miércoles, 1 de septiembre de 2010
Continúa persecusión contra emisora comunitaria de Zacate Grande
El pasado 22 de agosto tuvo lugar un enfrentamiento entre personas de la comunidad Zacate Grande con un saldo de tres personas heridas. Un grupo acompañado por policías y militares llegaron hasta Puerto Grande, Honduras, a fin de demandar títulos de propiedad que el señor Miguel Facussé pretende entregarles. Las tierras históricamente han pertenecido a los pobladores que tienen más de cien años de vivir en el lugar.
A estas acciones se suman otras como la del pasado 3 de junio cuando un contingente de aproximadamente 300 policías y militares, incursionaron en la comunidad Puerto Grande con el fin de cerrar la radio comunitaria La Voz de Zacate Grande. La estación transmite con 400 vatios de potencia y sus contenidos están dirigidos a asesorar a la población campesina de la comunidad, así como apoyar la tenencia de la tierra para la vivienda y la siembra. La comunidad se encuentra en un proceso de demanda de titularidad de las tierras. De acuerdo a la legislación hondureña se debieran reconocer las tierras a quienes las ocupan por más de 10 años. Es el caso de la comunidad Zacate Grande.
No obstante, fue iniciado y continúa un proceso penal en contra de 5 líderes comunitarios que presuntamente desacataron la medida judicial que indicaba el cierre y desalojo de la radio. El proceso agrario está demorado injustificadamente, por lo que los procesos penales para perseguir a los integrantes de la radio y líderes comunitarios, así como la utilización del ejército en operativos para cerrar la radio resulta excesivo y criminalizante; más aún teniendo en cuenta que el conflicto de fondo no se ha resuelto.
Existen rumores acerca de que el día de mañana acudirá nuevamente un contingente policíaco a desalojar a las personas de la comunidad. Las organizaciones firmantes de esta alerta reiteramos que en tanto no se resuelva el conflicto de fondo, estas acciones resultan excesivas y violentan derechos como el de libertad de expresión al silenciar injustificadamente un medio de comunicación comunitario.
En el marco de la visita que están llevando a cabo en Honduras Article 19, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias – América Latina y el Caribe- (AMARC ALC), a través de su Programa de Legislaciones, y el International Media Support (IMS), el día de mañana visitarán a la comunidad Zacate Grande a fin de documentar y dar seguimiento a las violaciones a los derechos humanos, en particular al de libertad de expresión, que han sufrido integrantes de la radio comunitaria.
Llamado a las organizaciones
Por tanto, en esta ocasión acudimos a ustedes para solicitarles el envío de la siguiente acción urgente. Les anexamos a continuación un modelo de carta que les solicitamos enviar a las direcciones electrónicas o físicas citadas abajo.
Gracias por su solidaridad,
AMARC-ALC
ARTICLE 19
Para mayor información favor de contactar a:
Aleida Calleja
Vicepresidenta de AMARC Mundial
Directora del Programa de Legislaciones y Derecho a la Comunicación AMARC ALC
aleida@laneta.apc.org
Tel. +52 (55)5658 9127
+52 (55) 5659 4837
cel. +55 22 71 27 07
3a Cerrada de Epsilon No 41-309, Coyoacán, México, D. F
México
Carta Modelo
Fecha y lugar en los que se envía la carta
C. Porfirio Lobo Sosa
Presidente
Honduras
Sandra Ponce
Fiscal Especial de Derechos Humanos
Abogada Sandra Ponce
Fiscal Especial de Derechos Humanos
Dr. Ramón Custodio López
Comisionado Nacional de Protección de los Derechos Humanos (CONADEH)
C. Marco Tulio Campos
Fiscal del Ministerio Público
Juez Ariel Berrios
Juzgado de Letras sección Amapala
César David Adolfo Ham Peña
Ministro Director Ejecutivo
Instituto Nacional Agrario
Este 22 de agosto tuvo lugar un enfrentamiento entre personas de la comunidad Zacate Grande. Un grupo acompañado por policías y militares llegaron hasta Puerto Grande, Honduras, a fin de demandar títulos de propiedad que el Señor Miguel Facussé pretende entregarles. Las tierras históricamente han pertenecido a los pobladores que tienen más de cien años de vivir en el lugar. El enfrentamiento tuvo como resultado tres personas heridas.
A estas acciones se suman otras como que este tres de junio un contingente compuesto por policías y militares de aproximadamente 300 efectivos incursionó alrededor de las 10:00 am en la península de Zacate Grande localizada en la zona sur de Honduras y rodearon la radio comunitaria de la región con el propósito de hacer efectiva una orden de desalojo. El operativo cerró el acceso a la radio colocando una cinta amarilla en la puerta con la leyenda "escena del crimen".
La estación de radio La Voz de Zacate Grande transmite con 100 vatios de potencia y una cobertura de 25 kilómetros. Sus contenidos están dirigidos a asesorar a la población campesina de la comunidad, así como apoyar la tenencia de la tierra para la vivienda y la siembra. La radio fue inaugurada el pasado 14 de abril de 2010, fecha en la que fueron golpeados integrantes de la emisora por la guardia privada de Miguel Facussé conocido terrateniente en Honduras. Posteriormente, el 17 de abril llegaron varios hombres vestidos de civil armados, asegurando provenir del Ministerio Público y exigieron ver el permiso de operación de la radio, así como los datos de las personas que ahí trabajan. El 20 de abril llegaron oficiales de la policía y rodearon la radio, unos días más tarde llegaron oficiales de la policía y de la Dirección Nacional de Investigación Criminal (DNCI) en su mayoría encapuchados. El 27 de abril el fiscal del Ministerio público, Marco Tulio campos, presentó ante el Juzgado de Letras sección Amapala un requerimiento pidiendo el desalojo y desmantelamiento de la citada radioemisora.
El señor Miguel Facussé interpuso demandas penales en contra de los dirigentes del Movimiento de Recuperación de Titulación de las Tierras de Zacate Grande, Benito Pérez, Pedro Canales, Rafael Osorio, Danilo Osorio y Wilmer Rivera. El Juez Ariel Berrios del Juzgado de Letras sección de Amapala, ordenó la captura luego de una comparecencia pública el 31 de mayo, donde también dio sobreseimiento definitivo por cargo de defraudación fiscal en perjuicio del Estado de Honduras, en relación con la operación de la radio.
La comunidad se encuentra en un proceso de demanda de titularidad de las tierras que ocupan desde hace más de 10 años y por tanto les pertenecen de acuerdo a la legislación hondureña. No obstante, fue iniciado y continúa un proceso penal en contra de 5 líderes comunitarios que presuntamente desacataron la medida judicial que indicaba el cierre y desalojo de la radio. El proceso agrario está dilatando sin razón justificada por lo que el inicio de procesos penales para perseguir a los integrantes de la radio y líderes comunitarios así como la utilización del ejército en operativos para cerrar la radio resulta excesivo y desproporcional.
La persecución penal en contra de personas que ejercen el derecho a la libertad de expresión, en comunidades en situación de vulnerabilidad, constituye una vía excesiva, desproporcional e innecesaria. Estos hechos, por ser constitutivos de violación a los derechos humanos, contravienen tratados internacionales en materia de derechos humanos que Honduras se ha comprometido a cumplir y lo que los organismos internacionales han dicho en cuanto a que la vía penal sólo debe emplearse para proteger los bienes jurídicos fundamentales de los ataques más graves que los dañen y los pongan en peligro. El derecho penal es la última razón y su aplicación debe ser subsidiaria, es decir deben emplearse las vías menos lesivas, de no ser así su utilización resulta abusiva y criminalizante. [1]
Estos hechos se suman a otros actos de violación a los derechos humanos, en particular el derecho a la libertad de expresión en Honduras.
Por tanto, quienes suscribimos esta carta expresamos nuestro rechazo en contra de esta política de criminalización en contra de integrantes de radios comunitarias en Honduras y hacemos las siguientes
Peticiones:
Que el ministerio público y el juez que integra la causa penal en contra de Marco Tulio Campos, Pedro Canales Torres, José Ernesto Laso, Wilmer Rivera Cabrera, Rafael Osorio, José Danilo Osorio, líderes comunitarios e integrantes de la Radio Comunitaria Zacate Grande se desista de dicha causa debido a que resulta excesiva, criminalizante y desporporcional.
Que las autoridades agrarias determinen cuanto antes la titularidad de las tierras de la comunidad Puerto Grande que conforme a derecho les corresponde.
Que las autoridades hondureñas cesen cuanto antes las acciones de persecución y criminalización en contra de las radios comunitarias y periodistas en general de este país.
[1] Al respecto la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho: “(…) el Derecho Penal es el medio más restrictivo y severo para establecer responsabilidades respecto de una conducta ilícita (…) En una sociedad democrática el poder punitivo sólo se ejerce en la medida estrictamente necesaria para proteger los bienes jurídicos fundamentales de los ataques más graves que los dañen o pongan en peligro. Lo contrario conduciría al ejercicio del poder punitivo del Estado.” Ver CoIDH caso Kimel vs. Argentina http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_177_esp.doc
Atentamente,
Nombre de la persona firmante
Nombre de la organización
Favor de enviar copias de sus cartas a:
Sr. Porfirio Lobo Sosa
Presidente de la República
Casa Presidencial
Boulevard Juan Pablo Segundo
Palacio José Cecilio del Valle
Tegucigalpa, Honduras
Fax: + 504 232 1666
Tratamiento: Sr. Presidente
Sr. Luis Alberto Rubí
Fiscal General de la República
Lomas del Guijarro, Avenida República Dominicana
Edificio Lomas Plaza II
Tegucigalpa, Honduras
Fax: + 504 221
Abogada Sandra Ponce
Fiscal Especial de Derechos Humanos
Colonia Loma del Guijaro,
Tegucigalpa, Honduras
Fax: + 504 221 3656
Dr. Ramón Custodio López
Comisionado Nacional de Protección de los Derechos Humanos (CONADEH)
Colonia Florencia Norte, Boulevard Fuyapa, Antiguo Edificio Cannon,
Tegucigalpa, Honduras,
Fax: +504 232 6894
C. Marco Tulio Campos
Fiscal del Ministerio Público
njuarez@mp.hn
Juez Ariel Berrios
Juzgado de Letras sección Amapala
utr@poderjudicial.gob.hn
C. César David Adolfo Ham Peña
Ministro Director Ejecutivo
Instituto Nacional Agrario
Colonia La Alameda,
4ta Avenida entre 10ma.
y 11va calle, No. 1009
Tegugicalpa, MDC Honduras, C.A.
239-8401, 239-8402, 239-8403, 239-8397
omurillo@ina.hn
Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC-ALC)
C.E: aleidda@prodigy.net.mx, laura.salas.s@gmail.com
______________________________________________________________________
Aleida Calleja
Directora del Programa de Legislaciones y Derecho a la Comunicación
AMARC-ALC
aleida@laneta.apc.org
teléfono (+52 55) 56 72 49 61
Fax (+52 55) 25 95 65 83
México DF - México
http://legislaciones.amarc.org
A estas acciones se suman otras como la del pasado 3 de junio cuando un contingente de aproximadamente 300 policías y militares, incursionaron en la comunidad Puerto Grande con el fin de cerrar la radio comunitaria La Voz de Zacate Grande. La estación transmite con 400 vatios de potencia y sus contenidos están dirigidos a asesorar a la población campesina de la comunidad, así como apoyar la tenencia de la tierra para la vivienda y la siembra. La comunidad se encuentra en un proceso de demanda de titularidad de las tierras. De acuerdo a la legislación hondureña se debieran reconocer las tierras a quienes las ocupan por más de 10 años. Es el caso de la comunidad Zacate Grande.
No obstante, fue iniciado y continúa un proceso penal en contra de 5 líderes comunitarios que presuntamente desacataron la medida judicial que indicaba el cierre y desalojo de la radio. El proceso agrario está demorado injustificadamente, por lo que los procesos penales para perseguir a los integrantes de la radio y líderes comunitarios, así como la utilización del ejército en operativos para cerrar la radio resulta excesivo y criminalizante; más aún teniendo en cuenta que el conflicto de fondo no se ha resuelto.
Existen rumores acerca de que el día de mañana acudirá nuevamente un contingente policíaco a desalojar a las personas de la comunidad. Las organizaciones firmantes de esta alerta reiteramos que en tanto no se resuelva el conflicto de fondo, estas acciones resultan excesivas y violentan derechos como el de libertad de expresión al silenciar injustificadamente un medio de comunicación comunitario.
En el marco de la visita que están llevando a cabo en Honduras Article 19, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias – América Latina y el Caribe- (AMARC ALC), a través de su Programa de Legislaciones, y el International Media Support (IMS), el día de mañana visitarán a la comunidad Zacate Grande a fin de documentar y dar seguimiento a las violaciones a los derechos humanos, en particular al de libertad de expresión, que han sufrido integrantes de la radio comunitaria.
Llamado a las organizaciones
Por tanto, en esta ocasión acudimos a ustedes para solicitarles el envío de la siguiente acción urgente. Les anexamos a continuación un modelo de carta que les solicitamos enviar a las direcciones electrónicas o físicas citadas abajo.
Gracias por su solidaridad,
AMARC-ALC
ARTICLE 19
Para mayor información favor de contactar a:
Aleida Calleja
Vicepresidenta de AMARC Mundial
Directora del Programa de Legislaciones y Derecho a la Comunicación AMARC ALC
aleida@laneta.apc.org
Tel. +52 (55)5658 9127
+52 (55) 5659 4837
cel. +55 22 71 27 07
3a Cerrada de Epsilon No 41-309, Coyoacán, México, D. F
México
Carta Modelo
Fecha y lugar en los que se envía la carta
C. Porfirio Lobo Sosa
Presidente
Honduras
Sandra Ponce
Fiscal Especial de Derechos Humanos
Abogada Sandra Ponce
Fiscal Especial de Derechos Humanos
Dr. Ramón Custodio López
Comisionado Nacional de Protección de los Derechos Humanos (CONADEH)
C. Marco Tulio Campos
Fiscal del Ministerio Público
Juez Ariel Berrios
Juzgado de Letras sección Amapala
César David Adolfo Ham Peña
Ministro Director Ejecutivo
Instituto Nacional Agrario
Este 22 de agosto tuvo lugar un enfrentamiento entre personas de la comunidad Zacate Grande. Un grupo acompañado por policías y militares llegaron hasta Puerto Grande, Honduras, a fin de demandar títulos de propiedad que el Señor Miguel Facussé pretende entregarles. Las tierras históricamente han pertenecido a los pobladores que tienen más de cien años de vivir en el lugar. El enfrentamiento tuvo como resultado tres personas heridas.
A estas acciones se suman otras como que este tres de junio un contingente compuesto por policías y militares de aproximadamente 300 efectivos incursionó alrededor de las 10:00 am en la península de Zacate Grande localizada en la zona sur de Honduras y rodearon la radio comunitaria de la región con el propósito de hacer efectiva una orden de desalojo. El operativo cerró el acceso a la radio colocando una cinta amarilla en la puerta con la leyenda "escena del crimen".
La estación de radio La Voz de Zacate Grande transmite con 100 vatios de potencia y una cobertura de 25 kilómetros. Sus contenidos están dirigidos a asesorar a la población campesina de la comunidad, así como apoyar la tenencia de la tierra para la vivienda y la siembra. La radio fue inaugurada el pasado 14 de abril de 2010, fecha en la que fueron golpeados integrantes de la emisora por la guardia privada de Miguel Facussé conocido terrateniente en Honduras. Posteriormente, el 17 de abril llegaron varios hombres vestidos de civil armados, asegurando provenir del Ministerio Público y exigieron ver el permiso de operación de la radio, así como los datos de las personas que ahí trabajan. El 20 de abril llegaron oficiales de la policía y rodearon la radio, unos días más tarde llegaron oficiales de la policía y de la Dirección Nacional de Investigación Criminal (DNCI) en su mayoría encapuchados. El 27 de abril el fiscal del Ministerio público, Marco Tulio campos, presentó ante el Juzgado de Letras sección Amapala un requerimiento pidiendo el desalojo y desmantelamiento de la citada radioemisora.
El señor Miguel Facussé interpuso demandas penales en contra de los dirigentes del Movimiento de Recuperación de Titulación de las Tierras de Zacate Grande, Benito Pérez, Pedro Canales, Rafael Osorio, Danilo Osorio y Wilmer Rivera. El Juez Ariel Berrios del Juzgado de Letras sección de Amapala, ordenó la captura luego de una comparecencia pública el 31 de mayo, donde también dio sobreseimiento definitivo por cargo de defraudación fiscal en perjuicio del Estado de Honduras, en relación con la operación de la radio.
La comunidad se encuentra en un proceso de demanda de titularidad de las tierras que ocupan desde hace más de 10 años y por tanto les pertenecen de acuerdo a la legislación hondureña. No obstante, fue iniciado y continúa un proceso penal en contra de 5 líderes comunitarios que presuntamente desacataron la medida judicial que indicaba el cierre y desalojo de la radio. El proceso agrario está dilatando sin razón justificada por lo que el inicio de procesos penales para perseguir a los integrantes de la radio y líderes comunitarios así como la utilización del ejército en operativos para cerrar la radio resulta excesivo y desproporcional.
La persecución penal en contra de personas que ejercen el derecho a la libertad de expresión, en comunidades en situación de vulnerabilidad, constituye una vía excesiva, desproporcional e innecesaria. Estos hechos, por ser constitutivos de violación a los derechos humanos, contravienen tratados internacionales en materia de derechos humanos que Honduras se ha comprometido a cumplir y lo que los organismos internacionales han dicho en cuanto a que la vía penal sólo debe emplearse para proteger los bienes jurídicos fundamentales de los ataques más graves que los dañen y los pongan en peligro. El derecho penal es la última razón y su aplicación debe ser subsidiaria, es decir deben emplearse las vías menos lesivas, de no ser así su utilización resulta abusiva y criminalizante. [1]
Estos hechos se suman a otros actos de violación a los derechos humanos, en particular el derecho a la libertad de expresión en Honduras.
Por tanto, quienes suscribimos esta carta expresamos nuestro rechazo en contra de esta política de criminalización en contra de integrantes de radios comunitarias en Honduras y hacemos las siguientes
Peticiones:
Que el ministerio público y el juez que integra la causa penal en contra de Marco Tulio Campos, Pedro Canales Torres, José Ernesto Laso, Wilmer Rivera Cabrera, Rafael Osorio, José Danilo Osorio, líderes comunitarios e integrantes de la Radio Comunitaria Zacate Grande se desista de dicha causa debido a que resulta excesiva, criminalizante y desporporcional.
Que las autoridades agrarias determinen cuanto antes la titularidad de las tierras de la comunidad Puerto Grande que conforme a derecho les corresponde.
Que las autoridades hondureñas cesen cuanto antes las acciones de persecución y criminalización en contra de las radios comunitarias y periodistas en general de este país.
[1] Al respecto la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho: “(…) el Derecho Penal es el medio más restrictivo y severo para establecer responsabilidades respecto de una conducta ilícita (…) En una sociedad democrática el poder punitivo sólo se ejerce en la medida estrictamente necesaria para proteger los bienes jurídicos fundamentales de los ataques más graves que los dañen o pongan en peligro. Lo contrario conduciría al ejercicio del poder punitivo del Estado.” Ver CoIDH caso Kimel vs. Argentina http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_177_esp.doc
Atentamente,
Nombre de la persona firmante
Nombre de la organización
Favor de enviar copias de sus cartas a:
Sr. Porfirio Lobo Sosa
Presidente de la República
Casa Presidencial
Boulevard Juan Pablo Segundo
Palacio José Cecilio del Valle
Tegucigalpa, Honduras
Fax: + 504 232 1666
Tratamiento: Sr. Presidente
Sr. Luis Alberto Rubí
Fiscal General de la República
Lomas del Guijarro, Avenida República Dominicana
Edificio Lomas Plaza II
Tegucigalpa, Honduras
Fax: + 504 221
Abogada Sandra Ponce
Fiscal Especial de Derechos Humanos
Colonia Loma del Guijaro,
Tegucigalpa, Honduras
Fax: + 504 221 3656
Dr. Ramón Custodio López
Comisionado Nacional de Protección de los Derechos Humanos (CONADEH)
Colonia Florencia Norte, Boulevard Fuyapa, Antiguo Edificio Cannon,
Tegucigalpa, Honduras,
Fax: +504 232 6894
C. Marco Tulio Campos
Fiscal del Ministerio Público
njuarez@mp.hn
Juez Ariel Berrios
Juzgado de Letras sección Amapala
utr@poderjudicial.gob.hn
C. César David Adolfo Ham Peña
Ministro Director Ejecutivo
Instituto Nacional Agrario
Colonia La Alameda,
4ta Avenida entre 10ma.
y 11va calle, No. 1009
Tegugicalpa, MDC Honduras, C.A.
239-8401, 239-8402, 239-8403, 239-8397
omurillo@ina.hn
Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC-ALC)
C.E: aleidda@prodigy.net.mx, laura.salas.s@gmail.com
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Aleida Calleja
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