación de la moneda que significará mayores índices de pobreza para el país.
Además del incremento a la canasta básica, se aprobó un Plan de País favorecedor a la gran empresa privada, negociaciones amañadas respecto al incremento al salario mínimo y empleo temporal, dilapidación de los fondos designados a la Estrategia para la Reducción de Pobreza y una Ley Marco de políticas públicas sociales no muy claro, que intenta privatizar todo lo que huela a público.
Los problemas actuales son innumerables y surgirán otros que se sumarán a la ya incontable lista, y en contrapeso, las soluciones cada vez son más escasas. Ante este panorama, está la necesidad de avanzar en otro sistema de desarrollo, que rompa con los privilegios y las brechas de desigualdad que mantienen a unas pocas familias en la opulencia y más del 80 por ciento de la población mal viviendo con ingresos realmente de hambre.
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