sábado, 25 de septiembre de 2010
Combatir la pobreza y desigualdad para reducir trata en Haití
Por Elizabeth Muñoz
No se podrá luchar contra la trata y el tráfico de seres humanos en Haití, si no se combate integralmente la pobreza y la exclusión social y política que viven sus habitantes, afirmó Mesadieu Guylande, Directora Nacional en Haití, de la Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe Asociación Civil (CATWLAC).
Lo anterior lo sostuvo al presentar la ponencia "Las mujeres en la migración Haitiana: El tráfico y la trata de personas, realidad y desafíos", en el marco del II Congreso Latinoamericano sobre Trata y Trafico de Personas: Migración, Género y Derechos Humanos, que se efectúa en esta ciudad.
Durante su participación, explicó que para abatir esta práctica penosa y discriminatoria como lo es el tráfico y la trata en las mujeres haitianas migrantes, es indispensable identificar el papel que les corresponde tanto a la sociedad, los organismos civiles y al Estado, "para las asociaciones civiles es un deber social, pero para las autoridades y organismos internacionales como la ONU y la OEA es una obligación", indicó.
No se podrá luchar contra la trata y el tráfico de seres humanos en Haití, si no se combate integralmente la pobreza y la exclusión social y política que viven sus habitantes, afirmó Mesadieu Guylande, Directora Nacional en Haití, de la Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe Asociación Civil (CATWLAC).
Lo anterior lo sostuvo al presentar la ponencia "Las mujeres en la migración Haitiana: El tráfico y la trata de personas, realidad y desafíos", en el marco del II Congreso Latinoamericano sobre Trata y Trafico de Personas: Migración, Género y Derechos Humanos, que se efectúa en esta ciudad.
Durante su participación, explicó que para abatir esta práctica penosa y discriminatoria como lo es el tráfico y la trata en las mujeres haitianas migrantes, es indispensable identificar el papel que les corresponde tanto a la sociedad, los organismos civiles y al Estado, "para las asociaciones civiles es un deber social, pero para las autoridades y organismos internacionales como la ONU y la OEA es una obligación", indicó.
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