Por Ida Garberi *
“Hágase más racional la vida humana.
Utilícese toda la ciencia necesaria para un desarrollo sostenido sin contaminación.
Páguese la deuda ecológica y no la deuda externa.
Desaparezca el hambre y no el hombre”.
Fidel Castro Ruz
Hace unos días, un grupo de habitantes del municipio de San José en el departamento de La Paz, llegó al Comité de Familiares de Detenidos y Desaparecidos en Honduras (COFADEH), para denunciar la construcción de una hidroeléctrica en su territorio, un proyecto absolutamente devastador para el medio ambiente.
El presidente de facto, Porfirio Lobo, en agosto aprobó 50 contratos para la producción de energía renovable, que utilizarán principalmente el agua de los ríos: él quiere crear sólo una fachada, para pintarse como si fuera un ecologista.
En primer lugar, los proyectos se basan en una ley de aguas anticuada, ya que la nueva está pendiente de aprobación, y luego no se discutieron con los residentes en las diferentes áreas, no tienen uno estudio ambiental preventivo, la energía renovable producida tendrá un alto precio para el Estado, en comparación a otros países en el mundo y, por último, las empresas que participan son siempre las mismas, las de la energía térmica, que desde hace varios años están saqueando el país.
La delegación que vino al COFADEH estuvo compuesta por Teodoro Carrillo López, representante de la Sociedad Civil, Rufino Vásquez, del Movimiento Indígena Lenca y Alba Luz Domínguez, Comisionada Municipal, todos de San José en el departamento de La Paz y Miguel Ángel Zelaya, representante del Frente Nacional de Resistencia Popular de Marcala, siempre en el departamento de La Paz.
Al entrevistar la delegación, los participantes me dijeron que ya están empezando el trabajo de la central hidroeléctrica, aunque no haya un estudio ambiental y estiman que hayan violado el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificado en Honduras por el Congreso Nacional desde el 1994. Recordemos que con este convenio, el Estado está obligado a incluir y consultar a los pueblos indígenas y afrohondureños cuando se opere en su territorio, hecho sistemáticamente violado, para favorecer los intereses de la oligarquía.
De hecho, casualmente, el contrato de construcción de la central hidroeléctricas de San José fue otorgado a Inversiones AURORA, de la cual la accionista mayoritaria es ... ... .. ¡nada más y nada menos que Gladys Aurora López, del Partido Nacional y secretaria del Congreso Nacional!
Hay que recordar también que dos ríos que se verán afectados para producir energía, van a cambiar sus cursos y se construirá una represa de 19 metros, que pondrá mas a riesgo la vida de varias familias que ya están viviendo en una zona de peligro : la central empeorará su situación de vulnerabilidad.
“Nosotros, los Lencas, no podemos permitir la privatización del agua, que es un bien común de todo un pueblo, que reclama el derecho a decidir sobre su territorio ancestral. Además, este proyecto va a destruir un bosque vital para el ecosistema, alterando irreversiblemente la estructura del planeta”, dice Rufino.
“Desde que nos oponemos al proyecto, ya están comenzando las amenazas contra aquellos que alzaron sus voces, pero no nos detendremos, no estamos solos, todos los municipios de la selva están dispuestos a luchar para defender su territorio”, me denuncia Rufino.
“Pronto nos sentaremos a negociar el asunto con una delegación de la diputada Gladys Aurora, pero no esperamos resolver este caso sin una lucha pacífica y decidida, es difícil para los poderosos de este país renunciar fácilmente a sus privilegios”, dijo Rufino.
Una vez más hay que denunciar este gobierno ilegítimo, continuidad del golpe de Estado cívico-militar del 2009, que con su fachada de cordero degollado, quiere una vez más manipular a la gente y aplicar sólo los intereses de la oligarquía a cuesta del patrimonio natural del país, una riqueza inconmensurable de todos los hondureños.
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