Una singular polémica se ha dado en torno a la creación de la Secretaría de Derechos Humanos y Justicia, que en el fondo refleja la preocupación por la lamentable situación de los derechos individuales en nuestro país y la necesidad de revertirla de manera fehaciente ante propios y extraños.
Al parecer, el proyecto introducido por el Ejecutivo al congreso nacional consiste en la transformación de la Secretaría de Gobernación y Justicia en Secretaría del Interior, y, de este cambio, extraer el componente Justicia para darle cuerpo a la nueva Secretaría de Derechos Humanos y Justicia, en consonancia con los requerimientos actuales para la gobernabilidad.
No sería la primera vez que se hace esta clase de particiones en las Secretarías de Estado, sobre todo en la de Gobernación, que inicialmente lo fue de Gobernación, Justicia y Bienestar Social, de cuyo último componente derivó la Secretaría de Salud Pública. Algo similar sucedió con la Secretaría de Economía y Hacienda y con la Secretaría de Recursos Naturales.
En lo superficial, la oposición a la nueva Secretaría de Derechos Humanos y Justicia basa su argumentación en que ésta es una maniobra para desmontar el Comisionado Nacional de Derechos Humanos, que es una identidad autónoma, supuestamente por razones políticas. En segundo plano, porque otra secretaría de Estado implica más burocracia y, por lo tanto, más gasto en período de vacas flacas.
Estos alegatos son casi iguales a los que la misma oposición expuso cuando el gobierno entrante de Lobo Sosa creó, con rango ministerial especial, la asesoría presidencial de Derechos Humanos, la cual, en sus actuaciones, no ha interferido en el funcionamiento del Comisionado Nacional de Derechos Humanos, que, por otra parte, se encuentra sumido en el peor de los descréditos.
En términos generales el rechazo a la Secretaría de Derechos Humanos y Justicia proviene del núcleo del golpismo, que no desea, bajo cualquier circunstancia, la ventilación del agudo problema de la violación de los derechos humanos en Honduras, y sobre lo cual se le reclama al gobierno —interna e internacionalmente— una firme acción reparadora.
El ex-jefe de Estado de facto Micheletti, quien se declara “respetuoso de la Constitución”, dice que lo de la Secretaría de Derechos Humanos y Justicia “creo que es inconstitucional y es un abuso… Estamos observando las actitudes de los diputados de los diferentes partidos políticos y estamos preocupados por alguna actitud sectaria, política, y por la forma en que están conduciendo estas cosas”.
Una sugestiva arenga sobre moral política, ética parlamentaria y respeto a la constitucionalidad que al pueblo hondureño le hubiera gustado escucharla, y, más que eso, verla en la práctica el 28 de junio de 2009, que es de donde se deriva la exigencia nacional de atender, por todas las vías al alcance, la problemática de la corrupción y de la violación de los derechos humanos.
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