Por Percy Francisco Alvarado Godoy
No estoy totalmente seguro de si cuando escriba estas líneas algún periodista hondureño esté siendo brutalmente, secuestrado o amenazado. Es que en Honduras, donde impera la más execrable impunidad, el irrespeto a la vida se ha convertido en una cuestión de cotidianeidad.
Un reciente mensaje recibido por mis amigos Dick Emanuelsson y su esposa, tantas veces amenazados por su vocación de pregonar la verdad, siguiendo las pautas del famoso pensador Jean-Baptiste Henri Lacordaire, político, orador y religioso francés quien vivió entre el 2 de mayo de 1802 y el 21 de noviembre de 1861, y quien expresara que “El desprecio a la muerte, he ahí el principio de la fuerza moral”, han mantenido la fuerza necesaria para continuar batallando con su pluma y su cámara sin temer a la represalia y al asesinato.
No les han importado las amenazas provenientes del DAS de Colombia, donde antes residieron, ni por las realizadas por las fuerzas represivas hondureñas en estos últimos tiempos.
Otros, sin embargo, no han tenido tanta suerte. Los hay que han sido atacados sin piedad, como el caso del periodista de Radio Globo Luis Galdámez, agredido por sicarios cerca de su casa con armas de fuego el 14 pasado, en horas de noche en la colonia Villa Olímpica, en el sector oriente de la capital. Su única culpa fue oponerse al golpe inconstitucional contra el derrocado presidente Manuel Zelaya Rosales.
Otros medios de prensa son la emisora de RADIO UNO de San Pedro Sula, el periódico El Libertador y otros, como muchos periodistas que han puesto demandas ante Amnistía Internacional, tal como sucedió con Ricardo Oviedo Reyes, periodista de televisión y presidente de la Asociación de Comunicadores de Colón, en el noreste de Honduras. También fue amenazado el periodista televisivo Jorge Otts Anderson.
Más de diez periodistas, todos ellos hombres, han sido ejecutados por sicarios de los órganos estatales y muchos más han recibido amenazas de muerte, valiéndose de la más bochornosa impunidad. Entre ellos se encuentran Joseph Hernández Ochoa, Jorge Alberto Orellana, Gabriel Fino Noriega, David Meza Montesinos, Víctor Manuel Juárez, José Bayardo Mairena, Nicolás Jesús Asfura Asfura, Santiago Rafael Munguía, Carlos Salgado, Osman Rodrigo López Nahum Palacios, Bayardo Mairena, Bernardo Rivera Paz, Luis Antonio Chévez, Luis Arturo Mondragón, Georgino Orellana e Israel Zelaya Díaz, quienes se involucraron en la denuncia de casos de narcotráfico, abusos de la oligarquía, expropiaciones injustas de tierra al campesinado, denuncia de violaciones de los derechos humanos y otros delitos cometidos por representantes gubernamentales.
Muchos han tratado de esconder las causas de los crímenes y escamotear la verdad. Tal es el caso del dudoso informe entregado a la Cámara Legislativa por la Secretaría de Seguridad, sobre las últimas indagaciones acerca de los asesinatos. El informe en cuestión trata de enrarecer la realidad cuando señala: "Se reconoce que estos crímenes no obedecen a una política del Estado de Honduras de hostigar o atemorizar a los periodistas o medios de comunicación, ni tampoco una amenaza a la libre expresión del pensamiento y libertad de información”. La causa de los asesinatos los vincula al narcotráfico y otros hechos, pero nunca a una represión selectiva y sistemática del gobierno de Porfirio Lobo.
La falaz afirmación fue tácitamente apoyada por diputados como Augusto Cruz Asencio, quien hizo entrega del inexacto informe a la Asociación de Prensa Hondureña (APH) al Colegio de Periodistas de Honduras (CPH), a la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y a las organizaciones no gubernamentales Reporteros sin Fronteras, Asociación Mundial de Radios Comunitarios e International Media Support, ávidas en atacar a los países del ALBA mediante una atroz guerra mediática y pusilánimes ente los crímenes provenientes de las dictaduras y de Estados Unidos. No pudo, sin embargo, dejar de reconocer la incapacidad del estado hondureño de velar por la vida de los periodistas, al declarar que “el Estado reconoce la falta de una política nacional de seguridad eficaz permanente, transparente, coordinada e integral por garantizar a la ciudadanía su libertad y respeto a la vida”.
Nadie se moja las manos para denunciar los crímenes
Salvo el justo reclamo de los miembros del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), pocos se preocupan por la suerte de los periodistas hondureños. Todos los demás como la Asociación de Prensa Hondureña (APH), al Colegio de Periodistas de Honduras (CPH), la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), la OEA, la Unión Europea, la Asociación Internacional de Radiodifusión (AIR), Reporteros sin Fronteras, la Asociación Mundial de Radios Comunitarios, la International Media Support, los propios Estados Unidos y muchos otros, son cómplices pasivos de las masacres. Si usaran, digo yo, la misma saña y recursos empleados para denigrar a Cuba, Venezuela y otras naciones sobre supuestas violaciones de derechos humanos, para detener este genocidio selectivo en Honduras, otro gallo cantaría. Sin embargo, quienes arman a los asesinos y sicarios no tienen ni mérito ni interés por salvar las vidas de sus propias víctimas.
Mientras tanto, las plañideras condenas de organismos como la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), en la voz de su presidente Alejandro Aguirre, nada menos que el subdirector del Diario de las Américas de Miami, propusieron a Lobo la inclusión de la ONU en el caso y la creación de fiscalías especiales, pero sin tocar el aspecto neurálgico de que la violencia parte de los propios estratos del poder gubernamental y de la oligarquía narco militar. Otro mismo show lo realizó en Washington la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, quien condenó tímidamente el asesinato del periodista Israel Zelaya Díaz en San Pedro Sula, Honduras, y se limitó solo a “reiterar” su preocupación por la "grave situación del periodismo" en ese país. La CIDH, quien dijo desconocer las causas o la identidad de los criminales, aún teniendo certeza de quiénes son los autores intelectuales dentro del gobierno, no exigió con la dureza necesaria el esclarecimiento de estos hechos.
El colmo de la hipocresía lo desempeñó el pasado 7 de marzo de 2010 el representante alterno de Estados Unidos en la Organización de Estados Americanos (OEA), Lewis Amselem, quien declaró: “Urgimos al nuevo gobierno hondureño a investigar estos crímenes y sancionar a los responsables”. Parece que el señor Amselem ignora deliberadamente que su gobierno sostiene militar y financieramente a la dictadura institucionalizada de Porfirio Lobo y que, le orienta a la vez, la realización de estas campañas represivas.
La verdad que se quiere acallar es otra: el gobierno de Porfirio Lobo es directamente responsable de estos crímenes y de la intimidación a los periodistas, pues ha demostrado total incapacidad para evitar y detener tales fechorías. Su gobierno ha efectuado, solo en algunos casos, investigaciones viciadas e incompletas, en las que los resultados son totalmente cuestionables y se ocultan a la opinión pública. De la misma manera, el Estado es incapaz de proteger a los medios de prensa y a los periodistas que han sido amenazados de muerte. Parte de la responsabilidad por esta apatía e indiferencia corresponden al Ministerio Público, a la Policía, al Consejo de Seguridad Interior (CONASIN), al Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, y al señor Luis Alberto Rubí, Fiscal General de la República.
Muchas voces justas se han unido al reclamo por el cese de los asesinatos, entre ellas el del gobierno francés, de la Directora General de la UNESCO, Irina Bokova; de la Federación Internacional de Periodistas (FIP), de la Federación de Periodistas de América Latina y el Caribe (FEPALC) y, particularmente, de la Asociación Americana de Periodistas Bolivarianos - Capítulo de Panamá, quienes expresaron en un comunicado: “Llamamos a todos los periodistas, medios de comunicación, trabajadores de los medios sociales de comunicación, comunicadores populares, formadores de opinión, escritores, intelectuales, pensadores y pueblo honesto y digno, a que se pronuncien en contra de tan abominable crimen, y exijan castigo a los culpables, en aras del retorno de la democracia y de la libertad de expresión a nuestra hermana Honduras.”
De la misma manera, la condena justa contra los crímenes de periodistas en Honduras partió el 3 de mayo de 2010 el Coloquio por el Día Mundial de la Libertad de Prensa, auspiciado por la UPEC y la UNESCO, poniendo al desnudo la responsabilidad del gobierno de Porfirio Lobo en estos hechos.
A manera de conclusión
Aunque el presidente de Honduras, Porfirio Lobo, dijo hipócritamente que favorecía una verificación internacional sobre el asesinato de más de una docena de periodistas en su país, no puede esconder el ambiente de impunidad existente allí, donde se pisotean bochornosamente los derechos humanos. Con total descaro declaró hace unos días: “Yo no puedo estar en contra de que venga aquí cualquier organismo internacional y que revise”.
Tras bambalinas, en la oscuridad de la noche, se fragua criminalmente la muerte de los mensajeros de la veracidad quienes ponen, por encima de todo, sus propias vidas para darle estatura a la verdad. Para ellos, nuestros muertos amados, vale la pena recordar las palabras de Petit-Senn: “La muerte nos despoja de nuestros bienes, pero nos viste con nuestras obras.”
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